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La mala costumbre de renegociar concesiones

Eduardo Saavedra P. Académico Facultad de Economía Universidad Alberto Hurtado

Por: Eduardo Saavedra P. | Publicado: Jueves 13 de junio de 2019 a las 04:00 hrs.
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Eduardo Saavedra P.

En estos días el gobierno ha mencionado su deseo de renegociar los peajes contemplados en los contratos de concesión, esperando que las concesionarias “presenten propuestas”. Más allá de que esto puede llevar a peajes más bajos, es claro que las empresas jamás van a presentar propuestas que las perjudiquen; muy por el contrario, dado que no tienen rivales en esta renegociación, como sí los tuvieron cuando participaron en la licitación de la obra concesionada, esta gran noticia de rebaja de peajes debería retribuirles enormes beneficios derivados, seguramente, con la extensión del plazo de concesión, nuevas compensaciones o mayores garantías a su negocio.

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Y tales beneficios son finalmente pagados por los consumidores, quienes nada pueden decir porque no participan del proceso, no son capaces de cuantificar el impacto económico de la extensión de plazos de la concesión o las mayores garantías otorgadas y, para colmo, al gobierno poco le importan los beneficios de largo plazo sino, como parece estar demostrado, sólo el rédito de corto plazo producto de la rebaja de peajes.

La evidencia muestra, lamentablemente, que ya es costumbre la falta de pudor al renegociar los contratos de concesiones. En un trabajo publicado en 2018 mostré que de 57 obras concesionadas hasta 2014, nada menos que 49 habían sido renegociadas (sólo se salvaban el Túnel El Melón y algunos aeropuertos), pero lo peor es que ellas se habían renegociado un total de 235 veces; más de cuatro veces por concesión. Esta indolente vía para extraerles recursos a los consumidores, a espaldas de las licitaciones que deberían haber asegurado un proceso competitivo, no es nueva. Desde Lagos (ocho renegociaciones por año en su gobierno), Bachelet (13 renegociaciones por año en cada uno de sus dos mandatos) y Piñera (16 renegociaciones por año en su primer mandato), se ha utilizado este mecanismo como una “manito” para salir del apuro económico y la falta de inversiones.

Nuestros últimos gobiernos no han tenido en cuenta que esta política hipoteca el crecimiento económico de largo plazo de Chile, al afectar los nuevos procesos de licitación ante la evidente falta de credibilidad en cuanto a la mantención de las condiciones de dichas concesiones; al distorsionar los incentivos a invertir eficientemente, generando fallas que posibiliten las renegociaciones futuras; y al atraer empresas más capacitadas para ejercer lobby que para invertir y operar eficientemente la infraestructura pública.

Miremos el tren a Valparaíso. La complejidad del ambiente en que se instala esta obra de infraestructura puede llevar a que ex-post sea conveniente su revisión, aun cuando se ha mostrado que igualmente afectará la eficiencia económica: como se sabe que se renegociará, no una sino muchas veces, algunas empresas serias se restarán del proceso; se invertirá en capacidad de lobby; se tendrá poco cuidado en el diseño y en los costos de la obra, total, después se renegociará todo, La consecuencia obvia será un alto sobreprecio.

Es difícil encontrar argumentos razonables que sustenten esta política sistemática de revisar los contratos de concesión en Chile. Habría que apelar a explicaciones de economía política como corrupción, votantes desinformados, grupos de interés poderosos, financiamiento ilegal de la política, entre otras. El abultado número y lo endémico de las renegociaciones señalan una mala costumbre que está asentada y que será de muy difícil erradicación. Y esto trae consecuencias que ya palpamos: debilidad institucional, bajo crecimiento, y oscuras conexiones entre la política y los negocios.

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