Consejera Kinturay Melín y crisis de seguridad: "Tiene absoluta relación con la falta de existencia del Estado en los sectores de riesgo"

La consejera Kinturay Melín, representante de Revolución Democrática (RD), cree que este nuevo proceso constitucional puede ayudar a las personas de región a cambiar su realidad. “Necesitamos el cambio porque la gente de regiones siente que no existe, siente que el Estado se aleja cada vez más”.

La licenciada en Ciencias Jurídicas sostiene que la carencia que se siente en las regiones podría solucionarse a través de un cambio en la relación de las instituciones con la persona, lo que podría resolver muchos de los problemas de los chilenos y chilenas.

“Para eso se necesita un Estado social y democrático de derecho, para que tenga la capacidad también de poder solucionar los problemas de la gente, que tenga la fuerza necesaria para crear y entregar los derechos básicos”, enfatizó la consejera mapuche de 28 años.

“El sistema de Estado social y democrático de derecho es la base fundamental que tenemos que defender a través de todos los principios que instauremos en este proceso. Tengo esperenza de que se pueda llegar a un diálogo”.

- ¿En qué materias el consejo debería poner un mayor foco?

- El sistema de Estado social y democrático de derecho es la base fundamental que tenemos que defender a través de todos los principios que instauremos en este nuevo proceso. En este, a diferencia del caso anterior, como izquierda tenemos una posición de mayor desventaja, pero también estamos con toda la disposición al diálogo y creemos que se pueden desarrollar conversaciones fructíferas. Tengo esperanza de que se pueda llegar a un diálogo democrático, pero en este escenario Republicanos debe demostrar su compromiso con un Chile más dialogante.

- ¿Cómo encuentra que fue el trabajo de la Comisión Experta?

- El trabajo ha sido decente. Ciertamente hay puntos en los que no estamos del todo de acuerdo, pero ha sido ordenado y tranquilo en comparación al proceso anterior. Ha sido un poco más lejano a las polémicas y eso también se agradece después de tanto desgaste.

Eso sí, no podemos esperar la aprobación de un texto constitucional solo por tener una comisión de expertos o guiarnos por el comportamiento y diálogo de los consejeros. Es fundamental demostrar un carácter serio en los puntos ideológicos. Republicanos seguirían con el país tal cual, con el mismo estilo de vida, pero las cosas no han funcionado bien. Entonces yo me pregunto cuál es la solución, porque Republicanos quiere radicalizar más las ideas que ya están integradas. Es por eso que queremos llegar a dialogar.

- En relación al rol de los privados y el Estado, ¿cómo cree usted que la nueva Constitución deba abarcar ambos modelos?

- Necesitamos un sistema económico constitucional que sea capaz de sostener el estándar mínimo de placer de todos los ciudadanos. Y en eso tenemos que decir que, lamentablemente, el principio de subsidiariedad ha demostrado que no es capaz de mantener algo así. Hay varios sectores de derecha y ultraderecha que intentan defender la eficiencia del principio de subsidiariedad y me parece que es problemático que no hagan el mea culpa de sus problemas. Yo creo que tenemos una certeza de que un Estado social de derecho es una solución a largo plazo para crear primeramente las mejores condiciones de convivencia en nuestro país.

- ¿Cómo cree que debe quedar estipulado en la Constitución el Estado social y democrático de derecho?

- Es necesario fortalecer en este Estado los instrumentos estatales para controlar la actividad económica ilegal. Para eso se necesita un Estado social y democrático de derecho, para que tenga la capacidad también de poder solucionar los problemas de la gente, que tenga la fuerza necesaria para crear y entregar los derechos básicos, que tenga la capacidad para entregar el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la seguridad social, el derecho de estar cubiertos. Y de este modo la gente se siente protegida, se siente cuidada. Acá en nuestra región, la gente va a empezar a confiar más en la institución y a confiar más en el Estado.

- En materia de derecho al agua, ¿cómo cree usted que se deba abordar en la nueva Constitución?

- Debemos garantizar el acceso universal y humano al agua. Eso es una importante base para construir un país seguro. No podemos hablar de derechos básicos sin considerar el derecho a la vida y este tiene mucha relación con el acceso al agua. También debemos considerar principios donde el agua sea prioritaria también para la alimentación, para la agricultura, la agronomía y luego también que tenga la participación de cuidado claramente, pero no en desmedro de nuestra ciudadanía.

- ¿A dónde espera llegar usted en materia de descentralización?

- Es importante entregarles más herramientas a las regiones. Tenemos que considerar que la región también sabe lo que necesita y tenemos un país muy rico en diferentes culturas y también diferentes realidades. Entonces es necesario entregarles más potestades a nuestros gobiernos locales, es fundamental querer hablar de una real distribución. Los alcaldes saben dónde están los contratos y la ciudadanía, hay que impulsar esto. La gente sabe que primeramente deben recurrir a su gobierno local y de ahí hacia los demás estamentos del gobierno, por lo que hay que reforzar esta autoridad.

- Uno de los temas prioritarios de la ciudadanía hoy en día es la seguridad. ¿De qué forma cree que la Constitución debería contribuir en dicho ámbito?

- La crisis de seguridad tiene muchos factores, pero creo que hay que recalcar que lo que estamos viviendo tiene absoluta relación con la falta de existencia del Estado en los sectores de riesgo. Este Estado no puede entenderse exclusivamente como el ejercicio del monopolio de la fuerza, sino que también la seguridad está en las mejores condiciones de vida, la mejor atención pública en salud, en una calidad de vida decente. Esto debe llegar a todos los sectores, incluso para los que son más vulnerables y que están abandonados por la mano del Estado y por lo privado.

Es necesario también fortalecer los instrumentos estatales para controlar las actividades económicas ilegales, como el narcotráfico y la colusión. Ambas son superadas por una fina línea de lo legal, pero que responden a una realidad económica que domina nuestro sistema social. La gobernabilidad del país depende en gran medida de los fundamentos que entregamos en nuestra institucionalidad, nuestra Constitución. Las instituciones sin fundamentos adecuados construyen políticas públicas ineficientes, situación que no le hace bien a la vida de la democracia en nuestro país. Yo creo que es importante pensar en cómo se relacionan las personas con las instituciones al momento de hacer una Constitución, esa es la clave para llegar a una nueva carta que nuestro país merece.