María Jaraquemada y el debate sobre interpretación de la Ley de Lobby

Está consciente de que por estos días, a raíz de que salieran a la luz reuniones de ministros y parlamentarios con empresarios, se le han dado distintas interpretaciones y alcances a la Ley de Lobby, por lo que la directora ejecutiva de Chile Transparente, abogada María Jaraquemada, cree que hay que modernizar esta legislación. Sin embargo, es categórica en sostener que “lo que veo es que si las conversaciones que se tuvieron con la industria de las AFP tienen el objetivo de acercar posiciones sobre el proyecto de ley que se está discutiendo, por cierto que debiera aplicar la Ley de Lobby”.

En conversación con Diario Financiero, también fue muy enfática en que “la ley dice que se tienen que publicar las audiencias o reuniones que tengan por objeto influir en algunas de las decisiones públicas que se puedan adoptar, “eso es lo que rige la Ley de Lobby y no el lugar o el horario”. Eso se discutió en el Congreso, cuando se estaba tramitando este proyecto de ley y quedó bastante claro en la historia de la ley, recuerda.

-¿Qué le parece que un abanico bastante amplio de autoridades haya participado en reuniones con empresarios en la casa de Pablo Zalaquett?

-Creo que a Chile Transparente no le corresponde pronunciarse sobre ese tema. Creo que las reuniones entre el sector público y privado y las conversaciones son deseables; creo que acá hay otro tema.

-¿Cuál diría que es el tema?

-Me imagino que no todos los casos son iguales, pero cuando se van a discutir temas que son propios del aspecto decisivo de la toma de decisión de la autoridad, con personas que pueden ser afectadas e interesadas en esas decisiones, pueden querer influir también con información para que se considere en la toma de decisión, hay una Ley de Lobby que rige y que lo que único que pide es que se publique y se transparente esa información, no mucho más. No pide que haya un detalle exclusivo de lo que se conversó ni tampoco impide que haya una conversación sincera, privada, entre las distintas personas. Ahí, obviamente, hay que ir diferenciando.

-¿Cómo ir diferenciando?

-Porque, por ejemplo, lo que ha salido en los medios sobre la reunión de la senadora Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista, ella da a entender que era sobre el proceso constitucional, algo que no está en su esfera de toma de decisión. Por lo tanto, probablemente, su rol se refirió mucho más como presidente del Partido Socialista que a lo que ella, como senadora, puede hacer. En ese sentido, a mi juicio, con esa información que se tiene, no tendría por qué publicarlo en la Ley de Lobby.

-¿Qué es lo más grave en el caso de los ministros y de los parlamentarios?

-En el caso de los ministerios sectoriales, donde ministros o ministras sí tienen facultades decisorias; o algunos parlamentarios que se reúnen con personas que se pueden ver afectadas o quieren influir en sus decisiones, ahí efectivamente debiera publicarse la reunión por Ley del Lobby. Yo discrepo de la interpretación de que tienen que ser decisiones específicas, creo que se está restringiendo mucho la interpretación de la Ley de Lobby y se genera un vacío o una línea gris demasiado amplia que podría dejarla, básicamente, sin aplicación. Quién, en definitiva tendrá que decir si es que acá se cumplió o no la ley es, en el caso del Gobierno, la Contraloría General de la República.

-Respecto de esta línea gris que cada vez es más amplia, se argumentó que la reunión no se hizo en horario de oficina, ¿eso tiene alguna base?

-No. De hecho, el propio ministro Grau ha señalado que ellos están conscientes de que no es así. La ley dice que se tienen que publicar las audiencias o reuniones que tengan por objeto influir en algunas de las decisiones públicas que se puedan adoptar, eso es lo que rige la Ley de Lobby y no el lugar o el horario. Eso se discutió en el Congreso, cuando se estaba tramitando este proyecto de ley y quedó bastante claro en la historia de la ley. La diferencia de opinión que puedo tener yo con algunas autoridades es que señalan que se trata de una decisión específica sobre un proyecto de ley X y yo creo que cuando estamos hablando de la industria de la salmonicultura, que está bajo el poder decisorio de determinado ministro o ministra, sí son áreas en las que ellos pueden y toman decisiones; por lo tanto, hay un ánimo de influir, de persuadir, de convencer, de acercar posiciones, que es legítimo, que es necesario, pero que debiera publicarse a través de la Ley de Lobby.

Sanciones “no son muy altas”

-En la misma línea, los parlamentarios que participaron en estas reuniones, ¿estarían incurriendo en una irregularidad? Si es que se puede decir así.

-A mí no me corresponde decir qué es regular o irregular, eso lo tienen que decir las autoridades competentes; en el caso del Gobierno es la Contraloría, en el caso del Congreso es la Comisión de Ética. Ese no es el rol de Chile Transparente, nuestro rol es decir cuál es nuestra interpretación de la ley y cómo debiera aplicarse de mejor modo para que realmente cumpla con su objetivo. Y ahí, efectivamente, lo que veo es que si las conversaciones que se tuvieron con la industria de las AFP tienen el objetivo de acercar posiciones sobre el proyecto de ley que se está discutiendo, por cierto que debiera aplicar la Ley de Lobby.

-¿Cuál es la sanción que tendrían los ministros y parlamentarios que participaron en las reuniones si se confirma que debieron registrar los encuentros?

-La ley establece sanciones de multa, en el caso de incumplimiento, que no son muy altas. Pueden ir de 10 a 30 UTM por no registrar la información y el máximo caso de 20 a 50 UTM en caso que se considere que esta audición es inexcusable o que se ha registrado información falsa o inexacta a sabiendas. Esas son las sanciones que hoy en día establece la ley y respecto de la administración del Estado es Contraloría la que fiscaliza y sanciona y respecto del Congreso es la Comisión de Ética.

-A raíz de lo que está pasando ahora y las diferentes interpretaciones que se han hecho de los alcances de la Ley de Lobby, ¿será necesario modificar la normativa para evitar diferentes miradas y quede muy claro cuándo es imperioso acogerse a ella?

-Creo que la Ley de Lobby ya requiere una movilización, eso también lo recomendó la Comisión Engel, incluso el año 2015. La ley ya va a cumplir 10 años y, en su momento, lo que se pudo aprobar fue una ley que tiene más que ver con transparencia de las agendas, más que regular el lobby en sí mismo; y creo que en estos 10 años hemos visto algunos defectos como vacíos legales o que se puede llevar a dudas interpretativas; en ese sentido, debiera modernizarse.

-¿Cuál es el problema, la aplicación, la interpretación…?

-Hay un número alto de personas que tenemos una interpretación similar; por lo tanto, creo que no es un tema de cómo se aplica la ley, pero sin duda se están generando estas diversas interpretaciones sobre su posible aplicación. Yo creo que Contraloría puede dictaminar y aclarar esas dudas, no necesariamente siempre hay que modificar la ley. Pero aprovechando que efectivamente hay que modernizar la Ley de Lobby, entiendo que el Gobierno lo tiene en su plan, creo que perfectamente se podrían aclarar estos temas en los que pueda haber distintas interpretaciones.