Escala polémica por el IVA a los servicios y ahora los contadores envían carta a Marcel y Boric pidiendo su postergación

La inminente entrada en vigencia del nuevo Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los servicios, a aplicarse a partir del 1 de enero, continúa generando ruido en el mundo legal.

La semana pasada fue el Colegio de Abogados el que envió una carta al ministro de Hacienda, Mario Marcel, solicitando postergar la medida, que afectará a todos los servicios profesionales en el país, exceptuando algunos exentos como los de salud, transporte y educación y los que sean prestados por sociedades profesionales de personas.

Ahora fue el turno del Colegio de Contadores, que escaló su solicitud tanto al ministro de Hacienda Mario Marcel como al Presidente de la República, Gabriel Boric. La orden profesional envió una misiva a ambas autoridades enumerando una serie de complicaciones para implementar el nuevo hecho gravado con IVA, pidiendo postergar "indefinidamente" o "derogar" la entrada en vigencia hasta que se estudian sus alcances y efectos.

El nuevo IVA a los servicios es parte de las medidas para financiar la Pensión Garantizada Universal (PGU), cuya ley y su financiamiento fueron aprobados en enero de este año.

Costos de servicios básicos

"En virtud de este cambio, se gravarán con IVA todos los servicios. Esto es, ya no solo los descritos en los números 3 y 4 del artículo 20 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, sino que incluso los que estaban integrando el numeral 5 de ese dispositivo, como son por ejemplo: los servicios de mantención de cementerios, los pagos por cuidado de adultos mayores (asilos de ancianos), los pagos por seguridad que contratan los condominios, especialidades de salud prestadas por sociedades no afectas a la exención contemplada para sociedades de profesionales y un larguísimo etcétera, cuya incidencia tributaria implica incrementar el costo de servicios básicos y muchas veces de primera necesidad para las personas, en momentos que el país vive altos niveles de inflación y una recesión ad portas", señala la misiva firmada por el presidente del gremio, Osvaldo de la Fuente, y el timonel de la Comisión Tributaria del colegio, Juan Alberto Pizarro.

A nivel de los servicios profesionales, los contadores argumentan que solo se excluyen los que presten personas naturales o sociedades de profesionales, conformadas como sociedades de personas e integradas únicamente por profesionales. Esto, dicen genera una "complejidad adicional", ya que constituye una condición "discriminatoria en consideración a su tipo societario, para aquellos profesionales que prestan servicios a personas naturales con un notorio rol social tales como contadores, abogados, médicos entre otros.

"Remitiéndonos a nuestro gremio de  contadores, somos quienes asesoramos a personas y Pymes en el cumplimiento de normas tributarias cada vez más complejas, ejerciendo un rol claro de defensa de contribuyentes en caso que el Estado ha puesto a disposición escasos recursos para tal efecto. Estos servicios elevarían su costo para personas naturales, limitando las posibilidades de las personas a un correcto asesoramiento que garantice un correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias", argumentan en la misiva.

Las siete propuestas

El colegio parte sus propuestas solicitando al Ejecutivo postergar "indefinidamente" la exención del IVA a los servicios y evaluar su derogación si se encuentran vías alternativas de financiamiento "más eficientes y neutrales". 

Un segundo punto va en la línea de incrementar la tasa del IVA "en los puntos que sean necesarios" para solventar el financiamiento de la PGU. Y agregan que medio punto más de IVA general aporta cerca de US$ 650 millones por año en régimen, mientras la exención del IVA a los servicios solo agrega unos US$ 400 millones en régimen

Como el IVA tiene un componente "regresivo", dicen los contadores, es que en tercer lugar proponen que el mayor IVA soportado por los hogares más vulnerables les sea devuelto directamente. "Existen los medios electrónicos y digitales para tal efecto, siendo adicionalmente un incentivo a la formalización y permitiendo focalizar el incremento de la tasa propuesta en las mayores rentas", señala el documento.

En cuarto lugar, apuntan a promover "con más fuerza "la formalización de los negocios, para reducir tanto la evasión como el "mal uso de los recursos, que muchas veces se utilizan en beneficio de personas que están en la informalidad y que sí perciben ingresos".

Una quinta idea es promover la nominalización de las boletas electrónicas, para identificar al consumidor y, en base eso, focalizar el gasto, presumir ingresos familiares, detectar actividades ilegales y obtener mayores recursos.

En penúltimo lugar, solicitan que se adopten medidas de control contra la evasión del transporte público, que implica un gasto "que debemos compensar con mayores impuestos, en circunstancias que se trata de un servicio que tiene un precio, que debe ser pagado, y es deber y función del Estado y sus instituciones exigir que eso ocurra". 

La séptima idea es que, en caso que se requiera analizar en detalle las medidas que propone el colegio, se postergue la aplicación de la nueva ley en al menos un año, "permitiendo de paso a todos quienes se reestructuraron volver sin costo ni contingencia tributaria a la estructura anterior".

"Todos esos costos, lamentablemente lo asumirán los contribuyentes, y no quienes promovieron esta medida, en la que no fueron tomadas en consideración las propuestas de nuestro gremio, que somos quienes operan en el sistema e interactúan directamente con los contribuyentes. Si bien la mirada de economistas, es importante, lo es también el aterrizar los cambios tributarios con una mirada práctica, que tome en consideración los efectos de su implementación y el impacto final en los contribuyentes más vulnerables y Pymes", cierra la misiva.