Los swaps de riesgo crediticio sugieren que es más probable que Chile, el otrora favorito de América Latina, deje de pagar su deuda en los próximos cinco años que Perú.
Aunque ambas economías dependen de las materias primas y tienen amplios déficits fiscales, la inestabilidad política de Perú está en un nivel de melodrama totalmente diferente al de Chile. El primer ministro, Aníbal Torres, llamó recientemente a la población a defender al Gobierno en las calles de un posible “golpe”, y el presidente, Pedro Castillo, se enfrenta a un segundo posible proceso de destitución.
Sin embargo, el costo de asegurar la deuda de Perú a cinco años contra un impago es ahora menor que en Chile, y por el margen más amplio desde hace al menos una década, excepto por un breve período al comienzo de la pandemia. Los swaps de incumplimiento crediticio de Chile también se están negociando con un diferencial más amplio que los de Panamá, lo que implica que este es en gran medida un problema chileno.
Las calificaciones crediticias de Baa1/BBB/BBB de Perú están dos o tres escalones por debajo de las de A1/A/A- de Chile, mientras que las de Panamá son aún más bajas en Baa2/BBB/BBB-.
Según algunas métricas, la convergencia de la deuda de Perú con la de Chile tiene sentido. La deuda neta en relación con el producto interno bruto es de alrededor del 20% en ambos países y es probable que se mantenga en torno a ese nivel, según el Fondo Monetario Internacional.
Además, Chile tuvo un déficit por cuenta corriente del 7,5% del PIB en el primer trimestre, casi el triple del nivel de los tres meses anteriores en Perú. Aun así, Chile tiene menos deuda externa que su vecino del norte.
La verdadera razón por la que los swaps de incumplimiento crediticio de Chile se han ampliado es la incertidumbre sobre el resultado de la reciente agitación social y política que ha afectado al país.
Independientemente de que se apruebe o no la propuesta de nueva Constitución en el referéndum del 4 de septiembre (las encuestas sugieren que no será aprobada), que consagra una serie de derechos sociales, el descontento popular con el modelo económico de libre mercado de Chile seguirá impulsando las demandas de un mayor gasto fiscal e impuestos para abordar la desigualdad.
Son preocupaciones reales. Pero mirar la política de Chile y luego la de Perú y pensar que Chile es más arriesgado puede pecar de miopía. Incluso si el Gobierno de Perú cambia y se vuelve más favorable al mercado, las constantes fricciones entre sus presidentes y el Congreso significan que es probable que continúe la agitación política, gobierne quien gobierne.
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