Ley de la Jibia: perdió Chile

Osciel Velásquez H.

Por estos días la pesca chilena ha sabido de muy malas noticias. La próxima semana comienza a regir la Ley de la Jibia, que prohíbe la pesca de arrastre para esta especie y elimina la artesanal de cerco. La legislación se hizo eco de las demandas de un grupo que en dos oportunidades amenazó con “quemar Chile” si esta norma no se aprobaba.

El martes pasado, en la Cámara de Diputados, se discutió y rechazó transversalmente la posibilidad de prorrogar la puesta en marcha de dicha ley, aplazamiento que buscaba dar tiempo para analizar los impactos de esta iniciativa sobre la economía y el empleo. Una sesión que se caracterizó por discursos poco técnicos y mucha animadversión hacia industriales y pymes de artesanales cerqueros.

De nada sirvió decir que la pesca de arrastre en Chile se realiza solamente en el 0,4% de la costa y a media agua sin tocar fondo, que -encima- es de arena, o hablar de las inversiones en modernas plantas de proceso. A nadie le importó que eliminar a la industria de la jibia (y su cuota de sólo el 20%) significaba dejar a cientos de jefas y jefes de familia sin trabajo.

¿Era la jibia un problema real o fue otra oportunidad para castigar a nuestro sector por los casos de financiamiento irregular de la política que se investigan en el Ministerio Público, asociados a la tramitación de la polémica Ley de Pesca?

En cuanto a sustentabilidad del recurso pesquero, se habló muy poco, pese a que ésa fue la excusa que algunos intentaron levantar para promover la prohibición del arrastre y el cerco. Pero en esa materia la realidad es otra y, aunque tampoco nos quisieron escuchar, los hechos son contundentes: en la industria pesquera hemos certificado internacionalmente seis pesquerías, incluída la del jurel, la más grande y relevante de Chile; hemos implementado múltiples acuerdos de producción limpia; tenemos programas de reciclaje de redes (se convierten en lentes y skates); y promovemos con fuerza el consumo humano de productos del mar. Esfuerzos que se ven empañados por el persistente crecimiento de la pesca ilegal, cuyo daño ambiental y económico es gravísimo, afectando a más de 324 mil toneladas anuales y generando ventas ilícitas por US$ 397 millones.

Sorprende que haya quienes crean que, destruyendo a la industria y sus trabajadores, obtendrán beneficios duraderos para el mundo artesanal y para el país. Nada más alejado de la realidad. Industriales y artesanales nos necesitamos. Sorprende también escuchar tan seguido esa falsedad de que terminando con el sector industrial se resolverán los problemas de la pesca. Eso es simplemente no conocer al sector.

Mientras esto ocurre, la economía del país no despega, y la destrucción de buenos empleos queda a la vista.