La reivindicación del lucro

Matko Koljatic

”El lucro ya no es tema, ahora lo es la corrupción”. Se lo escuché a Alberto Mayol, el profesor de sociología de la Universidad de Santiago (USACH), en una entrevista radial reciente en que comentaba su nuevo libro sobre las tendencias sociales en el país. Pienso que Mayol tiene razón.

Recapitulando, la demonización del lucro comenzó en la “revolución de los pingüinos” y adquirió el carácter de principio rector de las políticas públicas en el país en los escritos de un grupo de académicos -entre los que se cuenta Mayol- que alimentaron las marchas estudiantiles de 2011. De ahí, la consigna “no + lucro” pasó al programa de gobierno de la Nueva Mayoría.

El primer gabinete del segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet acogió la consigna con entusiasmo. La trayectoria de los líderes políticos en ese primer gabinete explica dicho entusismo. Rodrigo Peñailillo había sido presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad del Bío Bío, cargo en el que se mantuvo por dos periodos consecutivos. En esa calidad, fue el representante de las universidades del sur en la mesa de la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH). Lo acompañaban Alberto Arenas -un activo dirigente estudiantil de izquierda en sus años de estudiante de ingeniería comercial en la Universidad de Chile - en Hacienda y varios otros ex presidentes de federaciones estudiantiles, especialmente en los ministerios de Educación (MINEDUC) y de Salud (MINSAL). Aunque la afirmación es una simplificación, podríamos decir que en este período funcionó el “gobierno de la CONFECH”. No es sorprendente, entonces, que Peñaiñillo y sus adláteres hayan intentado establecer el fin del lucro en todas aquellas actividades en que hubiera financiamiento fiscal, siguiendo la doctrina de la “retroexcavadora” del senador Quintana.

Las reformas en ese sentido se fueron sucediendo. Desde la reforma educacional diseñada desde el MINEDUC, pasando por la detención de las concesiones hospitalarias y las discriminaciones contra la provisión privada en una serie de reparticiones públicas, como el Servicio Nacional de Menores (SENAME). Pero los escándalos de corrupción y la ineptitud de varios de sus ministros botaron a ese gabinete, con lo que la autoridad se desplazó a Jorge Burgos (y a Mario Fernández después) y Rodrigo Valdés, quienes no parecen compartir las ideas de sus juveniles antecesores.

Así transitamos al “realismo sin renuncias” -la ralentización de las reformas- y a la etapa actual, que en mi impresión se inicia el pasado 30 de noviembre, en la sesión inaugural del Encuentro Nacional de la Empresa (ENADE) 2016, en que la presidenta Bachelet realizó un llamado al sector privado para “trabajar codo a codo en torno a lo que nos une”. Además, sostuvo que “todos debemos hacer nuestra parte. Nosotros asumimos la nuestra y no ha sido fácil, y Chile espera lo mismo de sus empresarios”.

Aunque el párrafo es algo críptico, leyendo entrelíneas interpreto que trabajar “codo a codo” solo puede significar reactivar la alianza público-privada para resolver los problemas del país, y que los empesarios “asuman su parte” implica necesariamente lucro.

Es cierto que la presidenta entregó el mensaje en un entorno empresarial, por lo que se podría interpretar sus dichos como palabras de buena crianza. No lo veo así. En entornos similares en años anteriores sus palabras fueron recriminatorias hacia la actividad empresarial privada y las conductas de los empresarios. Recuerdo en particular un discurso en una cena de la minería. De modo que parece haber un cambio en la dirección de los vientos, a lo menos en el discurso.

Ello puede alimentar la confianza como para recuperar la inversión en los 14 meses que quedan de gobierno. Como dijo Alberto Salas en el mismo ENADE, no podemos estar inmobilizados. ¿Qué falta?, que las multiples reparticiones públicas que inciden en las decisiones de inversión del sector privado reciban el mismo mensaje de parte de la presidenta. No vaya a ser que el “codo a codo” no funcione por quienes reman en otra dirección en el gobierno.