Una instancia clave en su ofensiva por revertir una nueva ola de judicialización del reajuste de sus planes base de salud –y evitar así un severo golpe a su estabilidad financiera- realizaron ayer las isapres en los alegatos que se realizaron en la Tercera Sala de la Corte Suprema, instancia a la que acudieron contra sentencias dictadas por varias Cortes de Apelaciones del país que han acogido recursos de protección interpuestos en rechazo al alza de 7,6% propuesta para el periodo 2022-2023.
En la vista de un total de 12 causas agregadas, ante los magistrados encabezados por el juez Sergio Muñoz, intervinieron los representantes de las isapres Colmena, Banmédica, Vida Tres, Consalud, Cruz Blanca y Nueva Masvida. Los abogados centraron sus argumentos en dos ejes principales: el apego del incremento para los planes al marco de reajuste objetivo que propuso la Superintendencia de Salud –argumento que opusieron a la acusación de falta de justificación de las alzas que reclaman los afiliados en sus acciones legales- y el impacto que tendría una aceptación generalizada de estos recursos para la viabilidad financiera del sistema.
Cabe recordar que solo en abril pasado ingresaron 160.742 recursos de protección a las Cortes de Apelaciones, y se estima que en total el nivel de causas será similar a los procesos de judicialización que llegaron a su máximo en 2019. Por ello es que desde la industria sostienen que el fallo que adopte la Suprema será trascendental para su futuro, no solo “por la jurisprudencia que sentará esta decisión, sino también porque será fundamental para la sostenibilidad del sistema”, indicó el abogado Germán Concha, socio del estudio Concha Zavala, quien participó en los alegatos a nombre de Banmédica.
“Los números demuestran que el problema ya está, y que si no se resuelve lo que está en riesgo es la sostenibilidad del sistema”, enfatizó.
En la misma línea, el abogado Florencio Bernales –en representación de Vida Tres- fue más allá advirtiendo que si se agrava la compleja situación financiera de las isapres, esto implicará riesgos para el conjunto de la salud privada, incluyendo a los prestadores. “Tenemos un riesgo sistémico, las isapres están al límite, y si éstas quiebran, a continuación también van a quebrar las clínicas, las cuales se financian fundamentalmente con los flujos de las isapres”, indicó el socio del estudio Cariola Díez Pérez-Cotapos.
Los balances de la industria
En este marco, los alegatos de las aseguradoras de salud se centraron en la validez del alza de 7,6% en que todas coincidieron aplicar en sus planes para el periodo 2022-2021, no solo por alinearse con un nivel máximo de variación establecido por la autoridad, sino porque el incremento del gasto en salud ha sido mayor a ese porcentaje. “La realidad justifica que se debe realizar esta alza, porque claramente en cada isapre el 7,6% no alcanza siquiera al porcentaje en el que cada una debería alzar para la mantención de sus planes atendiendo lo que ha pasado con el aumento de los costos”, afirmó el abogado Francisco Fuentes en representación de Nueva Masvida.
En la instancia, algunas isapres profundizaron en cifras la crisis por la que atraviesa el sistema. “Los accionistas de Consalud han venido efectuando innumerables aumentos de capital para superar la situación financiera que enfrenta, asegurando no solo su subsistencia, sino la fuente de trabajo de 2.100 personas y las prestaciones de salud para más de 680 mil beneficiarios”, indicó el representante de esa compañía Marco Rosso, socio del estudio Rosso Abogados.
Apuntó que tras los aumentos de capital por $ 90 mil millones que Consalud realizó en 2021 “para poder seguir cumpliendo con su rol legal”, en lo que va de este año a mayo debió efectuar otras operaciones de este tipo por $ 26 mil millones adicionales. Eso “teniendo en cuenta que al primer trimestre de este año Consalud experimentó pérdidas por $ 11.700 millones adicionales a las del año pasado”. En un análisis en perspectiva, indicó que mientras entre 2010 y 2020 esa isapre tuvo utilidades por $ 81.700 millones, solo en 2021 sufrió pérdidas por $ 78.900 millones.
Por su parte, Fuentes indicó que mientras los ingresos totales de Nueva Masvida en 2021 sumaron $ 273 mil millones -descontando los pagos a prestaciones No GES y las licencias médicas ($ 130 mil millones y $ 97 mil millones, respectivamente) y considerando que $ 81 mil millones corresponden a flujos por cotizaciones GES- finalmente quedó un déficit de más de $ 25 mil millones relacionado a los planes de salud. Y agrega que al incluir los gastos de administración de poco más de $ 20 mil millones, eso “deja un déficit total de más de $ 57 mil millones en la mantención de estos planes”.
Dentro de sus exposiciones sobre el estado financiero de la industria, otras isapres fueron más allá del marco de los balances que la industria entrega a su regulador y dieron a conocer la magnitud de su compleja situación a la luz del estándar general para la entrega de resultados que sigue el conjunto de las empresas del país. En este punto, el representante de Banmédica indicó que mientras el balance 2021 que se enviado a la Superintendencia de Salud arroja cifras en rojo por poco más de $ 38 mil millones, en los resultados en presentados en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) la pérdida para el mismo año es de $ 50.700 millones, es decir, un tercio más.
“El oficio 55 que dicó la Superintendencia de Salud permitió aplicar una regla distinta respecto de las provisiones y eso hace que la información enviada a esta excelentísima corte en materia de perdidas esté subcalculada. Esto no es por mala intención o manipulación de datos, sino porque es un criterio de provisiones distinto, ya que si se usa la norma IFRS –que es la universal informada internacionalmente- la pérdida para 2021 es de más de $ 50 mil millones”, explicó Concha.
De hecho, especificó que si el oficio 55 no existiera, “la situación de mi representada habría significado incumplir en agosto del año pasado los ratios financieros relacionados a la obligación de deuda capital y patrimonio que deben cumplir las isapres”.
En la misma línea, el abogado Julio Pellegrini, quien intervino a nombre de CruzBlanca, explicó que si bien esa compañía tuvo pérdidas por $ 12 mil millones en 2021 –principalmente por el aumento de los costos asociados a los planes de salud- precisó que ese cálculo corresponde “solo a la ficha económica y financiera de las isapres que analiza la superintendencia, y no considera en toda su magnitud las provisiones para las prestaciones que aún no se cobran y que deben estimarse a futuro; entonces, si se mira el resultado real de acuerdo a la norma IFRS, las pérdidas fueron de más de $ 40 mil millones en el último año”.
El factor costos
En relación a la necesidad del actual reajuste de planes tras dos años de precios congelados, el socio del estudio Pellegrini & Rencoret indicó que el análisis interno de variación de costos realizado por CruzBlanca arrojó un alza real de 8,7% entre 2019 y 2021 –periodo usado considerado para esta adecuación- y una variación superior a 11% en un segundo cálculo que aplicó la misma metodología que usa la superintendencia para la industria. De ahí que en relación a estos incrementos, subraya que el “alza máxima de 7,6% no alcanza ni siquiera a cubrir los costos”.
Por su parte, Rosso indicó que para el caso de Consalud “no solo se trata de un alza que está justificada en los números, sino que es absolutamente necesaria para poder seguir funcionando como corresponde”. Junto con detallar que el costo de las atenciones de salud creció 25,1% y el de las licencias médicas un 25,7% en 2021 en comparación a 2020, el profesional agregó que los costos por prestaciones de salud han tenido un constante incremento desde 2018, registrando un aumento de $ 81 mil millones entre ese año y 2021, y un alza de $ 55 mil millones entre el ejercicio pasado y 2020. Además, los costos por subsidio por incapacidad laboral crecieron en $ 36 mil millones entre 2020 y 2021.
Sobre el mismo punto, Concha señaló que para Banmédica el costo por beneficiario aumentó en 20,4% entre 2019 y 2020, lo cual significa que a, partir de 2022 “mi representada tiene que pensar que este item va a ser, a lo menos, $ 120 mil millones mayor que el año anterior. Este es el efecto práctico”.
“En términos de siniestralidad, Consalud se ubicó en un 107% en 2021, lo que quiere decir que por cada $ 100 que ingresaron por cotizaciones, se gastaron $ 107,8 solo en prestaciones de salud en subsidios por incapacidad laboral. Con este déficit, con subir los planes base en 7,6% llegaríamos solamente a cubrir los costos y gastos en prestaciones de salud; no estamos hablando de obtener utilidades, sino de obtener un equilibrio en ese punto”, enfatizó Rosso.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
isapres
