Una amplia trayectoria como académico universitario y de estudios humanistas, junto con haber sido parte de la Comisión de Historia Asesora para Cancillería en la causa litigada con Bolivia en La Haya, llevaron a José Antonio González a integrar el nuevo Consejo Constitucional, que comenzará su trabajo el próximo 7 de junio.
El representante de la Región de Antofagasta en este nuevo proceso no duda en mencionar a los miles de alumnos y alumnas a los que enseñó a lo largo de sus 45 años como docente, ya que fueron ellos los que ayudaron a difundir su postulación como independiente en el cupo de Revolución Democrática.
"Veo muy difícil que se acoja la dimensión de un Estado de bienestar social por el cuestionamiento que se tiene hacia este por las posiciones de derecha".
- ¿A qué cree que se debe el triunfo de la derecha en las elecciones?
- En primer lugar, a que la contingencia paralizó el debate constitucional. Los temas acuciantes para la ciudadanía estaban en la seguridad ciudadana, la migración y de modo soterrado la inflación. Además, venía el cansancio del proceso anterior que, sumado a la poca difusión por los medios, vino a lapidar las opciones de las candidaturas más próximas al Gobierno. De trasfondo, se unen distintos factores, como la búsqueda de un principio de autoridad que debe conllevar la seguridad en todos los ámbitos de la vida pública. Esto puede sonar disonante, desde la sensibilidad donde ubico mi domicilio político, pero las conversaciones que he tenido rescatan ese imaginario social que hemos perdido hace años.
- ¿De qué forma cree que la Constitución debería contribuir a la crisis de seguridad?
- Siendo de sumo interés y urgencia el tema, considero que debe dejarse en una ley tal materia. He sostenido que el binomio seguridad-migración irregular puede solucionarse con lo que sostuve en el año 2018 en el ex Congreso Nacional, creando una Dirección Regional de Migración y Extranjería con potestad administrativa para todo el Norte Grande que decida expulsiones y procedimientos de visa de residencia en recintos de asentamientos -como sucede en Europa- que impediría uno de los factores de inseguridad en nuestras ciudades y carreteras: el deambular de grupos de personas sin identificación y que entraron por pasos irregulares.
Los centros de asentamientos reflejarían el respeto a la dignidad de la persona, al brindarle atención médica, cobijo y alimentación. Esto guardaría congruencia con la declaración de nuestro país en el año 2015 de constituirse en un país receptor de migrantes, que necesitamos. Anualmente, se van de Chile más de 600 mil nacionales de grupos etarios jóvenes, lo que equivale a un 3,2% de la población total.
- El Estado social y democrático de derecho es una de las bases constitucionales con las que van a tener que trabajar los consejeros. ¿Usted cree que este modelo se contrapone con el subsidiario?
- El tema en lo concerniente al Estado social y democrático de derecho es su contenido. Aquí se define la morfología del Estado y el mecanismo a consensuar para procurar establecer los derechos sociales anhelados por la ciudadanía. A mi juicio, por la composición del Consejo Constitucional, veo muy difícil que se acoja la dimensión de un Estado de bienestar social por el cuestionamiento que se tiene hacia este por las posiciones de derecha.
Me parece plausible debatir la forma del Estado social alemán, arquitectura de la Democracia Cristiana, que posibilita hacer converger lo público y privado. Lo que importa, a mi entender, es hacerse la pregunta sobre las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras en ambos estados -estoy refiriéndome al mundo europeo, que es mi referencia- sobre seguridad social, derechos asociativos, huelga, calidad de vida y desarrollo socio-económico del país. Tanto los países escandinavos como Alemania, exhiben tales logros. Es lo que anhelo como confort para mi país.
- ¿Será viable, a su juicio, llegar a acuerdos con la oposición?
- Estimo que nos encontramos con dos dimensiones en el Consejo Constitucional. Una, la constatación de la mayoría opositora controlando el Consejo. La segunda es la acción que puede desenvolver la Comisión de Expertos, que podrá influir en acrecentar los diálogos en el seno del Consejo Constitucional. Será importante el ademán de la bancada de Republicanos en tal sentido y la disposición de las otras representaciones en la predisposición de buscar acercamientos.
- ¿Cómo ve la autonomía de ciertos organismos con este nuevo Consejo Constitucional, como el Banco Central y el Tribunal Constitucional?
- Soy partidario de la autonomía de ambos organismos. Sobre el Banco Central me parece importante reconocer el papel que ha jugado en nuestra economía. Quizás en el Tribunal Constitucional se podría enfatizar el saber académico entre sus integrantes.
- ¿A dónde espera llegar en materias de descentralización en este nuevo proceso?
- Creo que estamos ante una buena coyuntura, a raíz de la anomalía de la representación de Santiago -no hay una proporcionalidad demográfica con el número de representantes que, en mi concepto, es una bofetada a un buen sector de nuestra ciudadanía-, lo cual, en teoría, permitiría concretar la regionalización más allá de la división político-administrativa y de la elección del Gobernador, con dos medidas.
La primera es que es necesario dejar parte de las utilidades de los recursos naturales explotados en la región a disposición de los gobiernos locales, para llevar a cabo proyectos endógenos, sustentables, con técnica ambiental y con impacto social. El Royalty se encamina por ese derrotero; no obstante, la experiencia histórica nortina nos debe aleccionar como se las arregla el centralismo -sin importar el gobierno de turno- para desnaturalizar los éxitos regionales. Por ejemplo, las Leyes del Cobre de 1954 o el principal proyecto endógeno como fue la Junta de Adelanto de Arica de 1958. El gobierno central, hacia fines de la década de 1960, había diseminado las utilidades a lo largo del país en el primer caso. En el segundo, impuso gravámenes a la ciudad de Arica.
Uno de los problemas graves que nos afecta es la corrupción de los gobiernos locales en todo el espectro político, desde malversaciones, cohechos, hasta fraudes promovidos por asociaciones ilícitas. Entonces la segunda medida, a mi juicio, es que se debería extremar la fiscalización del uso de los derechos provenientes del Royalty. La literatura especializada al respecto que hemos tenido a la vista refiere que, cuando se reciben impuestos sin mayor esfuerzo, hay un descuido, un deslizamiento por parte de la Corporación a cautelar los bienes propios que comienzan a disminuir. Controlar la acción del alcalde e impedir las acciones dolosas podría reencantar en las generaciones jóvenes su atención por la política y el cuidado de los bienes públicos en general.
La Región de Antofagasta produce cobre y litio. Este último también debería dejar utilidades a la región, donde las comunas con asiento en la precordillera deberían contar con asesoramiento de las universidades regionales acreditadas, para estudiar las inversiones a concretar.
- En relación al modelo de Estado empresario, que se abre a raíz de la estrategia nacional del litio, ¿cree que se debería consagrar o no en la nueva Constitución?
- Debería dejarse establecido cierta dimensión del rol gestor del Estado en la economía, principalmente en lo atinente a los recursos naturales. Considero que es el sendero lógico lo que se está dibujando con la empresa nacional del litio.
- En el ámbito medio ambiental, ¿qué se debe considerar en la nueva Carta Magna?
- Lo que se ha avanzado en el capítulo 13 del proyecto que está redactando la Comisión de Expertos, a mi juicio, recoge satisfactoriamente lo avanzado en la institucionalidad, poniendo énfasis en la responsabilidad estatal en tal materia.
- ¿Cree que dentro de este nuevo proceso se pueda dejar de lado la discusión política que se da en el día a día para lograr una nueva Constitución que sea aprobada el 17 de diciembre?
- Todo es política, en el buen sentido de la noción. La discusión política se debe plantear si se tiene como norte el país del presente y del futuro. Hay cuestiones que deberíamos tener en cuenta, por ejemplo, los derechos neurodivergentes, el derecho a la intimidad ante la inteligencia artificial, cómo modernizarse tecnológicamente, pero resguardar el derecho al trabajo, como el medio de llevar a cabo la concreción de los proyectos personales y familiares.
Me preocupa que no tenemos en el anteproyecto un esbozo del futuro. No hay señales de la sociedad del conocimiento. Estamos mudando nuestros sistemas de enseñanzas, después de la pandemia, a las plataformas digitales. ¿Alguien se ha preguntado que, además de la segregación espacial de nuestras ciudades y la desigualdad social que se ha planteado, se está consolidando una segregación más lapidaria como es el conocimiento? Los estudios sobre brechas digitales son enormes y no solamente entre nativos y foráneos -que refiere la literatura anglosajona-, sino entre generaciones adultas que les cuesta introducirse en el manejo de tablet, celulares y computadores.
El Estado tiene sus servicios públicos con acceso a plataformas digitales y los medios de comunicación tienen en la web sus principales dispositivos. Todo esto refleja un Chile que el Estado proclama como un hecho universal, pero la realidad es que un gran sector de la población no posee tales elementos electrónicos, no los sabe usar, no tiene claves de acceso, etc. En tal sentido, para unir un connacional integrado a esta nueva sociedad y a un ciudadano con acceso a la más amplia libertad de prensa y de opinión, hemos sostenido que el acceso a internet sea considerado un derecho social. De los más de 303 productos de la canasta familiar, modificada en los años 2013 y 2019, figura la telefonía móvil y la conexión internet.
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