Caso seguros: Tribunal posterga nuevamente audiencia por desafuero laboral de dirigentes de Codelco y sindicato acusa a empresa de dilatar juicio

Nuevamente en suspenso quedó el primer cara a cara entre Codelco y los 20 dirigentes sindicales de Chuquicamata y Radomiro Tomic que forman parte de la demanda de desafuero laboral presentada en enero por la cuprífera ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Calama en el marco del polémico caso seguros.

Luego de que el Tribunal presentara el 20 de abril un escrito solicitando que las partes manifestaran si es indispensable o no la realización de la audiencia programada para este lunes, considerando que las dependencias de la sede judicial no permiten cumplir con los protocolos mínimos de prevención contra el Covid-19 y que -en caso de realizarse- debían contar los participantes con los medios tecnológicos para celebrar la diligencia por videoconferencia, la instancia finalmente decidió postergar la cita para julio.

Según se declara en la resolución de este jueves, el Tribunal cedió a la petición de la cuprífera de reprogramar el encuentro para una fecha posterior al término del estado de catástrofe, decidiendo citar a una nueva audiencia preparatoria para el 9 de julio a las 08.30 horas en las dependencias de la sede judicial.

"Se les informa a las partes que la fecha antes indicada puede no ser la definitiva, y quedará sujeta a reprogramación en el evento de ameritarlo el óptimo manejo de la agenda del tribunal", se advierte en el documento.

Codelco había planteado que, si bien el juicio trata de un asunto de suma relevancia por solicitar el desafuero de actores por hechos "extremadamente graves", esto no requiere una intervención urgente del Tribunal y "no resulta aconsejable" realizar la audiencia preparatoria por medio de videoconferencia.

Lo anterior, según explicó la estatal, porque la regla general es que las audiencias deben suspenderse en medio de la crisis sanitaria que enfrenta el país y la excepción es que se realicen por medio de videoconferencia, las que requieren la intervención urgente del Tribunal.

"No obstante la importancia del caso para mi representada, ciertamente no reúne las características para ser considerada una urgencia en el contexto de pandemia que vive nuestro país y el mundo, ya que no existe un peligro inminente de vulneración de derechos para las partes", se declara en el escrito presentado por la abogada Camila Gallardo.

Asimismo, la estatal argumenta que la realización de la audiencia por medio de videoconferencia "resultaría imposible o sumamente compleja, y afectaría gravemente los derechos de las partes".

En la otra vereda, los trabajadores ingresaron diversos escritos al Tribunal para que la diligencia se concretara pese a la emergencia, argumentando que la cita en cuestión ya fue postergada en una oportunidad por la superposición de audiencias y la ausencia de un juez para la fecha del encuentro que estaba previsto para el 9 de marzo.

Además, sostienen que cuentan con los medios tecnológicos para desarrollar la diligencia. En el caso del directorio del Sindicato Nª3 de la División Chuquicamata, por ejemplo, se indica que están con una gran cantidad de causas, tanto como sindicato como a nombre de sus socios en contra de Codelco, por lo que es "indispensable comenzar a descongestionar el sistema y el nivel de causas ante este imprevisto de salud cuya extensión es aún un enigma".

"Rechazamos esa actitud dilatoria y volvemos a manifestar nuestra disposición a comparecer"

Como era de esperar, la decisión de la justicia no fue bien recibida por los trabajadores. Anoche, a través de una declaración y luego de ser notificados por el Tribunal, el directorio del Sindicato Nº2 de la División Chuquicamata, criticó que con este escenario que en julio superarán los seis meses sin tener la oportunidad de iniciar su defensa, considerando que ya han sufrido el allanamiento de sus dependencias y que enfrentan tres elecciones sindicales (dos en mayo y una en octubre).

A juicio del sindicato, "Codelco está dilatando innecesariamente el juicio, buscando fabricar pruebas que no tiene, afectando nuestro derecho a la legítima defensa, procurando mantener dañada en el tiempo nuestra imagen con publicaciones carentes de fundamento".

La empresa, agregan los trabajadores, además de pretender debilitar la acción sindical en pleno inicio de una crisis económica, "juega al permanente empate, ya que, sus ejecutivos sí han sido acusados de falta de probidad, tráfico de influencia y fraude al fisco, con pruebas contundentes".

Y enfatizaron: "Rechazamos esa actitud dilatoria y volvemos a manifestar nuestra disposición a comparecer y presentar las pruebas de nuestra inocencia, lo antes posible".