Salvador Valdés: “Dudo que un actor público aporte a los afiliados en administración o rentabilidad”

Luego que el gobierno lograra aprobar la idea de legislar la reforma previsional en el Congreso, se abrió un debate en torno al actor público que se encargará de administrar el 4% de cotización adicional que propone la iniciativa legal.

Experto en el sistema de pensiones, Salvador Valdés, académico de la Universidad Católica y miembro de Clapes UC entra en el debate que se dará próximamente en la comisión de Trabajo de la Cámara.

“Es bueno que empiece el diálogo con más detalle. Se requerirá generosidad y apertura de todos los colegisladores para que la política pública de pensiones cumpla mejor el rol que espera la ciudadanía”, afirma.

-¿Cómo visualiza la discusión en particular en la comisión del Trabajo?

-Supongo que habrá acalorados debates. Esto es natural en una materia de importancia donde algunos legisladores han tomado posiciones extremas, mientras que otros actúan con calculadora electoral de corto plazo olvidando a los jóvenes y a las consecuencias para la sostenibilidad fiscal. Las políticas de pensiones insostenibles generan graves daños al empleo y a los salarios de la clase media, como confirma la experiencia reciente de Brasil.

-¿Qué le parece que se adelanten los beneficios del proyecto hacia enero del 2020?

-Seguramente, adelantar los aumentos de pensiones no contributivas es algo que el gobierno tenía previsto hacer por sí mismo, tal como hizo Bachelet meses antes de las elecciones de 2008.

-¿Siente que el Gobierno cedió en demasía respecto de la administración del 4% adicional?

-La demanda por solidaridad pública intergeneracional en las pensiones contributivas de la clase media no será satisfecha elevando la cotización en cuatro o cinco puntos porcentuales y ahorrando esas sumas del modo tradicional, cualquiera sea la institucionalidad para su administración financiera (por un ente público monopolista o por gestores en competencia).

Satisfacer esta demanda requiere usar otras herramientas, más cercanas a los seguros: transferir recursos a los afiliados de clase media cercanos a iniciar pensión que una regla objetiva determine como “desafortunados” o “siniestrados” en algún grado, desde el tesoro público, sumado a otras reglas que garanticen que dichos recursos sean repuestos por las demás generaciones, tarde o temprano. En cambio, la propuesta de la DC, aceptada por el gobierno, se limita a abordar un aspecto secundario: el mecanismo para invertir los recursos del 4%, omitiendo crear el seguro que falta.

-¿Cómo debiera ser este nuevo actor público?

-Dudo que un actor público aporte a los afiliados en cuanto a administración financiera o rentabilidad. Compare la rentabilidad en UF -no en pesos- del fondo soberano “de Reserva de Pensiones”, que es de largo plazo y es administrado por Hacienda con la ayuda de un comité de expertos, con la rentabilidad de los multifondos, en los últimos años.

-¿Hay algún modelo en el extranjero que pudiera ser replicado?

-Cuidado. En la mayoría de los modelos extranjeros, la valorización de la cuota es vulnerable a conflictos de interés. Los propios gestores del fondo de pensiones federales canadienses son quienes contratan a las empresas asesores que valorizan sus inversiones ilíquidas y determinan la rentabilidad que dichos gestores muestran al mundo. También deciden si recontratarlos o no al año siguiente.

En cambio en Chile, la Superintendencia vigila con dureza a las administradoras, contribuyendo decisivamente a un mejor desempeño.

-El gobierno señaló que este organismo público podrá licitar las inversiones ¿Le parece que esta idea es contraria al espíritu que este organismo sea público?

-Eso es lo que menos incide en la rentabilidad para los afiliados. Son otras las decisiones que más influyen en la rentabilidad. Y en todo caso, eso elude la demanda por un seguro (parcial) para las pensiones contributivas de la clase media.

-¿Y cómo ve que el gobierno esté abierto a aumentar la solidaridad intergeneracional?

-Mi impresión es que el gobierno no ha entendido por qué se echa de menos la solidaridad pública intergeneracional en las pensiones contributivas. Por ejemplo, una afiliada de 54 años ha obtenido proyecciones de pensión todos los últimos años en el sitio de la Superintendencia o de su AFP, que le informaron que “si continúa cotizando con la frecuencia y monto anteriores”, obtendrá una pensión de $360 mil a los 64 años. Sin embargo, la siguiente proyección, cuando cumple 55 años, indica sólo $330 mil. Si los eventos son favorables, los afiliados captan el 100% del beneficio, pero esos incrementos sorpresivos se valoran menos que las rebajas sorpresivas de pensión.

Hay demanda para seguros públicos que protejan mejor a la clase media. Si su magnitud se limita a cantidades sensatas, por los peligros de sustentabilidad fiscal, esos seguros tienen un espacio válido.