Más de siete años lleva en el Congreso el proyecto el proyecto de Migración y Extranjería y aunque el Gobierno le puso discusión inmediata el 29 de abril pasado, se ha tenido que ir renovando permanentemente, porque las medidas para enfrentar la pandemia impiden que se cumpla. Aunque en este escenario, con un desempleo de 12,2%, parece más necesaria que nunca la nueva normativa ya que se está generando un sentimiento de rechazo hacia los foráneos en algunos sectores de la ciudadanía.
La iniciativa que se encuentra en su segundo trámite en la Comisión de Hacienda del Senado regula la inmigración en todos los aspectos y su principal objetivo es modernizar la actual normativa, pero también y principalmente el ingreso y permanencia de extranjeros en nuestro país. Además, se establece que el Estado asegurará a los extranjeros la igualdad ante la ley y la no discriminación.
Mientras que, específicamente, en el ámbito laboral establece que los extranjeros gozarán de los mismos derechos que los chilenos y que los empleadores deberán cumplir con sus obligaciones legales en esta materia, para lo cual faculta a la Inspección del Trabajo para fiscalizar que se cumpla la normativa, de modo que no se produzcan abusos.
El proyecto contempla que los extranjeros con residencia definitiva podrán realizar cualquier actividad lícita, por lo que estarán habilitados para desempeñarse en cualquier labor con los mismos derechos y deberes que los chilenos.
Deberes de los empleadores
En este contexto y según como establece hasta ahora el proyecto, los empleadores están sujetos a una serie de restricciones que de no cumplir estarán sujetos a multas. Por lo pronto sólo podrán contratar a extranjeros que estén en posesión de algún permiso de residencia o permanencia que los habilite para trabajar o a quienes se encuentren debidamente autorizados para ello.
En tal sentido, los extranjeros que realicen alguna actividad remunerada sin cumplir con los requisitos serán sancionados con una multa de media a 5 UTM; y lo propio ocurrirá con quienes contraten extranjeros sin las autorizaciones que impone la ley. Así las micro empresas serán sancionadas con multa de 1 a 20 UTM ; las pequeñas empresas con multa de 10 a 40 UTM; las medianas empresas serán sancionadas con multas que van desde las 30 a 100 UTM; y, por último, las grandes empresas deberán pagar multas que van desde las 60 a las 200 UTM. Estas multas se aplicarán por cada extranjero contratado ilegalmente.
En el caso de reincidencia del empleador en el período de dos años, contado desde la aplicación de la respectiva sanción, será castigado con aplicación de la multa máxima y a no contratar con el Estado por un período de tres años. En cambio, los extranjeros que trabajen contraviniendo la ley sin acuerdo con el empleador y habiendo realizado las denuncias respectivas no serán sancionados.
Según la normativa las universidades del Estado con mínimo de cinco años de acreditación, también tendrán la atribución de reconocer y revalidar títulos y grados académicos obtenidos en el extranjero y convalidar actividades curriculares cursadas en una institución de educación superior extranjera.
Ambiente de rechazo
En el marco de la tramitación, el presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, Juan Pablo Letelier señala que "las normas laborales se aplican a todos por igual. Los inmigrantes tienen los mismos derechos laborales que los chilenos".
Sin embargo, Letelier reconoce la existencia de un ambiente de rechazo hacia los extranjeros que han generado los efectos de la crisis económica a raíz de la pandemia. El senador reconoce que "es un dato objetivo que en un país que ha tenido un flujo de inmigrantes muy masivo se produzca una sensación de que ellos están absorbiendo los cupos de trabajo".
No obstante, el parlamentario socialista aclara que muchos de los inmigrantes que han llegado a nuestro país en busca de mejores opciones laborales "han estado con trabajos informales y se genera una percepción, un sentimiento de competencia desigual, porque los inmigrantes están dispuestos a que les paguen sueldos más precarios".
Debido a esta realidad, añade Letelier, el mercado del trabajo se reciente con la llegada masiva de los inmigrantes; pero desde su punto de vista, "los más culpables de esta situación son los empleadores, porque si ellos no se aprovecharan no se produciría este fenómeno". Por lo que en el proyecto que se tramita "se regulan los casos de abuso, como también en el tema de la vivienda y, ojalá, se produzca un cambio cultural con la normativa".
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Por otra parte, el senador Letelier discrepa de la polémica indicación que se ha llamado de "turismo laboral". El parlamentario explica que con la nueva visa de oportunidades laborales está bien cubierto el tema de quienes quieran venir al país en busca de trabajo y se cumple el objetivo de una migración ordenada y segura. En este sentido añade que sólo haría la excepción con los inmigrantes que estando cursando en Chile una carrera técnica se le ofreciera trabajo, pero sólo en ese caso.
Latelier sostiene que "no conozco ningún país en que se implemente este tipo de visa de 'turismo laboral', porque el país tiene derecho a regular cuánta gente ingresa por año, sobre todo con los niveles de cesantía que hay en Chile".
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