Gasto en personal del Estado aumenta 50% en una década y supera los US$ 17.000 millones para 2024

El nivel del empleo público, así como su calidad, ha sido uno de los principales focos de discusión hasta el minuto en el proyecto de ley de Presupuestos 2024, que a fines de la semana pasada fue despachada a la Cámara de Diputados.

Aquello se entrelaza también con la discusión metodológica respecto a la cantidad de funcionarios públicos que existen en el país y su incremento en circunstancias de que el empleo privado sigue mostrando signos de desaceleración.

Con este telón de fondo, el instituto Libertad y Desarrollo (LyD) elaboró un análisis respecto al empleo estatal, con foco en el aumento del gasto en personal en el aparato público.

El gasto en personal representa un 20% del Presupuesto total del Estado.

En la última década, lo desembolsado en el Gobierno Central por este ítem creció a una tasa promedio anual de 5,4% y de 6,4% en las municipalidades.

Así, recalca que los desembolsos que destinará el Estado para contratar a funcionarios el próximo año se incrementará un 7,2%, más del doble de la expansión prevista para el gasto fiscal, de 3,5%.

Ante esto, los recursos totales para este ítem superarán los US$ 17.000 millones en el lapso, un 52% mayor si se compara con el Presupuesto de hace una década.

“Dado el sostenido aumento del gasto en personal, se debe cautelar que ello se traduzca en más y mejores prestaciones a la ciudadanía, así como también modernizar el marco legal que lo regula”, señala el análisis del think tank.

Alza sostenida

LyD acude a una serie de fuentes de información para llegar a datos sobre la cantidad de funcionarios en la administración del sector público, como el Informe Trimestral de los Recursos Humanos del Sector Público, elaborado por la Dirección de Presupuestos (Dipres); el Sistema Nacional de Información Municipal (Sinim) de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) para el caso de los funcionarios municipales; y la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Sobre la base de lo anterior, el reporte da cuenta de que en el trimestre enero-marzo de este año, de los 209 mil empleos creados un 45% pertenecían al aparato público y solo un 25% a puestos asalariados en el sector privado.

Esto contrasta, por ejemplo, con el lapso 2015 a 2019, cuando la participación de los nuevos puestos de trabajo era de 23% para los empleos fiscales y un 40% para los asalariados privados.

Aunque aquello, dice LyD, no es un fenómeno reciente, ya que plantean que en los últimos ocho años la cantidad de funcionarios desempeñándose en las municipalidades del país aumentaron un 54%, lo que equivale a 46 mil personas.

Mientras que entre junio de 2014 y el mismo lapso de este año, el personal del Gobierno Central sube un 63%, lo que se traduce en 178 mil nuevas plazas laborales.

“Dicha alza se explica mayormente por trabajadores que cumplen funciones permanentes, quienes representan el 82% del aumento”, señala el análisis.

Otro indicador que da cuenta de este fenómeno son los registros del INE, que revelan que entre el trimestre móvil junio-agosto de 2013 y el mismo de este año, los asalariados en el rubro privado crecieron un 11%, en tanto que los de la misma categoría pero en el sector estatal lo hicieron en un 37%. O sea, una tasa de expansión tres veces mayor en el Fisco que en el sector privado en la última década.

Reformar el empleo público

Lo gastado en contrataciones representa un 20% del gasto total del sector público.

Dado lo anterior, una de las principales sugerencias de LyD es modificar el Estatuto Administrativo que rige a los empleados estatales.

¿Para qué? Primero, para terminar con la inmovilidad de los funcionarios, “especialmente aquellos de mal desempeño”, dice el reporte; y segundo, por la “falta de incentivos para mejorar el desempeño”, lo que se debe en gran medida a la complejidad de los procedimientos asociados a la promoción de funcionarios entre instituciones del Estado.

“Estas falencias traen como consecuencia directa incrementos en la dotación de personal (principalmente en cambios de gobierno) y una calidad deficiente del servicio público”, concluye el análisis de la entidad.