Editorial

Mal evaluados

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a intensidad del debate para definir el Presupuesto de la Nación para el 2021 está tomando fuerza estos días a medida que se acerca el plazo para su presentación oficial al Congreso. Aunque siempre es un hito relevante a nivel de economía y política, este año lo es aún más dado que las decisiones que se tomen deben necesariamente equilibrar por una parte un manejo de una situación de estrés fiscal por los altos costos que ha tenido y tendrá la pandemia; y, a la vez, la necesidad de seguir contando con recursos para focalizar en aquellos sectores más desprotegidos a nivel sanitario o que estén en situación precaria.

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Uno de los temas que se está empezando a relevar, correctamente, es cómo reenfocar recursos hacia las nuevas prioridades y urgencias. En este sentido, ante el golpe de realidad de no poder seguir haciendo crecer a este ritmo el gasto público, la mirada se vuelve hacia aquellas zonas del gasto estatal que no están cumpliendo su objetivo. Para esto, tanto el análisis como el rediseño de programas requiere un respaldo políticio importante.

En esta edición se recoge tanto el proceso como el resultado de las últimas evaluaciones por parte de la Dipres y el Ministerio de Desarrollo Social, insumo clave para el debate.

El problema que esto presenta es que en años anteriores ha resultado sumamente complejo cortar o reducir estos ingresos en la práctica, aunque a nivel de discurso hay consenso. Esto, por una serie de razones, entre ellas, la dificultad de romper la inercia administrativa y las presiones de autoridades locales.

La actual coyuntura impone a este difícil proceso una urgencia ética de efectivamente poder mejorar el gasto social en una coyuntura de desempleo y baja de ingresos generalizada. La salud y la educación, adicionalmente, están en un punto máximo de exigencia dado los efectos de la pandemia. Este proceso de mejorar el gasto público, tanto en su eficiencia, límites y transparencia, será clave para el Chile que viene.

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