Presidente Piñera sobre violencia en las calles: "No creo que alguien sepa cuándo va a terminar"

El presidente chileno Sebastián Piñera dijo que su gobierno estaba investigando intervención extranjera en el estallido de violentas protestas el mes pasado en uno de los países más prósperos de la región. Mientras se esfuerza por decir que ha escuchado los reclamos de los protestantes, Piñera apuntó a fuerzas oscuras detrás de la violencia en una entrevista con Financial Times. 

"Hay mucha evidencia de que detrás de esta situación hay fuerzas que antes no estaban operando, o no sabíamos que estaban operando, en Chile", aseguró Piñera. Destacó que el presidente socialista de Venezuela, Nicolás Maduro, ha apoyado públicamente a los protestantes. 

Piñera admitió que el servicio de inteligencia de Chile estaba trabajando "muy mal" y que necesitaba una "profunda trasformación y modernización". Pero dijo que el gobierno también había recibido información del Departamento de Estado de Estados Unidos y otros que sugería detrás de la violencia había más que "los delincuentes habituales" y "grupos asociados con traficantes de drogas". 

El multimillonario exempresario confesó que fue tomado por sorpresa por las protestas masivas demandando mayor igualdad, impulsadas por un alza de 3,7% en las tarifas del metro. Había declarado triunfantemente que Chile era "un oasis de estabilidad" en la región en una entrevista previa con Financial Times sólo días antes de que estallaran las protestas.

"Era cierto en ese momento. Pero la vida está llena de sorpresas, y eso es lo maravilloso de la vida", afirmó. "Las personas y los países atraviesan períodos de cambio, y Chile está atravesando un período de cambio intenso y, espero, productivo".  

Nadie sabe cuándo va a terminar

Hasta hace poco, Chile se estaba preparado para ser anfitrión de dos grandes encuentros internacionales en Santiago este año, con líderes mundiales como Donald Trump y Xi Jinping programados para visitar el país esta semana. El mes pasado, una multitud de agentes de seguridad de gobiernos extranjeros fueron vistos inspeccionando La Moneda, el palacio presidencial.

Con más de tres semanas de protestas diarias en todo el país, no había señales de que los manifestantes más duros fueran a salir de las calles. "Nadie previó esta explosión de violencia, crimen, saqueos, vandalismo e incendios, y consecuentemente no creo que alguien sepa cuándo va a terminar", dijo Piñera. 

Aseguró que los manifestantes violentos deben ser enfrentados "con todo el peso de la ley". Pero analistas han culpado a un uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades chilenas por exacerbar la crisis. Al menos cinco chilenos han muerto como resultado de las acciones tomadas por fuerzas de seguridad, la mayoría por heridas de perdigones. 

"Si ha habido violaciones... si ha habido un uso excesivo de la fuerza... (debe ser investigado) y juzgado por los tribunales de justicia", aseveró. 

Paquete de medidas

El gobierno chileno ha propuesto un paquete de medidas que apuntan a calmar a los manifestantes, incluyendo aumentos del sueldo mínimo y las pensiones, lo que se estima que costaría al menos US$ 1.500 millones.

El objetivo, aseguró Piñera, es crear un país que sea "más justo, con mayor igualdad de oportunidades y movilidad social, y con menos abusos y privilegios arbitrarios". "Por supuesto que eso no va a solucionar todos los problemas, pero es un gran paso adelante", dijo. 

También anunció un proceso de "consulta ciudadana" en el país, similar al que lanzó el presidente francés Emmanuel Macron para calmar a los chalecos amarillos.

"Muchos pretendieron ser los intérpretes y representantes de la gente, pero nadie les ha dado ese rol... así es que es mejor escuchar a la gente y luego encontrar soluciones dentro de nuestra Constitución, democracia e instituciones, y no fuera de ellos como a algunos les gustaría", defendió. 

A pesar de que dijo que las amplias demandas por cambiar la Constitución eran válidas y debían ser tomadas en cuenta, Piñera dejó entrever que sería un error llamar a la una asamblea constituyente para reescribir el documento. La Constitución de Chile tiene sus orígenes en la dictadura del general Augusto Pinochet, de 1973 a 1990, y por lo tanto es considerada ilegítima por varios. 

"(Si cambiamos la Constitución) fuera de los límites de la democracia y la institucionalidad, estaríamos minando las bases mismas de la democracia y el estado de derecho", afirmó. 

Aun cuando los efectos económicos de corto plazo de la crisis serán "muy negativos" no sólo por el daño causado a través del vandalismo y los saqueos, sino que también por el golpe en la confianza a los inversionistas- el impacto de largo plazo dependerá de cómo se canalicen las demandas ciudadanas, aseveró. 

"Si caemos en una ola de populismo, demagogia e irresponsabilidad, nos arriesgamos a cometer un error evitable. Eso tendrá consecuencias negativas permanentes", advirtió, en referencia a los beneficios de un modelo económico que ha permitido a Chile convertirse en el país más rico de la región. 

"Si, por otro lado, escuchamos con atención y prudencia la voz de la gente, pero reaccionamos con responsabilidad y racionalidad, entonces (las protestas) pueden ser positivas para la sociedad y la economía y nos permitirá construir una sociedad más inclusiva con mayor igualdad".