Infraestructura: una mirada hacia adelante

Carlos Cruz

El país debe comenzar a mirar hacia adelante. Si bien la crisis sanitaria nos pone urgencias y concentra nuestra atención en el aquí y el ahora, es claro que vamos a salir de esto. En la medida en que apuntemos a la flexibilidad y a la colaboración entre los diferentes actores públicos y privados, para asegurar que las empresas no se destruyan y que quienes se vean afectados por una disminución de ingresos puedan financiar debidamente su subsistencia, lo lograremos antes.

Pasada esta emergencia, sin embargo, las secuelas de esta crisis profunda tendrán un lamentable impacto en el empleo. Por más acciones que emprenda el Estado para mitigar el efecto de esta situación en el sector productivo, es inevitable que la detención de las actividades, para priorizar la salud de los empleados y de la comunidad, se traduzca en una disminución de ingresos que costará recuperar.

En ese sentido, el esfuerzo del Estado por poner nuevamente en movimiento la economía es fundamental y, para tal efecto, la inversión en infraestructura pública adquiere un rol muy importante. Obras menores en vialidad y riego -intensivas en mano de obra y con alta rentabilidad social-; asegurar el agua potable a las comunidades más abandonadas a través de soluciones permanentes, un programa masivo de obras urbanas relevantes, que en conjunto con los municipios se oriente a superar las brechas que develó el 18-O y el avance en la creación de las condiciones para una digitalización definitiva del país. Todo eso podría conformar una buena carpeta de iniciativas para concentrar el esfuerzo reactivador.

La pregunta es, ¿cómo financiar ese impulso de inversión que deberá provenir del Estado, en circunstancias que se reitera lo comprometidas que se verán las cuentas fiscales a raíz de las mitigaciones diseñadas para disminuir el impacto en los más pobres y en el sector empresarial, que es el que mayor empleo genera?

El país tiene trayectoria en experiencias de asociación público-privada; por tanto, este debería ser el momento de llamar al sector privado a contribuir con el Estado para abordar el desafío que significa este nuevo impulso. Hay recursos para ello. Las AFP han recibido con beneplácito la ampliación de sus márgenes para invertir en infraestructura; las compañías de seguros de vida y los bancos tienen la capacidad y los recursos suficientes, en la medida que las reestructuraciones financieras del mundo real les dejen disponibilidad. Juntar las oportunidades de inversión -requisito fundamental para una recuperación de la economía que cumpla con los objetivos que las personas esperan- con la oferta potencial de recursos, es una labor que deberá ejercer el Estado, dada la inexistencia de un mercado financiero que opere a estos niveles.

Para esto, el Gobierno podría proponer la creación de un Fondo de Recuperación Económica, de un monto equivalente a un porcentaje del PIB a definir, financiado a partir de la colocación de Bonos para la Recuperación en el mercado financiero local y en la banca multilateral, con un compromiso de repago a largo plazo y con varios años de gracia. La restricción en el uso de estos recursos, sancionado por un directorio solvente en lo técnico y validado por los bonistas, es que no vayan a fondo perdido, sino a proyectos con alta rentabilidad social. Así se puede asegurar que la inversión genere un retorno social medible a plazos tales que permitan cumplir con las obligaciones adquiridas.

Medidas de esta naturaleza, u otras, son necesarias para facilitar el acceso a recursos que permitan una pronta recuperación de nuestra actividad.