Proyecto antievasión y elusión: emprendedores enumeran ocho puntos de acuerdo y 13 disensos con Hacienda

Las negociaciones entre el Gobierno y los gremios de pequeñas y medianas empresas (PYME) por los proyectos de cumplimiento tributario y de cambios al impuesto a la renta se encuentran en uan etapa decisiva. Ya se han realizado dos reuniones entre las partes y se espera una decisiva el próximo lunes 18 de marzo, donde se abordarán temas controversiales como el régimen de monotributo y la tasa de tributación a las utilidades de las empresas.

Todo esto ad portas de una jornada clave hoy, cuando durante la tarde se vote la idea de legislar del proyecto que refuerza el cumplimiento tributario de los contribuyentes en la comisión de Hacienda de la Cámara.

En el mundo de los emprendedores ven con buenos ojos parte de este proyecto, pero también hay algunas materias donde hay dudas.

Un documento elaborado por la Multigremial Nacional, enviado al Ministerio de Hacienda, enumera los puntos donde se ven posibilidades de acuerdo con el Ejecutivo y en cuáles hay disenso.

Los temas donde hay avances

Son ocho los puntos donde el sector ve probabilidades de acuerdo.

El primero es la obligación que se establece a las entidades públicas y privadas de exigir el inicio de actividades a los contribuyentes con quienes realizará operaciones, una medida que califican como "buena" y que va en la dirección "correcta". Eso sí, la Multigremial señala que está al "debe" en cuanto a la simplicidad.

Las mejoras al control del IVA por adquisición de bienes a no residentes es la segunda propuesta del proyecto de Hacienda que destacan, señalando que "garantiza" la igualdad en beneficio de los comerciantes locales.

La nueva tasa de interés aplicable a las deudas tributarias es otro punto valorado por el sector, ya que actualiza la tasa de interés al contexto vigente y la asemeja al 0,5% que se le cobra al Fisco.

Una cuarta medida donde hay consenso es la flexibilización en la suscripción de los convenios de pago con la Tesorería General de la República, la que califican como un "incentivo" para mantener la formalización de las empresas. También rescatan la nueva norma sobre incobrabilidad de deudas tributarias para las PYME, las que creen servirá para "sanear" las cuentas de los contribuyentes.

También, valoran la posibilidad de que se pueda solicitar de oficio la prescripción de la deuda y las normas transitorias para celebrar convenios de pago preferentes y la incobrabilidad y prescripción de deudas antiguas con el Fisco.

Los pendientes

Si bien son ocho los temas donde se vislumbra un acuerdo, la Multigremial enumera otros 13 puntos de discordia con Hacienda.

El primero es la reposición del límite de 250 UTM de diferencias de impuestos en la aplicación de la Norma General Antielusión (NGA), solicitando que se deje a las PYME fuera de dicho umbral. En esta misma línea, solicitan que se excluya a las pequeñas compañías de la multa adicional que se agrega al pago de impuestos en caso de certificarse elusión.

A su vez, piden que exista flexibilidad para que determinados contribuyentes no estén obligados a utilizar métodos de valoración en operaciones donde aplique la facultad de tasación por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII).

También, la Multigremial solicita que se reconozca que la conversión de un empresario individual a empresa es un tipo de reorganización, evitando así que se pierda la neutralidad de dicha operación. A su vez, el gremio plantea que pueda existir un proceso simplificado para que las PYME puedan realizar el término de giro ante el SII.

Otro punto de controversia son las mayores facultades para la Defensoría del Contribuyente (Dedecon), pidiendo que pueda tener tutela jurídica efectiva para los contribuyentes de menor tamaño.

El impuesto a la herencia es otra materia de controversia, ya que la Multigremial solicita que las PYME puedan pagar el gravamen en hasta tres cuotas sin recargos legales. También, en cuanto a la NGA, piden aclarar el término "uso impropio de las formas jurídicas" a la hora de determinación las transacciones que pueden ser cuestionadas por el SII y los límites objetivos a la "planificación tributaria agresiva".

La Multigremial también muestra su desacuerdo con el mecanismo que flexibiliza el levantamiento del secreto bancario, señalando que debiera el SII fundamentar el acceso a las cuentas de los contribuyentes.

Los últimos dos puntos de controversia son los mecanismos de notificación electrónica de parte del SII, Aduanas y Tesorería, planteando que no se resguarda el derecho de los contribuyentes que se emplazan en zonas de difícil conexión; y la aplicación de la multijurisdicción, señalando que es lesivo contra los derechos que una unidad territorial del SII pueda fiscalizar a un contribuyente de una jurisdicción distinta.