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Editorial

El Banco Central ya tiene una misión

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n medio de la discusión en el Congreso sobre el proyecto que busca reducir la dieta de los parlamentarios, fue aprobada este miércoles en forma unánime una indicación según será el Banco Central (BC) quien deba fijar una nueva escala de sueldos. Esto regiría no sólo para los legisladores, sino eventualmente para alrededor de 2.500 altos cargos de administración estatal (incluyendo ministros, miembros del Poder Judicial, efectivos de las Fuerzas Armadas y al Presidente de la República, entre otros), con el propósito explícito de que sea un organismo autónomo, y no el propio Congreso, el que establezca los criterios de remuneración, en el entendido de que ello daría más garantías de transparencia y probidad a la hora de fijar los sueldos.

Lo propuesto, que el Ejecutivo debe definir en un plazo de 30 días, requiere modificar la ley orgánica del Banco Central, pero sobre todo, supone alterar su misión fundamental, que consiste en velar por la estabilidad de la moneda para controlar la tasa de inflación, así como “promover la estabilidad y eficacia del sistema financiero”, según lo expresa el propio instituto emisor.

Ello recuerda la reciente propuesta de que sea el Banco Central quien administre el 4% adicional de cotización obligatoria para las pensiones, que este diario criticó por la misma razón: no conviene desviar a este organismo de su delicada misión fundamental, pues ello pone en entredicho precisamente las cualidades por las que se lo valora, que son su autonomía, seriedad y capacidad técnica. Más aun , junto con deslindar en el BC una responsabilidad que le compete al Congreso, la iniciativa sugiere que tal vez se requiere que más instituciones emulen las virtudes por las que se aprecia al organismo, no que éste deba asumir más funciones de las que ya cumple.

Al alero del convulsionado momento que atraviesa el país ideas discutibles como ésta encuentran mayor espacio, más en función de su conveniencia política que de su idoneidad técnica. Es un riesgo que debe evitarse a toda costa, pues daña justamente lo que se quiere proteger: la credibilidad y la calidad de las instituciones.

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