Tras una extensa reunión realizada este lunes en dependencias del Ministerio de Vivienda, encabezada por el titular de la cartera, el socialista Carlos Montes, el Ejecutivo y los dueños del terreno donde se encuentra emplazada la toma de San Antonio suscribieron un protocolo de acuerdo, que permite postergar otros seis meses el desalojo de las familias que allí se instalaron.
En la cita participaron, además, el alcalde de San Antonio, Omar Vera; el subsecretario del Interior, Luis Cordero; y dos propietarios del terreno: Ricardo Posada y Esteban Solari. Y este martes se presentará, en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el acuerdo con el objetivo de informar al tribunal acerca de las bases para suspender el desalojo.
El protocolo, según informaron desde el ministerio, establece que se conformará una comisión técnica, integrada por un representante de los dueños del terreno, del Ministerio de Vivienda y del Municipio de San Antonio; donde se abordarán temas tales como el sistema de garantía y precio; y, la adquisición de todo el predio en un solo acto por la vía de cooperativas, entre otros.
Reportes confidenciales
En el documento se establece que los dueños de la propiedad expresan su voluntad de revisar una eventual propuesta de compra, que permita dar solución a la situación de cumplimiento del fallo del recurso de protección, ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Para ello, el Minvu y el municipio de San Antonio solicitan a los propietarios suspender el procedimiento de expulsión bajo tres condiciones que habrían suscrito todas las partes.
Según se detalla en el primer punto, se establecerá una comisión técnica conformada, preferentemente, por profesionales del área de la construcción e integrada por un representante de los propietarios del terreno, uno del Minvu y otro de la Municipalidad de San Antonio. La instancia reportará a las partes sobre las condiciones de venta del terreno, precio y garantías. Sin embargo, en el caso de no llegar a acuerdo, “la comisión establecerá las modalidades para proceder a dar cumplimiento razonable y paulatino al fallo”.
En segundo lugar, el texto señala que el terreno será enajenado como una sola unidad y en un solo acto. Y, tercero, las partes establecen que la comisión técnica tendrá un plazo máximo de duración de seis meses, a partir de la fecha de suscripción del protocolo. Y, durante su funcionamiento, tanto el contenido de los reportes de la instancia como los acuerdos alcanzados serán confidenciales y reservados.
Tras sellar el acuerdo, el ministro Montes detalló que se espera que se cree una federación de cooperativas, ya hay 16 formadas y se deben crear otras 16, para adquirir el terreno. Y recalcó que todas las tomas deberán seguir esta misma línea de comprar los terrenos y postular a subsidios.
Además, aclaró que “el rol del ministerio ha sido facilitar las condiciones para buscar un acuerdo”.