La administración de Donald Trump propuso imponer nuevos aranceles a las importaciones provenientes de 60 economías, entre ellas Chile, tras concluir que sus políticas relacionadas con la importación de bienes producidos con trabajo forzoso constituyen una práctica comercial “irrazonable” que perjudica al comercio estadounidense.
Se trata de la estrategia jurídica que le permite a Washington dar continuidad a su política arancelaria, luego de que la Corte Suprema, en febrero pasado, dejara sin efecto las tarifas que se aplicaban desde abril de 2025 bajo la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) y ante la próxima expiración de las sobretasas vigentes amparadas en la Sección 122, de naturaleza temporal para corregir problemas graves en la balanza de pagos.
La propuesta fue anunciada este martes por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), organismo que determinó que Chile se encuentra dentro del grupo de países que no han establecido ni aplicado de manera efectiva una prohibición a la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso, ya sea porque no lo contempla su normativa o porque no han sellado un Acuerdo sobre Comercio Recíproco con EEUU que incluya el asunto.
Como consecuencia, se está considerando un arancel de 12,5% para todos los productos provenientes de Chile y de otras 54 naciones, entre ellas Argentina, Perú, Brasil, Reino Unido, Japón y China.
“Desde que inició esta investigación, Chile ha sostenido conversaciones permanentes con sus contrapartes técnicas y políticas, y ha participado activamente tanto en las instancias de consulta pública como en el diálogo entre gobiernos”, dijo Estévez.
Según explicó la USTR, aquellas naciones que ya disponen de este tipo de mecanismos, o que se han comprometido a implementarlos mediante acuerdos comerciales con EEUU, enfrentarían un gravamen de 10%. En ese grupo quedaron solo Canadá, Ecuador, la Unión Europea, Indonesia, México y Pakistán.
El informe técnico que acompaña la investigación, un documento de 98 páginas elaborado por la USTR, dedica varios pasajes al caso chileno y presenta sus conclusiones específicas sobre el país en el apartado Chile: Findings of Investigation (página 63). Allí, la autoridad comercial concluye que el país “ha fallado en imponer y hacer cumplir efectivamente una prohibición a las importaciones producidas con trabajo forzoso” y sostiene que esa situación “restringe o perjudica el comercio de EEUU”. Sobre esa base, el organismo determinó que las políticas y prácticas chilenas en esta materia son susceptibles de ser objeto de medidas correctivas bajo la Sección 301.
La evaluación de la autoridad comercial estadounidense también aclara que, para efectos de esta investigación, no basta con que un país cuente con facultades legales que eventualmente permitan restringir el ingreso de mercancías elaboradas mediante trabajo forzoso. Según el reporte, tras revisar los antecedentes presentados durante el proceso, la USTR no identificó en Chile una prohibición expresa a la importación de este tipo de bienes, razón por la cual lo incluyó dentro del grupo de 54 economías que, a su juicio, no han establecido una restricción legal específica en esta materia.
La propuesta, detallada en el citado comunicado, forma parte de una serie de investigaciones iniciadas el 12 de marzo bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, herramienta de la que Washington dispone para enfrentar prácticas extranjeras consideradas injustificadas, discriminatorias o perjudiciales para el comercio estadounidense. Tras casi tres meses de análisis, consultas y recepción de antecedentes, la USTR dio a conocer el 2 de junio sus conclusiones preliminares y las medidas que propone adoptar.
La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez.
La cautela chilena
Las autoridades nacionales reaccionaron con cautela frente a la propuesta de la USTR y enfatizaron que el proceso aún se encuentra lejos de concluir. El canciller Francisco Pérez Mackenna subrayó que se trata de “una recomendación no vinculante” y aseguró que “nosotros seguimos negociando”, destacando además que Chile mantiene un tratado de libre comercio y “muy buenas relaciones con EEUU”. En la misma línea, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, recalcó que “esta es una recomendación, no es una medida” y afirmó que el Gobierno está trabajando para revertirla.
La subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, señaló a DF que Chile ha seguido de cerca el asunto y que continuará participando activamente en las distintas etapas del proceso. “Desde que inició esta investigación, Chile ha sostenido conversaciones permanentes con sus contrapartes técnicas y políticas, y ha participado activamente tanto en las instancias de consulta pública como en el diálogo entre gobiernos”, señaló. Añadió que el país seguirá presentando antecedentes ante las autoridades estadounidenses con el objetivo de “avanzar hacia las mejores condiciones para nuestro país”.
Estévez destacó además que existe una “comunicación directa y permanente con el USTR”, con reuniones mensuales e intercambios adicionales que mantienen a ambas partes en contacto “casi de manera semanal”. En ese contexto, recordó que la investigación aún se encuentra en fase de consulta pública.
El organismo estadounidense fijó hasta el 22 de junio como plazo para solicitar participación en las audiencias, mientras que los comentarios escritos podrán presentarse hasta el 6 de julio y las audiencias se realizarán el 7 de julio. “Chile continuará participando activamente, presentando antecedentes técnicos y desarrollando las gestiones necesarias”, afirmó la subsecretaria, antes de que la USTR formule una recomendación definitiva a la Casa Blanca.
El canciller de Chile, Francisco Pérez Mackenna. Foto: Aton
Nueva base jurídica
El socio de GeoGig y exjefe del Departamento Económico de la Embajada de Chile en EEUU, Matías Pinto, plantea que la investigación responde principalmente a la necesidad de encontrar una base jurídica más sólida para mantener la política comercial impulsada por Trump. “EEUU está buscando mecanismos regulatorios e institucionales que le permitan imponer aranceles en forma legal a los países del mundo. Nunca se había hecho una investigación tan amplia de 60 países que haya sido tan corta y con este resultado”, sostiene. En esa línea, agrega que “esto es solamente una excusa regulatoria para poder mantener el esquema arancelario que quiere la administración Trump”.
Pinto añade que la Sección 301 entrega una herramienta jurídica considerablemente más robusta que la utilizada anteriormente por la Casa Blanca. “La Sección 301 y la Sección 232 han sido utilizadas históricamente por EEEUU y existe mucha más jurisprudencia sobre cuáles son sus límites y facultades”, afirma. Por ello, estima que eventuales impugnaciones enfrentarán mayores dificultades que en el caso de los aranceles impuestos bajo la IEEPA: “Ahora tú tienes mucha más robustez jurídica (...) hace mucho más difícil ganarlo en la Corte Suprema”.
Para la economista jefa de Comercio y Clima de Bloomberg Economics, Maeva Cousin, el efecto económico inmediato de la medida sería relativamente acotado. Según sus estimaciones, si las nuevas tarifas entran en vigor una vez expiradas las sobretasas de la Sección 122, la tasa arancelaria efectiva de EEUU aumentaría apenas unos 0,5 puntos porcentuales respecto del nivel actual. Sin embargo, advirtió que la actual investigación podría no ser la última y que otros procesos en curso, especialmente el relacionado con el exceso estructural de capacidad productiva, podrían derivar en nuevos aumentos arancelarios.
La preocupación revivió entre exportadores, pero ponen fichas a gestiones del gobierno
Gremios activaron monitoreo de lo que suede en el país del norte y están interesados en participar de la consulta del USTR.
Los gremios exportadores también reaccionaron a la amenaza arancelaria, en un contexto en el cual Estados Unidos es el segundo socio comercial del país y en 2025 fue el destino de US$ 17.741 millones.
Desde Sofofa afirmaron que Chile “cumple con altos estándares nacionales e internacionales en materia laboral”.
La presidenta del gremio, Rosario Navarro, señaló que “esto debe ser rigurosamente transmitido en las instancias que correspondan en el marco de esta investigación y evitar, así, la imposición de sobretasas arancelarias”.
Destacó que para dicho objetivo hay también una negociación bilateral en curso, cuyo resultado debe ir en beneficio del sector exportador chileno para que los productos sean competitivos en un mercado tan importante como el de EEUU, en cumplimiento del Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente desde 2004.
El presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio, aseguró que monitorean el proceso “de cerca y de la mano de las autoridades” y que, de abrirse un proceso de consulta pública por parte de la Oficina del Representante Comercial de EEUU (USTR, según su sigla en inglés) participarán en pro de “analizar los alcances concretos de esta medida”.
Quien lidera la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, reconoció “preocupación” ante cualquier medida que pueda afectar la competitividad de las exportaciones chilenas, además de generar mayores costos de producción para sectores como la agricultura, que dependen del acceso a mercados internacionales.
La propuesta también encendió alertas en SalmonChile. Su presidente, Patricio Melero, afirmó que estas nuevas tasas “generan preocupación para la salmonicultura chilena” y advirtió que podrían “afectar la competitividad de una actividad estratégica para el país y las regiones del sur”.
El representante del sector agregó que un aumento en la carga arancelaria afectaría “la competitividad del sector y profundizaría los efectos que ya ha generado el arancel vigente”.
Además, en Frutas de Chile confían en que el gobierno “seguirá utilizando todos los espacios de diálogo y negociación disponibles para defender los intereses del país”, mientras que desde SalmonChile valoraron “las gestiones que está realizando”.
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