¿Y después de la crisis, qué?

Luis Felipe Lagos

En una columna anterior nos referíamos a los efectos de corto plazo en la economía del episodio de extrema violencia que hemos vivido, y a la pertinencia de una agenda de reactivación financiada con deuda y recursos acumulados. En esta ocasión nos centramos en los impactos de mediano plazo.

Más allá de las legítimas demandas sociales, el estallido de violencia dejó claro que existe un cierto aval de ésta, en la medida que para algunos es un método lícito de conseguir cambios en una sociedad democrática. Esto sin duda modifica la percepción de estabilidad del país.

En efecto, el contexto violento logró que en tres días el Ejecutivo remplazara su objetivo de cambios a la Constitución, por la redacción de una nueva Constitución, y modificara sustancialmente su programa de gobierno; sabiendo que en mayo pasado las encuestas de opinión ponían a la Constitución en los últimos lugares de los problemas urgentes por resolver. Si, además, como se ha evidenciado, existe un escaso control por parte del Estado de la violencia anarquista, narcotráfico y delincuencia, que aún persiste, tenemos entonces una democracia débil, con poco poder de defensa. En estas condiciones, la incertidumbre se acrecienta, la inversión se posterga y el consumo se debilita.

Optar por la redacción de una nueva Constitución partiendo de “una hoja en blanco”, es probablemente, uno de los factores que genera mayor incertidumbre; es repensar el país que queremos en un ambiente donde todavía pueden ocurrir episodios de violencia y con opiniones muy polarizadas, a tal punto que el presidente del Senado ha afirmado que… “Chile no necesita una retroexcavadora, al menos necesita tres”. Eventualmente, podemos pasar los próximos dos años en la discusión constitucional, con altos grados de incertidumbre política que deterioren las expectativas, afectando inversión, consumo, empleo y dinamismo de la economía.

¿Se puede ser menos pesimista? Si, pero primero hay que controlar la violencia; después, una iniciativa que fijara márgenes o bordes a la “hoja en blanco” reduciría la incertidumbre. Por ejemplo, la nueva Constitución no debiera debilitar el derecho de propiedad y, a la vez, hacerlo compatible con los derechos sociales; debiera mantener la autonomía del Banco Central, con prohibición de prestarle al gobierno; mantener la iniciativa exclusiva del Ejecutivo en materia de gasto y establecer que la conducción fiscal asegure la solvencia del Fisco.

El ministro de Hacienda ha hecho un llamado para avanzar en una nueva hoja de ruta. Esta debe considerar mejoras en la calidad de los servicios sociales: seguridad ciudadana, salud, educación, transporte y mejores pensiones. No obstante, para una agenda sostenible, la política económica debe priorizar el crecimiento, mejores empleos y mayor productividad. Sin ellos habrá poco que repartir, acentuándose el malestar social. El motor del desarrollo debe seguir siendo el sector privado, en un contexto de libre competencia con una economía abierta comercial y financieramente al mundo.

Por último, la precariedad de las finanzas públicas introduce el riesgo de un “impuestazo” y aumentos en el costo de financiamiento. Por lo cual, se requiere un compromiso político transversal para reasignar gastos públicos mal evaluados y, una vez asegurada la reactivación económica, considerar mecanismos que permitan subir la carga tributaria de manera gradual y progresiva, pero sin descuidar la protección del empleo formal, la promoción de la inversión y el emprendimiento.