Armando el puzle: Estado regional y sostenibilidad fiscal

Marcela Ruiz-Tagle O.

Resulta interesante notar cómo el gobierno ha alineado su trabajo a los principios que se están proponiendo en el borrador de la nueva Constitución, de forma tal de allanar el camino para su implementación progresiva durante los cuatro años de mandato. En este tránsito, uno de los aspectos a resaltar es el referido al proceso de descentralización fiscal y traspaso de competencias, el cual permite materializar la redistribución del poder político a través del territorio.

Si bien la descentralización fiscal no requiere necesariamente de un Estado regional, esta fue la opción de los constituyentes. De esta forma, el Estado se organiza territorialmente en regiones autónomas, comunas autónomas, autonomías territoriales indígenas y territorios especiales. Éstos tendrán personalidad jurídica y patrimonio propio, así como las potestades y competencias necesarias para gobernarse: autonomía política, administrativa y financiera. Será deber del Estado otorgar los recursos suficientes para que las entidades territoriales autónomas cumplan con las funciones y competencias que les otorgue la ley, entre las cuales se encuentran en distintas escalas, las referidas a derechos sociales como vivienda, ciudad, salud y educación.

“Para descentralizar, todo indica que no bastaría con una redistribución territorial de las actuales fuentes de ingreso”.

Tradicionalmente, el financiamiento a las regiones y municipios se ha materializado a través de transferencias determinadas en la Ley de Presupuesto de forma anual e ingresos provenientes de la Ley de Rentas Municipales. Éstos, a pesar de su aumento sostenido en el tiempo, no han sido suficientes para cerrar las brechas de desarrollo social y económico a nivel regional y municipal. Así, una descentralización fiscal sostenible en el contexto de entidades territoriales autónomas que aspiran gestionar derechos sociales y a mejorar la calidad de vida de sus habitantes es un objetivo mayor.

Todo indica que no bastaría con una redistribución territorial de las actuales fuentes de ingreso: de ahí el riesgo de facultar a los gobiernos regionales y municipalidades a endeudarse o crear empresas públicas, comprometiendo activos presentes o ingresos futuros, aun cuando no se les otorgue garantía fiscal para ello; y por lo mismo la importancia de establecer cuáles serán las fuentes de ingresos permanentes con las que contarán las autoridades políticas de cada territorio.

Algo de ello se vislumbra en el trabajo que está efectuando el Ministerio de Hacienda a partir de la reforma tributaria, al anunciar que ésta contempla una Ley de Rentas Regionales, la que debiera fijar la estructura de financiamiento permanente de los Gores y dejar para la discusión presupuestaria anual sólo la aprobación de los montos totales a distribuir. Esto podría complementarse con la reestructuración de las actuales transferencias fiscales en fondos de convergencia o estabilización y el establecimiento de sólidos sistemas de control, transparencia y rendición de cuentas, de forma de facilitar la transición a lo que probablemente será un nuevo principio de sostenibilidad y responsabilidad fiscal.