Acelerar nuestro camino al desarrollo exige avanzar en varios frentes a la vez. Y eso es lo que ha venido haciendo el gobierno de Chile. Nos hemos ocupado de contar con una economía sólida, que crece con fuerza y continúa reduciendo el desempleo, aun en un escenario internacional adverso. Hemos concretado reformas sociales largamente esperadas que, entre otras cosas, han permitido una disminución sustancial de la pobreza extrema y han llevado a la desigualdad de ingresos a su nivel más bajo desde que, hace veintidós años, comenzó a medirse a nivel nacional. Y no nos hemos olvidado de la necesidad de profundizar y perfeccionar nuestra democracia. Acabamos de dar otro gran paso en este último ámbito con la aprobación del proyecto de ley que establece un sistema de elecciones primarias.
Chile realizó una exitosa transición a la democracia. Pero hace tiempo se aprecian signos inquietantes, como la constante baja en la participación electoral y la creciente desconfianza hacia las instituciones públicas. Ello tiene mucho que ver con la percepción de la política como el juego exclusivo de unos pocos, en que la ciudadanía advierte escasas posibilidades de auténtica intervención. Por eso es tan importante crear nuevos canales de participación y mejorar los existentes.
Cuando todavía queda casi un año y medio del actual período presidencial, hemos aprobado dos reformas que apuntan a esos objetivos y pueden ser responsablemente calificadas como históricas.
La primera creó un sistema de inscripción electoral automática y dio carácter voluntario al ejercicio del voto. Esa reforma, que cuenta con amplio respaldo ciudadano y nos pone a tono con la gran mayoría de los países de la OECD, ha permitido incorporar a más de 5 millones de personas al padrón electoral, lo que supone un crecimiento de éste de aproximadamente un 60%, mayor incluso que el que produjo la aprobación del voto femenino para las elecciones presidenciales de 1952.
La instauración de un sistema de primarias voluntarias y vinculantes, organizadas y financiadas por el Estado, para la selección de candidatos a Presidente, Senadores, Diputados y Alcaldes es, sin duda, otro paso histórico.
La experiencia internacional muestra que las primarias generan en los ciudadanos una mayor confianza e interés por la política, pues los electores no quedan necesariamente limitados a escoger entre las opciones que lo partidos ponen ante sí, sino que se abre la posibilidad para que puedan involucrarse también en la tarea de decidir quiénes serán esos candidatos.
Un sistema de primarias establecido por ley tenderá, así, a incrementar la libertad de elección de los ciudadanos y su interés por los procesos electorales, y estimulará una mayor competencia por los cargos de elección popular. Y todo ello ofrecerá incentivos apropiados para el surgimiento de una mejor política, con mayores grados de renovación y mayor sintonía con la ciudadanía, lo que es fundamental para la salud de la democracia.
Fiel a la valoración de la libertad que inspira al Gobierno, el sistema de primarias aprobado es, tal como prevé nuestra Constitución, voluntario, de modo que quedará entregada a cada partido la decisión de llevarlas a cabo y respecto de qué cargos hacerlo, aunque sus resultados serán siempre de obligatorio cumplimiento. De esta forma los ciudadanos tienden a premiar efectivamente a los candidatos emanados de elecciones primarias, el sistema tenderá a generalizarse. En sus manos estará, por tanto, el camino que tomará la selección de candidatos en Chile. De esa manera, la libertad de elección de los ciudadanos y la autonomía de los partidos resultarán perfectamente compatibilizadas.
Seguiremos impulsando con especial énfasis otras reformas políticas. Pero no cabe duda que, con las dos aprobadas hasta ahora, se han producido avances muy importantes. Por primera vez en nuestra historia, todos los chilenos con derecho a sufragio están incorporados en el padrón electoral y podrán votar cuando lo deseen sin necesidad de realizar ningún trámite previo. Y los partidos cuentan con un sistema regulado por ley y financiado por el Estado para escoger a sus candidatos de forma participativa. Así, con el aporte de todos los sectores políticos, estamos construyendo una mejor democracia.