El gobierno firmó este lunes las indicaciones al proyecto de sala cuna universal, iniciativa que el Ejecutivo definió como una de sus prioridades en materia laboral y que busca extender el beneficio a todas las trabajadoras, aunque con gradualidad.
Durante un punto de prensa en el Palacio de La Moneda, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, sostuvo que la propuesta recoge elementos de las discusiones desarrolladas durante los últimos años, pero incorpora cambios orientados a asegurar gradualidad, sostenibilidad fiscal y una expansión progresiva de la cobertura.
"Este proyecto va a terminar con una distorsión, con un impuesto a la contratación de mujeres de larga data, de más de 100 años, creando un fondo de sala cuna universal para que los hijos de madres y padres trabajadores puedan tener cuidado y se pueda conciliar la vida, trabajo y familia como corresponde", afirmó.
La propuesta de indicaciones sustitutivas replica la fórmula de la administración Boric de crear un fondo que financie el acceso a a sala cuna, pero hace ajustes al financiamiento. Ahora, será una nueva cotización de 0,35% de cargo del empleador, que será compensada con una reducción equivalente en el aporte que actualmente destina el mismo empleador al seguro de cesantía.
La cotización que hoy va a las cuentas individuales del seguro de cesantía se reducirá en 0,2 punto porcentual, pasando de 2,4% a 2,2%. A ello se suma una disminución de 0,15 punto porcentual en el aporte al Fondo de Cesantía Solidario, que bajará desde 0,8% a 0,65%.
Con este esquema, el Ejecutivo busca que la creación del fondo no se traduzca en un incremento de los costos de contratación para las empresas. "No va a haber un encarecimiento de costos laborales, no hay impuesto al trabajo", sostuvo Rau.
La minuta elaborada por el Ministerio del Trabajo agrega que las proyecciones realizadas por la Superintendencia de Pensiones muestran que esta redistribución de recursos “no compromete la sostenibilidad de largo plazo del sistema de cesantía”.
Además de la cotización, las indicaciones contemplan un aporte fiscal de 11.631 UTM, equivalente a cerca de $ 10 mil millones, durante los dos primeros años posteriores a la publicación de la ley.
Además, el proyecto establece una garantía estatal explícita: si los recursos del fondo resultan insuficientes para financiar el beneficio, la diferencia será cubierta por el Fisco.
Universalidad, pero con gradualidad
Uno de los principales cambios respecto de iniciativas anteriores es la implementación gradual del sistema durante cuatro años.
El gobierno argumenta que la expansión requiere tiempo para aumentar la oferta de cupos y permitir que nuevos establecimientos se incorporen a la red, evitando presiones sobre la capacidad disponible.
Durante el primer año accederán los hijos de mujeres trabajadoras dependientes regidas por el Código del Trabajo. Esto incluye a las trabajadoras de empresas con menos de 20 mujeres contratadas, quienes actualmente quedan fuera del beneficio establecido en el artículo 203. También se incorporarán los hijos de padres o personas trabajadoras que tengan legalmente el cuidado personal del niño o niña.
En el segundo año se sumarán los hijos de trabajadoras independientes y trabajadoras de casa particular.
La tercera etapa contempla la incorporación de hijos de padres trabajadores dependientes o independientes cuando la madre no tenga la calidad de trabajadora. En este grupo se dará cobertura a hijos de mujeres que estén buscando empleo activamente o cursando estudios regulares en instituciones reconocidas por el Estado.
Finalmente, durante el cuarto año ingresarán los hijos de padres trabajadores cuyas madres no trabajan, no estudian ni están buscando empleo. En esta etapa también se incorporarán los padres trabajadores del sector público con niños en edad de sala cuna de instituciones del Gobierno Central.
Diferencias con el proyecto anterior
Consultado por las similitudes con la propuesta impulsada durante la administración del expresidente Gabriel Boric, Rau reconoció que existen elementos comunes, aunque sostuvo que la nueva versión introduce cambios relevantes.
Entre ellos mencionó una implementación gradual de cuatro años, la ampliación de la oferta disponible mediante la incorporación de salas cuna privadas con autorización de funcionamiento, y una estimación financiera basada en datos actualizados del Censo 2024.
Asimismo, señaló que las proyecciones consideran tasas de uso más elevadas que las contempladas en la iniciativa anterior, llegando a una convergencia de 70% para hijos de madres trabajadoras y de 40% para hijos de padres trabajadores.
"Acá no hay excusa para no avanzar y no avanzar no es opción", sostuvo el ministro, quien hizo un llamado a la oposición y a los distintos actores políticos a respaldar la iniciativa.
Los números tras la apuesta
Las indicaciones del gobierno incorporan una modelación financiera actualizada. De acuerdo con el informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos (Dipres), las estimaciones utilizan información del Censo 2024, registros administrativos del Servicio de Registro Civil, antecedentes de cotizantes del Seguro de Cesantía y del sistema previsional, además de proyecciones demográficas actualizadas del INE.
Sobre esa base, el Ejecutivo proyecta que durante el primer año de funcionamiento del sistema accederán al beneficio poco más de 15 mil niños y niñas, cifra que aumentaría gradualmente hasta superar los 67 mil beneficiarios al cuarto año de implementación, cuando se complete el proceso de incorporación de nuevos grupos de trabajadores.
El informe financiero, además, calcula que la utilización efectiva del beneficio aumentará progresivamente en el tiempo. Así, el gobierno estima una tasa de uso inicial de 46% entre madres trabajadoras y de 20% entre padres trabajadores cuyas parejas no se encuentren trabajando. A medida que aumente la oferta disponible y se consolide la implementación del sistema, dichas tasas convergerían a 70% y 40%, respectivamente.
Según la Dipres, esta expansión estaría asociada tanto a una mayor disponibilidad de cupos como a un eventual incremento en la participación laboral femenina derivado de la universalización del beneficio.
El informe, además, asegura que el Fondo de Sala Cuna recaudaría cerca de $ 268 mil millones durante su primer año de operación mediante la nueva cotización de 0,35%, cifra que aumentaría gradualmente en los años siguientes.
En paralelo, se estima que los gastos asociados al financiamiento de salas cuna privadas alcanzarían cerca de $ 28 mil millones durante el primer año de vigencia.
“Considerando la trayectoria de ingresos y egresos del Fondo, balance neto es positivo en los primeros cinco años de vigencia. No se espera que sean necesarios aportes fiscales adicionales a los ya contemplados, ni el uso de la garantía fiscal para asegurar su sostenibilidad”, expone el informe financiero.
El reporte entrega, además, una señal sobre el monto de referencia que podría recibir cada establecimiento. Para efectos de las proyecciones, Dipres asumió un aporte promedio mensual de 5,2 UTM por niño o niña beneficiario/a (unos $ 371.831), equivalente al costo promedio observado entre las empresas que actualmente cumplen con la obligación de proveer sala cuna mediante establecimientos externos.
El monto definitivo, sin embargo, será determinado posteriormente por la Comisión Técnica de Financiamiento y Sustentabilidad. Esta instancia podrá encargar estudios especializados para determinar el valor del beneficio y monitorear variables como costos de operación, evolución de la oferta, proyecciones financieras y tasas de utilización del sistema.
En caso de que exista una diferencia entre el aporte del fondo de sala cuna y el costo efectivo del establecimiento, dicho copago recaerá en la madre o la persona que tenga el cuidado personal del niño o niña (acreditado legalmente), salvo que exista un acuerdo con el empleador para que este asuma dicho costo.
De acuerdo con las cifras de la Dipres, la incorporación de los padres trabajadores del Gobierno Central (desde el cuarto año) generará un gasto fiscal adicional de $ 5.894 millones.
El informe financiero estableció que el costo fiscal total de la iniciativa alcanzará $ 11.044 millones durante el primer año de implementación, considerando los aportes iniciales al fondo y el fortalecimiento institucional requerido para su puesta en marcha. Posteriormente, se estabilizaría en torno a $ 6.176 millones anuales.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
Carolina León
{{/if}}
