En los próximos días será presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) un requerimiento por parte de cinco senadores, cuatro de la Concertación y uno de RN, en el que cuestionan la legalidad del proyecto presentado por el gobierno ante el Congreso que amplía la protección de los activos de los medicamentos, también llamado de linkage, por vulnerar derechos constitucionales.
El texto de 50 páginas al que tuvo acceso en exclusiva DF, será patrocinado por Ximena Rincón (DC), Fulvio Rossi (PS), José Antonio Gómez (PRSD), Jaime Quintana (PPD); y el RN Francisco Chahuán.
Los parlamentarios afirman en el requerimiento que el proyecto del gobierno, que se analiza en la comisión unida de Economía y Salud de la Cámara de Diputados, “es el resultado de presiones por la implementación de una supuesta obligación no contenida en el TLC de Chile con EEUU”.
Asimismo, señalan que impugnan los incisos 2° y 3° del nuevo artículo 112 B de la la Ley N° 19.039 de Propiedad Industrial, contenidos en el proyecto de los principios activos de los medicamentos. “Son inconstitucionales toda vez que vulneran, el menos, la igualdad ante la ley (artículo 19 N° 2 de la Constitución), el derecho de protección de la salud (artículo 19 N° 9 de la Constitución) y el debido proceso (artículo 19 N° 3, inciso 5°, de la Constitución)”.
Lo anterior “al establecer un estatuto más benévolo en la medida precautoria especial, con su facilitador esquema de presunciones, para dar por acreditados los requisitos de periculum in mora y fumus boni iuris, establecidos a favor de los titulares de patentes farmacéuticas sobre principios activos, presumiendo la culpabilidad de quien simplemente ha solicitado un registro sanitario de un medicamento genérico, afectándose con ello, en los hechos, el acceso a medicamentos genéricos capaces de generar competencia y bajar los precios”.
También señala el documento que “desde EEUU se han utilizado diversas vías (oficiales y extraoficiales) para presionar a los gobiernos de Chile, para implementar dentro del ordenamiento jurídico interno, entre otras, las instituciones de propiedad intelectual Trips-Plus”.
Prosiguen “tal vez, la más conocida, directa y oficial forma de presionar es la denominada 301 Special Report, que es el reporte anual elaborado por la Office of the United States Trade Representative (USTR); donde se clasifica a los diversos países -en forma absolutamente unilateral- según su grado de implementación y cumplimiento de normas sobre propiedad intelectual”.
Después de la entrada en vigencia del TLC, Chile ha sido clasificado por la USTR dentro de la Priority Watch List, especialmente por la implementación del linkage.
Sin embargo, afirman que la única norma que se ha invocado para justificar la obligación de un linkage en Chile es el artículo 17.10 (2.)(c) del TLC, el cual establece que “el Estado de Chile debe proveer de mecanismos jurídicos para negar la autorización de una solicitud de registro sanitario genérico si este infringe (protegido) una patente. ¿Existen dichos mecanismos en Chile? Categóricamente SÍ”; sostienen los legisladores.
En efecto, “si el titular de la patente decide demandar, podrá previamente solicitar como medida prejudicial precautoria”, señalan.
Por todo lo anterior esperan que el TC acoja el requerimiento.