Luis Larraín

Política con mayúsculaO

Luis Larraín Director Ejecutivo Libertad y Desarrollo

Por: Luis Larraín | Publicado: Lunes 5 de diciembre de 2016 a las 04:00 hrs.
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Las ayudas para estudiantes de educación superior no responden a criterios relacionados con la vulnerabilidad de los alumnos ni la calidad de las instituciones, sino a situaciones históricas.

En las universidades existen actualmente las becas Bicentenario y Juan Gómez Millas. Las primeras son para los estudiantes que asisten a instituciones del Consejo de Rectores (CRUCH) y equivalen al arancel de referencia de las carreras y planteles elegidos. Las segundas son para quienes asisten a las demás universidades y alcanzan un monto de 1 millón 150 mil pesos. Esta situación es manifiestamente injusta, pues perjudica precisamente a los alumnos más vulnerables.

Esta discriminación nunca ha sido reconocida como tal ni repudiada por el gobierno ni la Nueva Mayoría. Obnubilados por la utopía de la gratuidad, la palabra “beca” pasó a ser prohibida en el léxico de algunos políticos de ese sector desde hace mucho tiempo, dado lo cual, presumimos, no se intentó cambiar esta injusticia. La oposición, en cambio, y en especial los parlamentarios de las comisiones de Educación del Senado y la Cámara de Diputados, la han denunciado constantemente. Sin embargo, nunca tuvieron las mayorías para cambiar esta realidad.

La semana pasada, en la tramitación de la Ley de Presupuesto y producto de un acuerdo político, motivado por el fallo del Tribunal Constitucional del año pasado, finalmente se ha corregido esta discriminación.

En efecto, el año 2017, 3.500 estudiantes de educación superior que estudian en instituciones de calidad acreditada, pero que no pertenecen al CRUCH, podrán acceder a la Beca Bicentenario que paga a sus beneficiarios la totalidad del arancel de referencia. El año 2019 el sistema de becas universitarias se equiparará, pudiendo acceder a éste todos los estudiantes provenientes de los hogares del 70% más vulnerable. Para lo anterior sólo se considerarán los años de acreditación de la universidad y la situación socioeconómica de los alumnos.

En la educación técnico profesional, se aumentó el monto de las becas y se permitió que primaran solamente los criterios de vulnerabilidad y de calidad de las instituciones, eliminando otras exigencias como la forma de organización jurídica. Así, se establecen 3 tramos de becas Nuevo Milenio, cuyos montos son: a) $ 900 mil pesos para estudiantes provenientes del 50% de los hogares más vulnerables del país, siempre que asistan a instituciones con 4 o más años de acreditación; b) $ 860 mil pesos para estudiantes provenientes del 50% de los hogares más vulnerables, siempre que asistan a instituciones con 3 años de acreditación; y c) $ 600 mil pesos para estudiantes matriculados en instituciones con 2 años de acreditación y para los deciles 6 y 7 de instituciones con más acreditación. Así, estudiantes vulnerables que estudian en buenas universidades recibirán más ayuda del Estado, gracias a esta buena política pública.

La Presidenta Bachelet ha expresado públicamente su beneplácito por esta solución. Quienes se han opuesto, en cambio, han sido los diputados Jackson y Boric.

El acuerdo es producto de una acertada decisión política de parlamentarios de centroderecha, liderados por el senador Allamand, quienes advirtieron al Ejecutivo que harían una presentación al Tribunal Constitucional, y trabajaron en ella hasta constituir un sólido caso. La presentación, en la que trabajaron profesionales de Libertad y Desarrollo, objetaba la nueva discriminación que contenía la Ley de Presupuestos en esta materia.

El trabajo de los senadores Andrés Allamand, Ena Von Baer y José García y los diputados Jaime Bellolio, María José Hoffmann y José Manuel Edwards puso en alerta al gobierno, que no quiso arriesgarse a un nuevo revés en el Tribunal Constitucional y accedió a negociar para eliminar la inconstitucionalidad de su proyecto. Los ministros Eyzaguirre, Delpiano y Valdés estuvieron a la altura de las circunstancias.

Así, presionada, la Nueva Mayoría se pareció esta vez a la Concertación y logró aprobar una legislación justa, en desmedro de sus grupos de interés.

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