40 horas: ¿es viable?

INGRID JONES

Al discutir sobre la reducción de la jornada a 40 horas semanales, es necesario considerar algunos datos relevantes fundamentales. En primer lugar, los trabajadores chilenos trabajan cuatro semanas más que el promedio de los trabajadores OCDE, pero respecto de estos países, tienen un PIB per cápita por hora trabajada un 50% menor.

Al hacer la comparación, controlando por nivel de riqueza, es decir, cuando los países OCDE tenían el PIB per cápita que tiene Chile hoy, los trabajadores de los países OCDE trabajaban menos horas que los chilenos, pero eran más productivos, a pesar de que tenían jornadas laborales más reducidas. Así, un subconjunto de países, como Canadá y Australia, tenían jornadas 6% menores a la chilena, pero con un nivel de productividad 1,5 veces mayor. Otros países, como Noruega y Francia, trabajaban un 20% menos de horas, pero su nivel de productividad era de 2,2 veces la nuestra.

“El Gobierno no se ha referido a las políticas públicas que mitiguen los efectos negativos de esta ley, más allá de la gradualidad que la acompañaría”.

Si bien una reducción de la jornada trae beneficios para los trabajadores, tales como mayor bienestar emocional, más tiempo para destinar al ocio o a otras actividades que podrían traducirse en mayor compromiso y motivación con el empleador (lo que aumentaría la productividad de los trabajadores), también tiene efectos negativos. Esto, por cuanto una empresa, independiente del tamaño, para producir lo mismo que ahora, podría ver sus costos laborales incrementados en un 17%. Para ajustar sus costos, la empresa deberá reducir salarios y/o el número de trabajadores, lo que en ambos casos la evidencia internacional señala afecta a trabajadores menos calificados.

Una forma de disminuir estos efectos negativos son los altos niveles de productividad y la adecuación de los procesos productivos de las empresas, pero las ganancias de productividad son procesos de largo aliento, que involucran un conjunto de políticas públicas que fomentan la inversión en investigación y desarrollo y en capital, así como también inversión en educación técnica y universitaria, y en capacitación constante de los trabajadores, de tal manera de generar un continuo proceso de aprendizaje que permite ganancias de productividad en los procesos.

El Gobierno no se ha referido ni a estas ni a otras políticas públicas que mitiguen los efectos negativos, más allá de la gradualidad que acompañaría el proyecto de ley. Hay que sumar, además, los efectos en el empleo de la ley de salario mínimo, que ya está vigente, y del proyecto de Reforma de Pensiones que ingresará pronto, dónde el aumento de la tasa de cotización será un impuesto al trabajo que afectará el empleo formal.

Estas iniciativas ponen más presión en el mercado laboral, el que considerando las proyecciones económicas de crecimiento negativo o nulo en 2023 y el 27% de personas ocupadas que trabajan informalmente, se verá negativamente afectado. Por ello, la agenda debiese estar enfocada en generar políticas públicas que incentiven el crecimiento económico y la generación de empleo formal. Y de esto, tampoco se ha escuchado nada.