Primero, el Estado de Derecho y la democracia

José Ignacio Martínez Estay

El sometimiento de todos al Derecho es uno de los grandes avances en la historia de la humanidad. La idea de que gobernantes y gobernados están sujetos a unas mismas reglas del juego se había construido poco a poco durante la Edad Media, y fue puesta en entredicho por el absolutismo. La respuesta a esta amenaza fue el constitucionalismo, que surge en el siglo XVII reivindicando la primacía del Derecho y proclamando el principio de separación de poderes.

La evolución del movimiento constitucional permitió el desarrollo de la democracia representativa, dándose origen al Estado Constitucional y Democrático de Derecho. En ese marco, los padres del constitucionalismo proclamaron la existencia de unos derechos inalienables, cuya protección es la razón de ser de toda Constitución.

Con el comienzo de nuestra vida republicana emprendimos el desafío de adoptar ese sistema. El camino no ha estado exento de dificultades y de acontecimientos dolorosos, como la Guerra Civil de 1891 o la ruptura constitucional de 1973. Por eso, en tiempos convulsos como los que estamos viviendo, resulta necesario recordar que nada puede justificar poner en entredicho el Estado de Derecho, la Democracia y los Derechos.

Esto implica que cualquier aspiración o demanda, por legítima que sea, sólo puede canalizarse a través de los mecanismos propios de la democracia representativa, y con un estricto respeto al Derecho, porque nadie está por sobre éste. Y si bien la defensa de la Democracia y del Estado de Derecho no puede llevarse a cabo vulnerando impunemente los derechos de nadie, tampoco podemos ejercer estos derechos violentando los de los demás.

No cabe duda de que se trata de un equilibrio complejo. Pero esto no puede servir de excusa para que, por acción o por omisión, se validen conductas que resultan incompatibles con el Estado Constitucional y Democrático de Derecho, en el que la violencia resulta simplemente inadmisible, cualquiera sea la excusa que su utilice para justificarla. Controlarla y erradicarla es un imperativo, porque sin orden público no puede desenvolverse la vida social, y porque además estamos ad portas del plebiscito del 26 de abril.

Ese día debemos decidir de manera libre, informada, y sin ningún tipo de coacción, acerca de si queremos o no una nueva Constitución. Es deber de todos, pero muy especialmente del Gobierno y de la oposición democrática, generar un gran acuerdo nacional que permita defender el Estado de Derecho, la Democracia y los Derechos, y restablecer la convivencia civilizada.