Capacitación en tiempos de crisis

n 2011 una comisión transversal de expertos trabajó en un serio informe para evaluar el impacto en la empleabilidad de los programas asociados a franquicias tributarias para la capacitación. En esa oportunidad, se comprobó que los asistentes a dichos cursos tenían posteriormente muy poco empuje en materia de nuevas oportunidades y de aumento de salarios. En otras instancias adicionalmente se revelaron importantes problemas de corrupción en el otorgamiento e implementación de estas franquicias.

Con todo, 9 años más tarde, aún manteniendo el consenso técnico en la necesidad del cambio y pese al apoyo de todos los gobiernos sucesivos, no se ha logrado un real cambio en el sistema. El último proyecto de la materia -presentado en marzo de 2019- ya fue aprobado y está a la espera de la revisión en la sala, pero en los últimos días ha sufrido una campaña de ataques de parte de parte de los proveedores de cursos. Bajo el lema #noalaleySence, se argumenta que se reducirá el número de trabajadores capacitados y que en torno a 16 mil personas de esta industria perderían sus empleos.

Sin embargo, la propuesta del gobierno no apunta a afectar ni el número ni a los actuales proveedores sino que a asegurar que estos cursos que son financiados por el Estado vayan efectivamente a mejorar la situación de quienes son capacitados. Por eso, propone entre otras cosas, a introducir métricas de empleabilidad efectiva tras los cursos para evaluarlos, abrir la posibilidad de que instituciones de educación superior ofrezcan los cursos y un copago de parte de las empresas (excluyendo a gran parte de las pymes).

Es clave que el debate de los cambios al Sence no se entrampe en una discusión de slogan, especialmente en un momento en que es clave reconvertir el rumbo al interior de muchas empresas golpeadas por la crisis. Esta ley podría ser en los años venideros un apoyo para muchos en un escenario laboral complejo.