Empresas juegan sus últimas cartas en conflicto por devolución a generadoras

En una audiencia remota que reunió a más de 200 personas y se extendió por casi cinco horas, ayer se dio el cara a cara entre generadores y transmisores por la pugna que se activó en el sector eléctrico luego que éstas últimas se negaran a devolver recursos a las primeras, derivados del cobro de peajes en 2019, que en total alcanzan US$ 142 millones.

Todo comenzó después que el Coordinador reliquidara -de acuerdo a criterios fijados por la Comisión Nacional de Energía (CNE)- pagos que se habían realizado entre enero y octubre del año pasado, derivado de la aplicación de la Ley de Transmisión de 2016 que cambió la forma en que se remunera este servicio.

Las alarmas se encendieron cuando las generadoras alertaron por el riesgo de corte en la cadena de pago, ya que empresas como Interchile -ligada a la colombiana ISA- y la española Celeo Redes rechazaron el pago de algunas facturas emitidas después de que se oficializan los cálculos del Coordinador Eléctrico. Fue ahí que la colombiana acudió al Panel de Expertos, siguiéndola Celeo, Transchile y Transelec, sumándose en los días previos a la cita diversas partes interesadas.

Celeo Redes fue la primera en alegar indicando que esto no es sólo una reliquidación, ya que el informe de revisión -al que calificaron como ilegal- modifica el perfil de ingresos de la transmisión y, con ello, cambiaría el marco estructural de modelo de negocio de la transmisión. “Está en juego la imagen de estabilidad del marco regulatorio y la seguridad jurídica de Chile”, lanzó.

Según sus cálculos, agregaron, considerando los intereses calculados por el Coordinador, “el impacto del informe de revisión en el grupo Celeo representa un 51% del VATT al que tiene derecho por ley”.

El Coordinador Eléctrico respondió recalcando que las discrepancias presentadas ante el Panel apuntaban más bien a la ley que al informe en cuestión. Mientras, Colbún cuestionó a Celeo e Interchile por rasgar vestiduras aludiendo a la institucionalidad, ya que “han desobedecido una orden del Coordinador y han quebrantado la cadena de pagos”.

Declarando que no venían a defender al Coordinador ni a las empresas, la CNE advirtió que la discrepancia “podría tener consecuencias regulatorias indeseables”, principalmente en el tema de los intereses que alegó Transelec ante el Panel. “Nos preocupa seriamente que se acoja porque traería consecuencias negativas incluso para las propias empresas, en especial, a las transmisoras dada las particularidades que están existiendo ahora con el último proceso de valorización de la transmisión”, señaló. La CNE puso en la mesa el factor Covid-19 asegurando que “es indudable” que el proceso de recaudación de los cargos futuros se verá afectado en un porcentaje por la crisis, “asunto que hemos tratado de mitigar razonablemente protegiendo también a los clientes”.

En esa línea, enfatizó que la regulación advirtió anticipadamente a las empresas que se realizaría este cálculo, poniendo como ejemplo a Transelec. “Fue un administrador prudente que supo anticipadamente que se iba a venir esta reliquidación. Que el generador estaba pagando algo que no le correspondía era algo evidente desde un primer momento”, insistió. Eso sí, discrepó con la transmisora señalando que los intereses no son un castigo.

La instancia fijó hasta el 15 de julio a las 13.00 horas para recibir las últimas observaciones y así tomar una definición.

Las inquietudes del Panel de Expertos

Si bien los integrantes del Panel de Expertos plantearon diversas interrogantes a las partes involucradas en este conflicto, el énfasis estuvo puesto en si la autoridad avisó de lo que estaba sucediendo y desde cuándo las empresas conocían esta reliquidación. Esta última fue la pregunta que instaló el ingeniero comercial Fernando Fuentes. "Le pregunté a Transelec y dijo que supo de la noticia de la forma que se iba a reliquidar en octubre de 2019. Por lo tanto, no sabía antes. Si la CNE previó que esto iba a producir evidentemente pérdidas financieras para algunos agentes producto de un atraso de un acto administrativo, ¿se pensó en buscar una alternativa?", dijo.
Al respecto, la CNE aseguró que pensaron en medidas. Sin embargo, enfatizó que "la regulación no permite otra solución en este tema", ya que habría que traspasarle este costo a alguien. "Siempre alguien que adeuda, otro paga", concluyeron.