Hasta el Ministerio del Trabajo se trasladaron este martes el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, junto a otros líderes gremiales y los titulares de tres centrales sindicales, para presentarle a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, su propuesta para avanzar en la reducción de jornada laboral.
“Como foro laboral, que lo componemos tres de las cuatro centrales sindicales de Chile y las ramas de la CPC, podemos decir que ha sido un trabajo arduo, no ha sido fácil ponerse de acuerdo (...) pero aquí estamos, creemos que es necesario avanzar”, dijo Alejandro Steilen, titular de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT).
De acuerdo a datos enviados por el gobierno a la OIT, la CTCH tiene 28.886 afiliados, la CAT 26.823 y la UNT, 8.386 afiliados. La CUT, por su lado, agrupa a 414.303 personas.
La propuesta, de acuerdo a los actores, se comenzó a discutir desde junio al interior de esta instancia de diálogo que tiene la multigremial junto a las centrales. Y si bien reconocieron que en algunos puntos en torno a la reducción de la jornada había discrepancias, señalaron que se enfocaron en los aspectos en común para elaborar una propuesta.
“Hoy día están dadas las condiciones para avanzar (en la reducción) con la adaptabilidad que corresponde, grados de flexibilidad, aunque no sea una buena palabra para algunos, y con gradualidad en su implementación”, dijo Sutil, reiterando que el mundo del trabajo cambió producto de la crisis del Covid-19 y que la gradualidad debiese ser de, al menos, cinco años.
Sutil llegó al ministerio acompañado de, además de los representante de las centrales, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Cristián Allendes; el titular de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Richard Von Appen; Juan Esteban Laval, representante de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF); el gerente general de la CPC, Fernando Alvear, y el gerente legal de la multigremial, Pablo Bobic.
Mientras que las centrales sindicales fueron representadas por Arturo Martínez, presidente de la Central de Trabajadores de Chile (CTCH); Alejandro Steinlen, presidente de la UNT; y Magdalena Castillo, presidenta de la Central Autónoma de Trabajadores (CAT).
Tras la cita, la ministra del Trabajo dijo que “nos han venido a entregar una carta de apoyo a la reducción de la jornada laboral, lo cual confirma por un lado la necesidad que tenemos como país de avanzar en esto y el buen diálogo que se ha realizado respecto a este tema”, dijo Jara.
¿Y la CUT? Sutil y los dirigentes sindicales fueron consultados respecto a la ausencia de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en la propuesta, y explicaron que la multisindical no es parte del foro de diálogo que la CPC tiene con los trabajadores.
Con todo, Sutil señaló que "estamos conversando con la CUT, tenemos la mejor de las relaciones y la mejor amistad, y queremos todos que de alguna manera podamos converger en el tiempo a trabajar en común más que en paralelo”.
Las propuesta
El acuerdo presentado a la ministra plantea, como primer punto, que la reducción de la jornada ordinaria de trabajo de 45 a 40 horas efectivas a la semana debiera permitir que los trabajadores y trabajadoras puedan acceder a una mejor calidad de vida junto a sus familias. Además, piden que la reducción no afecte el nivel de vida de los trabajadores.
El documento también señala que es importante que la reducción de la jornada ordinaria de trabajo y el aumento de costos para las empresas "no afecte la productividad, para lo cual es necesario que las partes dialoguen y puedan pactar condiciones de adaptabilidad que permitan reordenar los tiempos de trabajo de manera acorde a las situaciones específicas de las empresas y los trabajadores".
No fue lo único: los actores también señalaron que es posible que las empresas no puedan reducir de manera inmediata la jornada ordinaria a 40 horas y requieran de un período de ajuste. "Creemos necesaria una gradualidad, lo que debiera facilitar que las empresas puedan tomar resguardos organizacionales que les permitan adaptarse".
En el escrito, los dirigentes sindicales y gremiales también sostienen que cada empresa es distinta no solo por su tamaño, actividad o ubicación geográfica, sino también por sus diversas formas de organización del trabajo por turnos, jornadas parciales, especiales, excepcionales y otras formas de organización. Por esto, plantean que es importante que estos formatos no se vean alterados con la aplicación de la jornada ordinaria de 40 horas semanales.
La preocupación en torno a la realidad de las PYME también estuvo presente en la propuesta. Sobre este aspecto, el texto dice que es fundamental que cualquier propuesta de reducción de la jornada laboral ordinaria tome en cuenta su compleja situación, dado los costos en que han debido incurrir producto del estallido social, la pandemia, las nuevas regulaciones legales y su menor participación de mercado.
La capacitación fue otro tema reforzado por los trabajadores y empleadores. De hecho, señalaron que la reducción de la jornada laboral debe ser acompañada de políticas públicas que faciliten y favorezcan la capacitación y la formación en el trabajo.
Respecto a la jornada, también plantearon que es fundamental generar incentivos que promuevan el trabajo formal, donde la legislación laboral y la seguridad social puedan cumplir su labor reguladora y protectora.
El eje previsional
En la reunión con la ministra Jara, las centrales y los empleadores no solo abordaron la reducción de la jornada, sino que también solicitaron a la secretaria de Estado eliminar el término "declaración y no pago" de las imposiciones previsionales.
En concreto, el foro acordó la necesidad de que se establezcan una serie de disposiciones para evitar que las y los trabajadores asuman los riesgos por la no entrega del descuento previsional a las administradoras.
Además, señalaron que la declaración y no pago de las imposiciones previsionales independientemente del tamaño de la empresa, de si es generada por el sector público o por el sector privado, la intencionalidad del empleador que la emite, del tiempo que transcurre para obtener su recuperación, representa un daño previsional para la o el trabajador afectado.
En torno a este tema plantearon diversas propuestas, entre ellas: eliminar del texto legal el término declaración y no pago de las imposiciones previsionales, considerando que estos recursos son patrimonio de la o el trabajador y no del empleador.
En esa línea, también pidieron a la ministra establecer que el empleador que no pague oportunamente las cotizaciones previsionales de sus trabajadores y trabajadoras deberá emitir al organismo recaudador AFP u otro una declaración de deuda previsional, que tendrá el mismo título ejecutivo que hoy tiene el declarar y no pagar.
“La no emisión de dicha declaración lo expondrá a la misma multa que hoy se aplica por no declarar las cotizaciones no pagadas, multa que implica 0,75 % Uf por trabajadora o trabajador afectado, dicha multa se debe destinar a reforzar los fondos previsionales de las y los trabajadores afectados por el no pago”, dice la propuesta.
También pidieron aplicar “sin subterfugio alguno” la Ley Bustos, que establece la nulidad del despido laboral realizado cuando se adeuden cotizaciones previsionales hasta que el deudor no se ponga al día en el pago, entre otras propuestas.
Dentro de otros temas, también pidieron a la ministra del Trabajo impulsar la constitución de Consejos de Dialogo Social al interior de las empresas, como instancias permanentes de diálogo destinadas a construir acuerdos en aspectos concretos de la empresa que mejoren la calidad del trabajo y de las relaciones laborales.
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