No todo es lobby: expertos ponen en la mesa los pro y contras de legislar llamados telefónicos

Siguen los coletazos del caso Audios. Y este miércoles la información sobre el llamado telefónico entre Andrés Chadwick y el integrante de la Comisión para el Mercado Financiero, Augusto Iglesias, coincidió con el inicio de la discusión del proyecto que perfecciona la regulación de la gestión de intereses, también conocida como ley de lobby 2.0, en la Cámara de Diputados.

Precisamente, como lo señaló el ministro de la Secretaría General de la Presidencia en la comisión de Gobierno, Álvaro Elizalde, la normativa presentada regula los contactos en persona y telefónicos entre autoridades y candidatos a cargos públicos y, más específico, establece que se registren las llamadas telefónicas entre un parlamentario y un candidato a un cargo público. “No se prohíben los contactos, pero se manifiesta la obligación de informarlos, ese vacío lo estamos regulando”, dijo.

El secretario de Estado también se hizo eco de la controversia generada a raíz de nombramientos de la Corte Suprema, pero recordó que este proyecto de lobby fue preparado antes y que el ministro de Justicia, Luis Cordero, anticipó que en octubre se presenta una reforma de ese tipo.

“Frente una crisis de confianza es importante fortalecer los instrumentos que nos permitan garantizar que el interés general sea la base de la toma de decisiones”, sostuvo Macarena Lobos.

A su turno, la subsecretaria de la Segpres, Macarena Lobos, destacó la necesidad de aprobar perfeccionamientos a la gestión de intereses. “Frente a un tema de crisis de confianza, es importante fortalecer los instrumentos que nos permitan garantizar que el interés general sea la base de la toma de decisiones y que esto no se ponga en riesgo por la captura de intereses particulares”, afirmó.

Los riesgos

Los integrantes de la comisión de Gobierno acordaron hacer una ronda de invitados para que expongan sobre el proyecto de Lobby 2.0 y luego fijar un plazo de votación en general y posterior fecha para recibir indicaciones, entre quienes seguramente habrá más de alguno de los expertos con los cuales Diario Financiero profundizó en el episodio que tiene como protagonista al exministro del Interior.

“Consultar un proceso administrativo no es lobby”, afirmó quien presidiera la llamada Comisión de Probidad convocada en su minuto por el actual Gobierno, María Jaraquemada, sobre el contacto de Chadwick y la CMF. Pero acotó que hay formas oficiales de hacerlo para quienes son parte de los procedimientos y precisó que “tratar de influir en una toma de decisión de un regulador respecto a una empresa, eso sí es lobby”.

La abogada aclaró que las llamadas telefónicas, correos o WhatsApp no son parte de lo que Ley actual obliga a informar, sino que habla de las audiencias. “Hay un vacío que permite este tipo de gestiones legítimas. Eso es una importante discusión que hay que tener en el marco del proyecto de ley de Lobby que se discute en el Congreso”, dijo.

Muy en línea, el expresidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, distinguió en que a un llamado telefónico por un tema de procedimiento no se aplica ley de lobby, pero sí se debe informar “si se trata de influir en una decisión”.

De todas formas, en su opinión “no hay que legislar a partir de un caso específico, que no sabemos los alcances que tuvo” y advirtió que “si empezamos a registrar todo ese tipo de consultas, tendremos un registro masivo, que será inútil”.

Se trata de un tema a discutir, pero no le entusiasma de entrada informar las consultas a los procedimientos, “porque el costo de ese registro no se condice con los beneficios de rendición de cuentas de las autoridades que sí tiene el registro de lobby”, señaló.

Tampoco el abogado y experto en temas de transparencia, Alberto Precht, cree que se debe regular cualquier contacto con la administración tuviera que quedar registrado. “Eso hace imposible la interacción diaria de los ciudadanos con el Estado”, expresó.

“Hay que tener cuidado”, advirtió, porque se podría terminar “legislando para la galería, como pasa en gran parte de Latinoamérica (...) no podemos crear normas que sean inaplicables”.

Beneficiarios finales

La exintegrante de la comisión de probidad, Jeannette von Wolfersdorff -para quien “no todo debe estar en ley de lobby”- el caso que involucra a Luis Hermosilla “recuerda la importancia de que Chile tenga un registro de beneficiarios finales de personas jurídicas”.

De ahí que la extraña que este proyecto no avance, “está sin urgencia en el Senado y ha tenido una sola sesión, mientras en la región avanzan este tipo de mecanismos”.

A su juicio, un buen registro de beneficiarios finales permitiría entender quiénes son las personas que se favorecen de compras públicas, que personas naturales se benefician de fundaciones, de cuando se cambia el uso de un terreno o al rebajar multas, por ejemplo.