Vox Populi... ¿Vox Dei?

Enrique Manzur

Este fue el lema del Encuentro Nacional de la Empresa (ENADE) 2011, con el que se buscaba clarificar la naturaleza y alcance de los movimientos sociales que habían surgido con inusitada fuerza ese año. En particular, la demanda de los estudiantes por educación gratuita y de calidad se había tomado las calles, y también muchas de las universidades, concitando de paso la simpatía de gran parte de la ciudadanía. Por ello, parecía muy atingente preguntarse cuan válidas eran estas demandas y cuan generalizada era la desafección de la población con el modelo de desarrollo del país. En un claro acierto, los organizadores invitaron al sociólogo Alberto Mayol para que entregara su visión respecto a las causas y el alcance de estos movimientos. El título asignado a su presentación resultó no solo sugerente sino también premonitorio: “Lo que ellos quieren”. Ciertamente pocos en esa audiencia podrían haber imaginado que 6 años más tarde ese joven académico sería uno de los precandidatos presidenciales de un nuevo referente que amenaza con desplazar a la Nueva Mayoría de la segunda vuelta.

La tesis presentada por Mayol, en una abarrotada Casa Piedra, fue que el descontento observado respondía a una profunda y persistente percepción de injusticia, inequidad y abuso de una parte importante de la población, la cual no se había manifestado antes por el rol garante y estabilizador de las instituciones, como la Iglesia y los partidos políticos, que ahora se encontraban debilitadas y desacreditadas.

Más allá de lo anecdótico que pueda resultar lo descrito, existen ciertos antecedentes de que 2011 marcó un punto de inflexión en términos de los niveles de confianza de la ciudadanía con sus instituciones y en menor medida con el modelo de desarrollo. Cabe recordar que a mediados de ese año se destapó el caso La Polar. La empresa, que había sido considerada un ejemplo de gestión, demostró que lo realmente innovador era su contabilidad y el manejo de la deuda de sus clientes. A través de reprogramaciones inconsultas, que no fueron advertidas a tiempo ni por las auditoras externas ni por los entes reguladores, la empresa había engañado a sus clientes para mejorar sus estados financieros. Los consumidores afectados por estas malas prácticas superaron el millón de personas y el efecto en la credibilidad y legitimidad empresarial fue devastador. Por ejemplo en el Estudio de Competitividad IMD 2011, elaborado justo antes de conocerse este caso, la evaluación sobre la credibilidad de los ejecutivos en la sociedad situaba a Chile en el lugar 23 entre 60 economías analizadas, un año después nuestro país había caído al lugar 42 en ese indicador. Al mismo tiempo la demanda de los jóvenes por gratuidad en la educación también incluía el repudio y casi demonización de cualquier forma de lucro. De esta forma se fue configurando, en una parte de la población, un cuadro de rechazo a la actividad empresarial y de desconfianza frente al funcionamiento de los mercados y las instituciones. Lo anterior se vio reforzado por los posteriores casos de colusión en variados mercados de consumo masivo, el financiamiento irregular de la política, las pensiones en Gendarmería y los recientes fraudes en el Ejército y Carabineros.

Todo lo anterior ha ido generando un complejo ambiente de desconfianza y malestar en el país que afecta la convivencia y la cohesión social. Esto, entre otras cosas, hace más difícil la posibilidad de alcanzar acuerdos transversales en temas clave para el desarrollo sustentable del país y afecta la legitimidad de las políticas públicas.

Afortunadamente la situación es controlable. Se debe reconocer que si bien los casos antes descritos han tenido un gran impacto, se trata de situaciones excepcionales que en ningún caso representan la norma y cuya ocurrencia se explica en parte por lo poco actualizado de los mecanismos de supervisión y control tanto estatales como privados. Reconstruir las confianzas es una tarea compleja pero ineludible para el desarrollo integral del país y por ello debe estar entre las prioridades del próximo gobierno.