Los costos destinados a la seguridad, la contención y los generados por los hechos delictuales en personas y bienes alcanzarán alrededor de los US$ 9 mil millones este año, de acuerdo con lo estimado por los economistas que han realizado estudios del tema. Esta cifra equivale a un rango que va de 2,5% a 3% de todo lo generado en un año por la economía chilena y que bien podría usarse para construir 18 Costanera Center o tres Línea 7 del Metro.
El gasto está asociado a los costos sociales del crimen, entendidos como el total de los montos, pérdidas, gastos e inversiones que efectúan los hogares, empresas y el Estado en torno al fenómeno de la violencia. Son pocos los estudios de este fenómeno y ellos responden a peticiones realizadas por el Ministerio del Interior en 2004, a uno encargado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2014 y un trabajo efectuado en la Universidad de Talca en el mismo año.
Los responsables de estas indagaciones, los economistas Mauricio Olavarría, de la Universidad de Santiago, y Rodrigo Saens, de la Universidad de Talca, estiman que -tal cómo muestra la evidencia- el gasto generado por los delitos en el país ha ido subiendo en las últimas décadas.
“Si a principios de los noventa el costo asociado a la delincuencia estaba entre el 1,5% y 2% del PIB, hoy -30 años después- este se ha incrementado del orden de 2,5 y 3% del PIB”, señala Saens.
Los gastos asociados a los delitos en el país se asocian a tres áreas: prevención del delito, que es el área de mayor gasto al involucrar la seguridad pública (Carabineros, Agencia Nacional de Inteligencia, seguridad municipal, por ejemplo) y la privada (seguridad privada en barrios, sistemas de alarmas y vigilancia, transporte de valores, entre otros); las consecuencias del delito, siendo parte importante el daño por muerte, discapacidad o gastos médicos por atención a las víctimas; y las respuestas al delito, en que están los procedimientos y gastos en investigación, sentencias, reinserción y que lo lideran la Policía de Investigaciones, Justicia Criminal, Ministerio Público, y Gendarmería. De hecho, la mantención promedio mensual de un preso por parte del Estado en el sistema tradicional es de $ 1.016.245 mensual, de acuerdo con los datos del Ministerio de Justicia.
Un estudio del BID calcula que el costo directo del crimen en 17 países de la región en 2010-2014 fue, en promedio, 3,5% del PIB, el doble que en los países desarrollados. Chile se ubica entre las naciones con menor gasto asociado, el que en 2014 llegaba al 2,77% del PIB, es decir, en la parte baja de lo gastado por Honduras (6,51%), El Salvador (6,16%) o Bahamas (4,79%), pero por sobre Barbados (2,68%), Uruguay (2,23% y México (1,92%).
Urgencia país
La preocupación despertada por las muertes de cuatro carabineros en las últimas semanas ha obligado a las autoridades a reaccionar para dar mayor tranquilidad a la ciudadanía. Consultado el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, expresa que “el tema de la seguridad era una prioridad para la población y para este Gobierno. Pero hoy es una urgencia país”. Agrega en que esto explica el por qué “el Presidente Gabriel Boric, con el fin de enfrentar los desafíos de seguridad pública y como parte de una estrategia integral, anunciara un ‘plan de reforzamiento de la seguridad de las policías’ y el ‘plan calles sin violencia’.”
Adicionalmente, Monsalve señala que con el fin de proteger a los funcionarios policiales que participan en operativos y entregarles más y mejores herramientas para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado, el Gobierno ha destinado un fondo extraordinario de US$ 1.500 millones para la compra de nuevo equipamiento, la actualización de armamento y el mejoramiento de los protocolos operativos.
Todos estos recursos se suman al Presupuesto 2023 para orden público y seguridad de $ 164 mil millones, que significaba un incremento de 4,4% respecto de 2022, y que incluye recursos para la reposición de la flota vehicular de carabineros para adquirir 1.054 vehículos y $ 38 mil millones para el combate contra el crimen organizado.
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Temor por los delitos
En materia de percepción, la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc), presentada en el segundo semestre del año pasado, arrojó una disminución de las cifras de victimización a su mínimo histórico, aunque la ciudadanía expresó una preocupación en torno a la percepción de inseguridad.
Para 2022, las cifras del Ministerio Público revelan un alza importante en los delitos, los que son liderados por los delitos de mayor connotación social: hurtos, robos por sorpresa, robos con fuerza, robos con violencia, lesiones, violaciones y homicidios. De estos, el robo sin violencia es el que tienen una mayor tasa de victimización.
El problema mayor es que hay un incremento en la violencia de los delitos, advierte Olavarría. De hecho, los homicidios no eran importante en los costos de Chile en los años anteriores, pero su incremento determina que el Índice de Vida Perdidos por Muerte Prematura (APMP) comience a ser más significativo. En 2022, Chile alcanzó una tasa de 4,6 homicidios por cada 100 mil habitantes, la más alta en 10 años y desde Fiscalía señalan que en la investigación de ellas se requieren de muchos más recursos, debido a que los delitos con imputados no conocidos se han incrementado fuertemente, lo que está en línea con la aparición del sicariato (crimen por encargo) que obligó a aprobar una ley por este delito durante este mes.
Pero también ha habido un cambio en la delincuencia. “Los delincuentes, en particular de algunas nacionalidades, han generado cambios muy fuertes en las lógicas carcelarias, en la conducta carcelaria y, también en las conductas delictivas”, advierte Olavarría y agrega que “los delincuentes extranjeros han generado mucha más violencia y que, por lo tanto, los delincuentes nacionales han tenido que ir a la par y, particularmente los más jóvenes”.
Asegura que “los indicadores de reincidencia, que se tienen a disposición, manifiestan que han cambiado los códigos delictuales. Por ejemplo, antes era no hacer daño innecesario a la víctima, un código que las nuevas generaciones han roto”.
Esta sensación de inseguridad en la población también se refleja en el temor al poder de fuego que hoy tienen las bandas criminales. Los delitos de tenencia ilegal de armas y explosivos registraron una tasa de 6,1 casos por cada 100 mil habitantes.
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