Interchile pierde demanda contra el Gobierno por cobro de boletas de garantía de megalínea Cardones-Polpaico

Un intento fallido. Ese fue el resultado de la demanda contra el gobierno que presentó el pasado 3 de marzo la empresa Interchile -filial de la colombiana ISA- en respuesta al cobro de una boleta de garantía por US$ 2.602.200 por incumplir la fecha de entrada en operación del tramo dos de la megalínea Cardones-Polpaico.

Luego de que la empresa abriera una arista legal contra del Ministerio de Energía a través de un recurso de protección en la Corte de Apelaciones, acusando un "acto ilegal arbitrario" de la cartera que lideraba en ese entonces la ministra Susana Jiménez, la justicia cerró la puerta al reclamo de la colombiana.

"Acorde con lo expuesto en los basamentos, es dable concluir que el acto administrativo reclamado, no puede ser considerado como arbitrario e ilegal, esto es, producto de un capricho infundado del Ministerio recurrido o ilegal, ya que se dictó en uso de atribuciones legales resultando inoficioso entrar a examinar la violación de las garantías constitucionales que se estiman vulneradas por la recurrente", señala la sentencia que fue pronunciada el lunes por la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones.

Aunque se había mantenido una buena relación entre la empresa y el gobierno a pesar de las sucesivas postergaciones en la entrada en operación de los tramos de la megalínea, el cobro de las boletas de garantía gatilló que la colombiana iniciara una disputa contra el ministerio, reclamando que se dictó una resolución que, basándose en un decreto supremo que no había cumplido con el trámite de toma de razón por parte de la Contraloría General de la República, ordenó al Coordinador Eléctrico la entrega inmediata de la boleta de garantía. 

A juicio de la empresa, con esta acción, se vulneró las garantías fundamentales de igualdad ante la ley, ya que el cobro íntegro no debió ocurrir por no haber concluido el trámite de toma de razón por parte de la Contraloría del decreto que había acogido parcialmente la ampliación de plazo solicitado para la ejecución del hito 5, correspondiente a la entrada en operación del proyecto. 

"Lo pretendido por la recurrente debe, primeramente, desestimarse por cuanto por vía del presente recurso (...), lo que intenta es dejar sin efecto un acto administrativo como lo es la resolución dictada por el Ministerio en uso de las atribuciones que le confiere la ley ante el incumplimiento en la ejecución dentro del plazo pactado del denominado hito 5", sostuvo la justicia.

Respecto a lo anterior, se explica que esto supone "un juicio de lato conocimiento en el que deba acreditarse que tal circunstancia ocurrió y que, por lo tanto, la recurrente hizo entrega de la obra en el plazo pactado descontando el número de días del retardo por la causal de caso fortuito".

En consecuencia, según se detalla en el documento, un reconocimiento sólo parcial de esta circunstancia, para un período acotado dentro del plazo para la ejecución de lo adjudicado, "no ha podido impedir que el recurrido haya adoptado la medida impugnada haciendo efectiva la boleta de garantía, lo que de no haber ocurrido importaba que el licitante habría incurrido en una modificación de las bases en perjuicio de terceros que concurrieron en su oportunidad a la licitación". 

Además, la justicia estableció que el trámite de juridicidad no decía relación con la medida tomada por el Ministerio por el incumplimiento de la empresa en la ejecución de las obras, sino porque tenía incidencia en un decreto tarifario del proyecto. 

Por estos antecedentes, se decidió rechazar con costas el recurso presentado por la empresa. Esta última, al ser consultada por la determinación, declinó referirse al respecto. 

Sin embargo, aunque la megalínea ya está operativa, aún resta conocer si el gobierno aplicará nuevos cobros de boletas de garantía en el tercer tramo del proyecto que también sufrió demoras. Al respecto, el Ministerio de Energía continúa la evaluación de los antecedentes entregados por Interchile.