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Evaluación ambiental, ¿el lomo de toro?

Jorge Canals Socio de Moraga y Cía y exsubsecretario de Medio Ambiente

Por: Jorge Canals | Publicado: Miércoles 8 de julio de 2020 a las 04:00 hrs.
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Jorge Canals

Dos temas marcan la agenda pública: enfrentar la pandemia y reactivar la economía. La mayoría de los gremios empresariales pide medidas que agilicen las inversiones, dado el Informe del Banco Central que pronosticó una caída de un 16% de éstas en 2020, mientras el Ministerio de Economía ha identificado proyectos próximos a iniciarse por un monto de US$ 20 mil millones, capaces de generar 30 mil empleos en su fase de construcción.

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Por de pronto y desde el 20 de marzo se encuentran suspendidos ante el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) todos los proyectos en que corresponde realizar participación ciudadana y consulta indígena, que alcanza al 40% de la inversión, por US$ 18 mil millones. El llamado de los empresarios coincide con el acuerdo entre el Gobierno y parte de la oposición, que propone reducir los plazos de la evaluación ambiental de grandes proyectos y acelerar la cartera de inversión pública ligada a la construcción de embalses y obras de regadío.

Lo anterior es simultáneo, también, con la discusión en el Congreso de una iniciativa ingresada por el Gobierno hace dos años para promover la inyección de capitales, y que modifica la ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente (y que propone, entre otras cosas, ¡traspasar a privados funciones de fiscalización en materia de aguas!).

Todas estas propuestas entienden la evaluación ambiental como un lomo de toro para las inversiones.

Si bien hay espacios de mejora en la gestión interna de los servicios públicos, en la simplificación de la tramitación de permisos, en la coordinación entre los organismos del Estado, y sobre todo, en el establecimiento de criterios claros y uniformes para el otorgamiento de las autorizaciones, persistir en esta idea de la evaluación ambiental como un obstáculo sólo puede traer conflictividad social, judicialización de los proyectos, y sacrificio de recursos y comunidades.

Es atendible la solicitud de certeza y de agilización de los permisos en su tramitación ambiental, pero aquello difícilmente se conseguirá por esta vía. Más bien se requiere primero fortalecer la institucionalidad ambiental y no persistir en debilitarla (inyectando recursos y capacidades y eliminando oficinas o instancias que funcionen por fuera). Por el contrario, es clave potenciar al Servicio de Evaluación Ambiental en su rol de coordinación de los servicios públicos y dotarlo de autonomía suficiente para ejercer sus competencias.

Por su parte, los procesos de participación y consulta indígena se verán afectados indefinidamente, por tanto, es necesario durante la pandemia explorar sistemas telemáticos para efectuarlos transitoriamente, sin sacrificar el derecho a la información, a realizar observaciones y a obtener respuestas fundadas por parte de las comunidades. La definición de fondo radica en establecer espacios de relacionamiento temprano para los proyectos estratégicos y los territorios, y una institucionalidad que, al menos, nivele las asimetrías que existen en la participación entre iniciativas y comunidades, especialmente, las vulnerables.

Finalmente, hay que hacer hincapié en que los responsables de proyectos deben entregar antecedentes suficientes y necesarios para los permisos sectoriales que se otorgan en el SEIA. Mucho tiempo se pierde por la presentación deficiente que hacen los titulares, y existe un espacio enorme para que los privados mejoren sus propios lomos de toro.

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