Entre 2006 y 2007, el gasto del gobierno central alcanzaba apenas al 17% del PIB. En esos mismos años la cuenta corriente tuvo un superávit promedio de más de 5% del producto. Cinco años después, este gasto representa en torno al 22% del PIB y se estima un déficit en cuenta corriente algo mayor al 3% del PIB. No es sorprendente, entonces, que se proponga una reducción del crecimiento del gasto fiscal como política para corregir el déficit externo. Sin embargo, aunque se considera una buena señal el anuncio de un retorno al balance estructural antes de lo anteriormente previsto, se debe al mismo tiempo advertir que con esta política el ajuste a la baja en el ratio de gasto a PIB no sólo será moderado, también lo será su contribución para equilibrar las cuentas externas y evitar la apreciación del peso.
El aumento del gasto fiscal de los últimos años se justificó, primero, en la necesidad de hacer frente a la crisis financiera internacional y sus efectos en el país en 2009, y, en segundo lugar, por el esfuerzo de reconstrucción luego del terremoto del 27F 2010. Sin embargo, a pesar de haberse en esencia superado estos eventos, el grueso del estímulo fiscal se mantuvo en el presupuesto de 2012 y en la actual propuesta para 2013, que adicionalmente han aumentado al ritmo del PIB.
Pero ¿cómo se explica que el presupuesto mantenga este nivel, si no se repiten gastos transitorios como los bonos y los de reconstrucción? La respuesta se encuentra en la subestimación de algunos gastos de carácter permanente, como la reforma previsional, y la aprobación de nuevas erogaciones también permanentes, como la eliminación parcial del 7% de los gastos de salud de los jubilados, el aumento del post natal, el salario ético familiar, mayores gastos en educación no cubiertos por la última reforma tributaria, y subsidios para el transporte, por sólo mencionar los más relevantes.
En este orden de ideas, cuando el gobierno adelanta el objetivo de déficit estructural de 1% para 2013 -en lugar del 2014 previo- envía una señal positiva, pero también reconoce los reducidos grados de libertad que hay para hacer un ajuste.
Para tener una idea de magnitudes, un retorno a un ratio de 17% eliminaría el déficit en cuenta corriente y la apreciación del tipo de cambio, pero también requeriría un recorte de gasto de cerca de US$ 15 mil millones, esto es, un cuarto del presupuesto actual. En cambio, con adelantar el objetivo estructural se bajará el ratio en apenas un par de décimas de punto porcentual.
Esto también se puede ver en términos dinámicos. Por ejemplo, con aumentos de gasto fiscal interanual de 4%, y crecimientos del PIB de 5%, volveríamos a los 17 no en 100 años, pero sí en algo más que un cuarto de siglo. Esto permite ilustrar, por un lado, que la respuestas hay que buscarlas en otros ámbitos, por cierto en el gasto privado que contribuye aproximadamente con 80% de la demanda interna. También, que cuando hay factores exógenos que explican ciertos desequilibrios, corregirlos con las herramientas de política disponibles puede ser muy difícil.