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Alto contrasteBastante se ha hablado del "Caso Penta", principalmente de los supuestos ilícitos que se habrían verificado y sus circunstancias, sus aristas políticas, constituyéndose en el nuevo escándalo noticioso en materia económica, tal como ha ocurrido en el caso La Polar o Cascadas, entre los más bullados en el último tiempo, donde como una suerte de reality, nos han mantenido atentos de cómo se comportan los "personajes" de estas historias. Pero, tal como nuestra idiosincrasia manda, todo se olvida.
Por eso es interesante analizar las implicancias económicas para los intervinientes, en el evento de sean condenados, más allá de las propias penas en sí. Primero, debe tenerse en cuenta que la hipótesis de la fiscalía, no es nada menos que delitos de naturaleza tributaria que en nuestro país tienen consecuencias bastante graves, existiendo la posibilidad, incluso, de ser aplicadas penas efectivas de cárcel. Además de lo traumático que puede resultar para un empresario –hasta ahora- de reconocido prestigio pasar un tiempo en prisión, pareciera que los inconvenientes no terminan ahí. Por el contrario, nuestra ley en materia económica ha sido bastante rigurosa respecto de las personas que participan en la dirección, e incluso, en la propiedad de ciertas empresas, por considerarse que la fe pública, es un valor intransable y prácticamente inmaculado.
En efecto, de acogerse la tesis del Ministerio Público, los involucrados en este caso deberán dejar sus cargos como Directores de empresas, en consideración a que Ley de sociedades anónimas (Ley 18.046) prohíbe que dentro del gobierno corporativo se encuentre personas que hayan sido condenadas con este tipo de sanciones. Incluso, sociedades anónimas cerradas, donde el interés público no es tan evidente, como sí lo es en las abiertas. Para que decirlo, respecto de las empresas bancarias donde según los términos de la Ley General de Bancos, se llega al extremo de cuestionar la permanencia como accionista, en el caso que exista una "participación importante".
Otra consecuencia, es la posibilidad de aplicar la Ley 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, por la supuesta existencia de un delito de cohecho, pudiendo redundar, incluso, en la disolución de alguna de las empresas.
Por lo visto, no es extraño pensar en que estos empresarios se vean enfrentados a una "cadena perpetua económica" que redunde en su desaparición del escenario financiero y, por supuesto, a nuestra "farándula" ejecutiva.
