Sonapesca: “No hay ningún órgano competente que haya dicho que esta sea una ley viciada”

La tramitación del proyecto del Gobierno que busca cambiar el fraccionamiento pesquero, articulado que distribuye las cuotas entre industriales y artesanales, se retomó en el Congreso con discusión inmediata. La industria, que se ve desfavorecida con la iniciativa, se ha opuesto a ella, alertando impactos negativos para el empleo y la actividad productiva.

En conversación con DF, el presidente de la Sociedad Nacional de la Pesca (Sonapesca), Felipe Sandoval, explica que hay un punto específico que los distancia drásticamente del proyecto: “Esta ley cambia las condiciones en las cuales las empresas aceptaron un nuevo esquema de licencias de manera voluntaria (...) se ofreció un sistema en el cual iba a haber un fraccionamiento por 20 años, que duraba hasta 2032, y en el que se iba a licitar como máximo el 15% de la cuota de cada especie pesquera. Ambas cosas se están modificando”.

Para Sandoval, que fue vicepresidente ejecutivo de la Corfo y subsecretario de Pesca en gobiernos de la Concertación, “ese cambio en las reglas del juego es lo más delicado, porque abre una compuerta en la cual se podrían seguir cambiando las reglas a futuro, cada vez que lo estime la autoridad. Ese es el tema de fondo que se debe resolver, todo lo demás es conversable”.

Judicialización

El dirigente gremial, dicho esto, hace un llamado a buscar fórmulas que no sean judicializables. Porque, a su parecer, este es uno de los grandes problemas del proyecto.

Alude a un informe redactado por el constitucionalista Francisco Zúñiga, que señala que la propuesta de fraccionamiento es expropiatoria y susceptible de ser alegada pidiendo indemnización. “Y hay otro informe del propio exministro de Justicia, actual subsecretario del Interior (Luis Cordero), que dice que la licitación podría ser alegada ante tribunales si se cambian las condiciones en que se establecieron inicialmente”, recuerda.

Sandoval dice que judicializar es una decisión de cada empresa, pero de todas formas sostiene que las compañías tienen que velar por los intereses de sus dueños y de los directorios. “Al final están obligados a actuar, porque tienen que proteger el intereses de sus socios y si ellos aceptaron voluntariamente entrar en un esquema y que ahora se los cambien (...) no se pueden quedar de brazos cruzados frente a eso”, sincera.

La ley actual

Uno de los principales argumentos que ha esgrimido el Gobierno para defender el proyecto, es el vicio ocurrido en la tramitación de la norma actual, haciendo referencia a las condenas que dejó el caso Corpesca, apuntando a que esta “sombra de duda” no permite a la industria tener reglas estables.

“Eso es una opinión”, replica Sandoval. “Uno tiene que regirse a que estamos en un Estado de derecho y no hay ningún órgano competente que haya dicho que esta sea una ley viciada. Hay hechos en los tribunales que son particulares”.

El presidente de Sonapesca arguye que esto “es tan así que el Gobierno está modificando la misma ley que cuestiona. Entonces reconoce que la ley rige y que está en aplicación y, por lo tanto, si quiere modificarla, tiene que presentar una buena ley y no una que complique más las cosas”.

Agrega que el proyecto inicial que ingresó el Gobierno y que busca crear una nueva norma pesquera completa, modificaba solo el 25% de la ley vigente. “Yo me pregunto cuál es la evaluación que hay detrás de eso. Esta es una ley que es parte de una historia que comenzó hace tiempo y que ha permitido avanzar en materia pesquera en Chile, tanto en estabilidad laboral como económica y en la sustentabilidad de los recursos”, sostiene. “Antiguamente el mayor valor que había era pescar más, aunque se explotaran los recursos. Hoy día el mayor valor está en darle valor agregado a los recursos, aunque pesquemos menos. Antes las pesquerías estaban en una condición mucho peor de lo que están hoy, hace 14 años”.

Con todo, Sandoval dice que lo anterior no significa que no haya que hacer modificaciones a la ley y apunta a aristas como el combate a la pesca ilegal; mejoras a los comités científicos; y la relevancia de descentralizar las decisiones relativas al sector.

Impacto en el sector

El líder de Sonapesca también critica que no hay ningún estudio económico social detrás del proyecto del Gobierno y que nadie ha desmentido sus análisis de que esto haría caer el empleo y la actividad.

“En las condiciones en que está hoy (el proyecto), genera menos pesca. Hay un fraccionamiento al que la pesca artesanal no va a poder acceder y como no hay mecanismos de traspaso para esas especies pesqueras, es pesca que va a quedar en el agua”, estima.

Insiste en que lo esencial es resolver el punto crítico respecto a los derechos adquiridos y, con ello, reabrir la discusión para lograr un acuerdo entre los distintos actores del sector: “Es un error, cuyas consecuencias se van a ver más adelante, aprobar la ley en las condiciones en que está, este es un área que tiene muchos aspectos técnicos que hay que trabajar muy en detalle. ¿Cuál es el sentido de avanzar tan rápidamente, si es posible sentarse a sacar un acuerdo?”.