Varias voces han calificado de “histórico” el fallo de la Corte Suprema que rechazó el Proyecto de la Central Termoeléctrica Castilla. La resolución del máximo tribunal ratificó el dictamen de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, declarando como ilegal el Estudio de Impacto Ambiental, acogiendo la apelación de los vecinos y pescadores del sector.
El fallo y otras actuaciones reafirman la idea de que nuestra normativa ambiental es frágil y que necesita robustecerse. El inicio de las operaciones de los Tribunales Medioambientales y el Nuevo Reglamento de Evaluación Ambiental son algunos avances que además contemplan mejores espacios de participación ciudadana, ya que tanto en Castilla como en otros casos se releva la importancia de la gestión comunitaria para la continuidad y gestión de costos de los proyectos.
Pero, ¿qué es la participación ciudadana? Hasta ahora se lo ha entendido como un proceso voluntario de información hacia la comunidad y no como un proceso necesario de diálogo. Es así como la mayoría de las empresas no conoce los lugares donde se insertan, porque siguen pensando que basta con contratar gente de la zona y pagar impuestos. Hoy las personas son voces claves en el proceso y tienen que ser tomadas en cuenta a la hora de tomar decisiones. Si las determinaciones se siguen tomando en las cúpulas de poder, sin tener en cuenta lo que la comunidad quiere de su futuro y del desarrollo de sus territorios, probablemente nos veremos enfrentados a las mismas problemáticas.
Además, en el caso Castilla quedó claro que las comunidades quieren ser escuchadas y participar activamente en la toma de decisiones. Ni el dinero pactado en el EIA, ni el plan de compensaciones adicionales por US$ 17 millones, bastaron para la resolución del conflicto.
Hoy necesitamos certidumbre para los proyectos de inversión y para esto las empresas deben trabajar de la mano con las comunidades, pero también necesitamos un marco regulatorio claro y una autoridad capaz de fijar estándares y obligaciones que den claridad a los inversionistas.
Las empresas sostenibles no son las que usen menos carbón, sino las que tengan una mirada de largo plazo, consideren su externalidad e incorporen a sus grupos de interés en la gestión de su negocio.