×
Columnistas

Solidaridad verdadera en pensiones

Hernán Cheyre V. Centro de Investigación Empresa y Sociedad (CIES), U. del Desarrollo

Por: Hernán Cheyre V. | Publicado: Viernes 14 de febrero de 2020 a las 04:00 hrs.
  • T+
  • T-

Hernán Cheyre V.

La idea de incorporar mayores grados de solidaridad en el sistema previsional chileno es una materia que ya quedó instalada en la discusión política, y por tanto lo que cabe discutir es cuál es la mejor forma de hacerlo. En lo que respecta a las pensiones y aportes vinculados al pilar solidario, orientados a los sectores más pobres de la población, ya está aceptado que el financiamiento de este beneficio debe recaer en toda la comunidad, y es por ello que los recursos para el financiamiento de estos programas se extraen de las rentas generales del sector público.

Imagen foto_00000001

Sin embargo, la situación cambia cuando la población objetivo son los sectores medios: tanto el proyecto que está tramitando el Gobierno como la contrapropuesta lanzada por la oposición, contemplan introducir una cotización adicional orientada a financiar un sistema de ahorro colectivo. Este escaparía de la lógica pura de los mecanismos de capitalización individual, al incorporar la opción de poder realizar transferencias para suplementar las pensiones que están recibiendo –o van a recibir- sectores medios cuyo ahorro acumulado en cuentas individuales fue insuficiente.

En definitiva, lo que se busca es introducir una dosis de “reparto” a través de la cotización adicional, que el Gobierno ha propuesto que sea de 3% -con el acuerdo de la DC-, y que el resto de la oposición busca elevar a 6%, de manera que los beneficios adicionales que se puedan otorgar por esta vía sean mayores.

Es bien sabido que los sistemas de reparto puros tienen un desfinanciamiento estructural, por cuanto las tendencias demográficas apuntan a una caída persistente en la relación entre trabajadores activos y pasivos. Por eso, a través de un sistema como el que se está proponiendo se busca mezclar ahorro con reparto, de manera de poder acumular parcialmente reservas que permitan cubrir esa brecha financiera durante un período largo. Al problema financiero de estos sistemas se suma su impacto sobre el mercado del trabajo, por cuanto una cotización de este tipo, en definitiva, es un impuesto a la contratación, que desincentiva los empleos formales.

Pero la mayor contradicción con la búsqueda de solidaridad proviene de la regresividad inherente a su financiamiento, por cuanto bajo las modalidades actualmente en discusión éste recae únicamente en los asalariados del país, en circunstancias de que toda la comunidad debería contribuir a financiar este beneficio. Es por ello que si se decide continuar avanzando por este camino, lo procedente sería hacerlo derechamente sobre el sistema impositivo general, a través de la única vía en la que van quedando espacios, que es la tributación a las personas.

Asi, en lugar de establecer una cotización adicional de 3% a los trabajadores asalariados, en las próximas etapas de la discusión legislativa se debería explorar la opción de buscar una tasa que genere una recaudación equivalente, aplicada a todos los tramos del impuesto de segunda categoría y del impuesto global complementario. De esta manera lograríamos que todos los chilenos contribuyan al financiamiento de este beneficio, y no sólo los asalariados.

Si se lograra avanzar en esta línea se estaría corrigiendo, de paso, una gran anomalía del sistema tributario chileno, en que la gran mayoría de la población no paga impuesto a la renta, justo lo opuesto a lo observado en los países que usualmente se consideran referentes para analizar la carga y la estructura impositiva. Sería más justo y más eficiente.

Lo más leído