Bono clase media | Confianza o control

Aldo Mascareño

Prácticamente desde inicios de siglo estamos acostumbrados a escuchar que la confianza de las personas en las instituciones se debilita fuertemente. Hasta ahora no nos habíamos preguntado si las personas también podían defraudar la confianza que las instituciones depositan en ellas. La información entregada por el SII de que más de 400 mil personas habrían obtenido el Bono de Clase Media declarando montos menores a los reales, parece introducir ahora esta interrogante.

La confianza es un mecanismo fundamental para el funcionamiento de las sociedades modernas. Puesto que las cosas en este mundo se han vuelto demasiado complejas, las sociedades democráticas liberales apelan a la confianza en que las personas e instituciones harán lo que se espera que hagan sin tener que controlarlas coercitivamente.

Gracias a la confianza se puede esperar que el mundo que uno dejó hoy, esté ahí mañana. Para esto no es necesario amenazar a nadie, ni tampoco hay que estar cada noche calculando si el salario de los demás es suficiente motivación para que mañana funcione el Metro, abra el banco o alguien haga el pan. Sólo porque existe la confianza, las noches se pueden pasar generalmente durmiendo.

Ni las personas ni las instituciones son, sin embargo, tan ingenuas como para pensar que la confianza no se puede defraudar. Algunas de esas decepciones se pueden manejar con acciones simples, como dejar de ocupar un servicio de mala calidad; pero para las decepciones más relevantes, en general, se recurre al derecho. El derecho formaliza las confianzas que consideramos valiosas, y se le puede invocar cuando las inevitables decepciones aparecen.

El Bono de Clase Media se preparó y se legisló con la rapidez que ameritaban los tiempos, y además se facilitó el trámite de solicitud confiando en el autoreporte, pero nadie fue tan ingenuo en esto. La ley 21.252 facultó al SII para que verificara los beneficios y estableciera las devoluciones que correspondan en caso de defraudar la confianza. Esto y nada más es lo que ha hecho el SII en los últimos días: cumplir con su mandato. La Fiscalía podrá ahora determinar si el hecho amerita una investigación penal por eventual fraude.

Es cierto, en todo caso, que defraudar la confianza en una situación de crisis tiene cargas morales aumentadas. Todos recordamos la indignación moral por el pillaje en Concepción después del terremoto de 2010, o el desvalijamiento de casas de personas que escapaban del tsunami. Pero en el caso del Bono de Clase Media aún hay cosas por aclarar.

Si uno “confía en la confianza”, podría pensar que un grupo de aquellos que recibieron el bono de manera irregular pensaron, de buena fe, que cumplían con los requisitos. Pero como no sólo hay que confiar en la confianza, sino que también hay que saber que ella se puede decepcionar, es muy probable que buena parte de los implicados se haya “arriesgado” a defraudar tanto a la institucionalidad como a los verdaderos afectados, y que hayan fracasado en su intento.

Afortunadamente, existen mecanismos para hacerse cargo de estas decepciones. La restitución de los fondos, incluso sin reajustes, multas o intereses como ha previsto el SII, es la medida más básica que se puede aplicar. Lo demás está por verse. En todo caso, lo que no parece para nada necesario es transformar todo esto en un problema religioso apelando al perdón y los “perdonazos”.