Paula Benavides es considerada uno de los cerebros del proyecto de pensiones del gobierno anterior. La economista de la UC, excoordinadora de Estudios y Políticas Sociales de Teatinos 120, trabajó codo a codo con el exministro del ramo, Rodrigo Valdés, y sus equipos técnicos para sacar adelante la propuesta, la que tras más de un año de análisis y trabajo, no alcanzó a ser aprobada antes del cambio de gobierno.
Hoy desde la vereda independiente, la economista ha seguido de cerca la discusión del proyecto previsional del nuevo gobierno. En un documento titulado "Pensiones solidarias: la necesidad de una mirada de largo plazo", la experta identifica por lo menos cinco tópicos susceptibles de mejoras en la propuesta.
Parámetros
Según Benavides, en la propuesta del gobierno se aumentan "en forma diferenciada" parámetros como la Pensión Básica Solidaria (PBS), lo que producirá que las personas que tengan hasta 69 años tendrán un aumento en régimen de apenas 10%, mientras que quienes sobrevivan más allá de los 85 años gozarán de un reajuste de 50%. "Esto, además de generar diversas complejidades en el funcionamiento del pilar, puede ser regresivo", advierte.
Dicho segmento de la población, calcula la economista, asciende a apenas el 10% de los beneficiarios del Pilar Solidario. Mientras los hombres que superan los 65 años de edad tienen un 56% de probabilidad de fallecer antes de los 85 años, en el caso de las mujeres asciende a un 43%.
"Tan urgente como la situación de pobreza de alguien de 85 años, es aquella de alguien vulnerable de 68, o la de alguien inválido que recibe PBS y tiene 54. La discriminación por edad puede resultar arbitraria en relación al objetivo del sistema (...). Valdría la pena, respetando los equilibrios fiscales, evaluar a partir de los 65 años (y para invalidez) un aumento mayor y uniforme de los parámetros", propone. Así ocurre en la experiencia internacional, según advierte, donde es habitual que las pensiones básicas -que ofrecen un piso mínimo de protección a los ingresos en la vejez- sean planas.
Seguro de Longevidad
La propuesta del gobierno crea un Seguro de Longevidad para los futuros pensionados en retiro programado, al otorgarles una pensión final garantizada. Benavides reconoce que hay "similitudes" con el proyecto de ley de 2017, pero también "diferencias importantes".
La principal, dice, es que la pensión final será financiada con los fondos de la AFP y luego con fondos fiscales. "Con la reforma, un hombre de 65 años con una pensión propia de $80.000 y que hoy obtiene un APS de $80.000, deberá financiar $160.000 con su cuenta individual hasta que los fondos se agoten. Si fallece antes de los 75 años, no habrá recibido aporte solidario del Estado".
"Parece contradictorio plantear, por un lado, que las cotizaciones solo deben ir a cuentas individuales, y por otro financiar el Aporte Previsional Solidario (APS) -que hoy es de cargo fiscal- con los recursos de dichas cuentas", cuestiona la economista.
Plantea que en el corto plazo esto reduce de manera importante el gasto fiscal en APS. El problema, indica, es que se genera un pasivo futuro y, luego de algunos años, el gasto crecerá fuertemente (hay que pagar esa cuenta).
Benavides también señala que esto distorsionará la selección de modalidades de pensión y advierte por el impacto fiscal de esta medida: "¿Es fiscalmente deseable que sin establecer un mecanismo institucional para constituir reservas (como hacen las compañías de seguros) o sin consignar estos pasivos contingentes, todo el riesgo de longevidad y las garantías de pensiones de sobrevivencia recaigan en el Estado?".
Pilar Solidario
Un tercer punto de análisis es la interacción del Pilar Solidario con otros beneficios del proyecto. La excoordinadora de Hacienda plantea que el proyecto incrementa la pensión base a partir de los aportes fiscales para la clase media y que esto reducirá el APS recibido.
Lo mismo señala, ocurrirá con el 4% adicional de cotización. "En términos netos, para los beneficiarios del pilar más de un 30% del aumento en la pensión en el largo plazo (40%) se cancelará con un menor APS. ¿Es suficiente el aumento entonces?", asegura.
Financiamiento
Benavides detalla que la reforma, además de fortalecer el pilar solidario, crea un segundo mecanismo de reparto vía impuestos con aportes para la clase media. Pero, en ambos casos -advierte- "no se establecen nuevas fuentes de ingreso".
"La reforma se ha financiado a partir de las holguras de la programación financiera. Pero, hay dos elementos que las afectan y que debieran ser estudiados en su mérito. Uno es la postergación del gasto en APS y otro la reducción del encaje. El año de menores holguras sería 2022 (US$ 847 millones) y la mayor recaudación por la rebaja del encaje, que se imputa en dicho año, alcanzaría a más de US$ 200 millones", fundamenta.
Perspectivas de largo plazo
El último punto de análisis es qué tan sustentable es el escenario fiscal para financiar la reforma en el largo plazo. Benavides pone el punto de que el esquema de beneficios para la clase media es permanente y, por tanto, con compromisos fiscales que serán "crecientes" en el tiempo.
"A ello se suma que en los próximos años -más allá de los aumentos considerados en el proyecto- se requerirán recursos adicionales para seguir mejorando la suficiencia y cobertura del Pilar Solidario. De acuerdo al estudio actuarial del Fondo de Reserva de Pensiones (FRP), con la reforma y en el escenario de máximo retiro, el FRP casi se habrá agotado hacia el 2050", argumenta.
Según indica, a esto se sumarán otras presiones de gasto como el de salud, que de acuerdo a la reciente publicación del BID, "Mejor gasto para mejores vidas", llegaría a 8,9% del PIB al 2065 (duplicándose). Por otro lado, según indica, los componentes de gasto que más crecerán producto del envejecimiento, generarán un sesgo hacia el gasto corriente en desmedro del gasto en capital (humano y físico), esencial para el crecimiento.
En esta línea, la experta desliza que más que mayor gasto público, los nuevos beneficios deberían solventarse bajo un esquema de cotizaciones previsionales. La propuesta del Ejecutivo contempla un alza de 10% a 14,2%, mientras que la del gobierno anterior llegaba a 15%.
"¿No será más adecuado otorgar los beneficios para la clase media y mujeres en el marco de un sistema contributivo y solidario? ¿Uno donde exista un financiamiento definido y una institucionalidad y reglas actuariales de sustentabilidad?", se pregunta Benavides.
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