Lento, pero seguro. Así ha avanzado en los últimos años la agenda de descentralización en el país, cuyo máximo hito fue la aprobación de la elección democrática de intendentes en 2020.
Uno de los temas pendientes en esta línea es un anhelo histórico pero postergado para las regiones: mayor autonomía para gestionar sus recursos, lo que hoy está delimitado por una serie de reglas al alero de la ley de Presupuestos de cada año (ver recuadro).
Según fuentes al tanto, la Dirección de Presupuestos (Dipres), en conjunto con la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) se encuentra trabajando en la materia con la idea de presentar un proyecto que aumente las potestades de las regiones para gestionar sus recursos, incluyendo fórmulas como permitirles endeudarse aunque con un tope o bajo ciertas condiciones de solvencia.
En varios países del mundo, como en México, China y España, se le permite a las macrozonas no capitalinas contraer obligaciones de deuda, por lo que están sujetas a análisis y clasificación por las agencias de rating en base a su solvencia.
Un modelo que está analizándose es establecer mecanismos para autorizar el endeudamiento con un tope, que podría ser en términos absolutos o como porcentaje del erario regional. Las fórmulas continúan en análisis por parte del Ejecutivo, comentan fuentes al tanto. Eso sí, recalcan que todas las fórmulas están “aún en estudio” de parte de ambas reparticiones.
La idea del Ejecutivo es presentar el proyecto ante el Congreso durante 2019 y aprobarlo en 2020.
Otro tópico que está en la agenda del Ejecutivo –y que podría abordarse en este proyecto- es aumentar la parte del royalty minero que se destina a los gobiernos regionales para innovación y los fondos de inversión y reconversión regional.
Nueva regla fiscal
En paralelo, el gobierno también se encuentra trabajando en una reforma a la ley de responsabilidad fiscal, con miras a perfeccionar la regla de balance estructural, a 17 años de que se estableciera en el país.
Según el anexo que presentó el Ministerio de Hacienda el 1 de junio, en el marco de la cuenta pública presidencial, el texto está incluido en la programación de corto plazo para el período junio 2018-junio 2019.
La normativa incluiría una mayor transparencia para el cálculo de los ingresos y gastos de largo plazo del Fisco. Dipres está trabajando con el Consejo Fiscal para determinar qué parámetros estructurales se usarán para medir el balance.
El economista de BCI Estudios, Antonio Moncado, plantea que es necesario “eliminar discrecionalidades” que pudiesen llevar a “errores de cálculo” en los ingresos y gastos de largo plazo: “Vemos necesario definir con mayor precisión la meta fiscal estructural, de modo de adecuar el presupuesto y la gestión fiscal a ese objetivo”.
Para la economista senior de LyD, Macarena García, la regla fiscal debiese incorporar “reglas de escape” ante el no cumplimiento de las metas de balance estructural.
“La regla debiera reconocer situaciones especiales de incumplimiento de la regla: ser claramente identificados, por cuánto tiempo y en qué magnitud”, enfatiza.
La directora del CEF de la U. de los Andes, Cecilia Cifuentes, propone establecer metas “determinadas” sobre el balance fiscal de largo plazo. “Se deben incorporar restricciones al déficit efectivo, que pueden provenir de topes al crecimiento de la deuda pública neta en términos del PIB, por ejemplo. También se deben incorporar sanciones o exigencias que se le hacen al gobierno cuando no cumple las metas”, dice.
Mientras que el economista jefe de Itaú Chile, Miguel Ricaurte, plantea que se debería adoptar un “ancla”, como nivel de deuda sobre PIB, posición fiscal neta/PIB, u otra métrica.
“Hay que definir mecanismos claros de transparencia y comunicación de distintos aspectos relacionados al cálculo del balance cíclicamente ajustado, como los parámetros usados y la metodología de cálculo”, argumenta.
El escaso margen en la decisión de invertir
Los recursos aprobados para las regiones son gestionados en cada gobierno local tras la propuesta del Intendente al respectivo consejo regional, entidad que debe aprobar o modificar los proyectos e inversiones sobre la base de una votación con mayoría absoluta. Sin embargo, no todos los recursos son de libre disposición.
Un estudio realizado por el Centro de Estudios Públicos (CEP) arrojó que en 2017 solo el 1,18% de los dineros aprobados para las localidades están dentro del margen de acción para que los gobiernos de la zona dispongan de ellos libremente.
Así, las 14 regiones tuvieron a US$ 811 millones para asignar a proyectos por decisión propia el año pasado, cifra que contrasta con los US$ 68.358 millones del presupuesto total de la nación. El cálculo no considera todos las cantidades asignadas, como las inversiones sectoriales de asignación regional, que aunque son responsabilidad de un ministerio o servicio, su distribución corresponde a cada gobierno regional.
El senador Alejandro Guillier y los diputados Rodrigo González (PPD) y Mario Venegas (DC).
Impuestos locales, la batalla que darán los legisladores
Por Alejandro Contreras D.
El debate tributario revivirá uno de los temas defendidos históricamente por distintos parlamentarios impulsores de la descentralización del país: una ley de rentas regionales, la que califican como "una obligación imperativa del actual gobierno".
De hecho, varios legisladores ya han sostenido reuniones con distintas autoridades para dar a conocer los detalles de sus planteamientos.
En su rol de líder la bancada regionalista, el senador Alejandro Guillier comenta que los encuentros han sido con los ministros de Interior y de la la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), además de la directiva de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Sofofa.
Y como parte de esta agenda, la próxima semana se reunirán con el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, para conversar sus propuestas de descentralización a través de la reforma tributaria que desea aprobar la actual administración.
"Si el gobierno tiene la intención de enviar una modificación a las leyes tributarias, los regionalistas no nos vamos a quedar quietos y vamos a exigir que haya una compensación a las regiones", comenta el diputado Rodrigo González (PPD), jefe de la bancada regionalista de la Cámara Baja.
Sobre este punto, el parlamentario viñamarino da suma importancia a la tributación de las empresas emplazadas en regiones, para que paguen sus impuestos en las zonas donde funcionan, y no donde están ubicadas sus sedes centrales.
"Hoy el 78% de las tributaciones se hace en Santiago porque las grandes empresas tributan donde están sus casas matrices", precisa.
González anuncia que en "la modificación legal vamos a exigir que esas empresas tributen como corresponde a las normas de tributación de la OCDE de un país decente, donde están las faenas".
Guillier expone que ese es uno de los puntos de la Ley de Rentas Regionales para incentivar inversiones, y que son partidarios de que se incentive la inversión a través de un sistema tributario pero que también contenga discriminación positiva, para señalar que están "abiertos a optar por rebajas a impuestos de primera y segunda categoría a personas y empresas que estén emplazadas en regiones".
Dicha legislación, relata González, es la base para que funcionen iniciativas tales como la elección de gobernadores que se producirá en el 2020 y la ley de transferencia de competencias.
Para el diputado y representante de La Araucanía, Mario Venegas (DC), deben existir beneficios tributarios para esta región, ya que -según explica- un buen sistema de incentivos va de la mano de entender que "no es suficiente la inversión pública, es necesaria la privada". Y para motivarla en una región convulsionada y con muchos problemas "tiene que haber incentivos muy poderosos y muy potentes".
Añade que rubros como el turismo y la industria frutícola serían un buen punto de partida para este paquete de estímulos.
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