Reajuste sector público: moderación necesaria, pero insuficiente

i la discusión del reajuste de sueldos del sector público siempre es difícil, lo era aun más este año, en medio del tensionado clima político y complejo escenario económico generados por el conflicto social.

Las agrupaciones sindicales del sector público habían hecho un petitorio ambicioso, solicitando un reajuste de 7%. Ello, en un cuadro en que los estudios muestran que los empleados públicos ganan en promedio un 30% más que trabajadores equivalentes del sector privado, a lo que se suma que el 50% de los primeros gana más de $ 1.200.000, lo que los ubica en el 10% más rico.

En base a lo anterior, el gobierno logró aprobar un reajuste escalonado, en que los funcionarios que ganan hasta $ 500.000 tienen un reajuste de 2,8%, más un bono mensual de $ 35.000; los que ganan entre $ 500.000 y $ 3.000.000 se reajustarán un 2,8%; sobre los $ 3.000.000 será un 1,4%; y finalmente, las altas autoridades no tendrán reajuste en sus remuneraciones. Incluso reconociendo los esfuerzos del gobierno por moderar el impacto fiscal de la ley más costosa para el erario cada año, surgen dos observaciones.

Lo primero es que sigue siendo muy necesaria una reforma integral en esta materia, por cuanto este reajuste incorpora en la misma ley numerosos beneficios, asignaciones y subvenciones que tienen poco que ver con las remuneraciones de los funcionarios públicos, y que deberían revisarse y reajustarse en su mérito. Tampoco parece razonable que los reajustes de remuneraciones de los funcionarios públicos continúen estando alejados de métricas de desempeño y relevancia de los servicios.

Lo segundo es que, si bien este reajuste escalonado tiene su justificación en consideraciones de desigualdad de ingresos, lo cierto es que las brechas positivas de remuneraciones respecto al sector privado se encuentran, precisamente, en los mandos medios, mientras que en los cargos de alta responsabilidad ocurre el fenómeno contrario. Ese problema se acrecienta con este reajuste escalonado y puede dificultar la atracción de talentos muy necesarios en la función pública.