Isapres en medio de crisis de Masvida: “En estas condiciones, al sistema le cuesta proyectarse y crecer”

¿El sistema de aseguramiento de la salud está bajo amenaza? “La comisión que organizó la presidenta Michelle Bachelet en 2014, señaló en su acuerdo de mayoría que debe existir un solo seguro de salud. Evidentemente eso es una amenaza”, dice Rafael Caviedes, presidente de Isapres de Chile.

Mirada de crisis y necesidad de reformas que comparten Marcelo Dutilh, gerente general Consalud, y Nicolás Donoso, gerente general Colmena, quienes en un encuentro organizado por Diario Financiero abordaron el momento del sector, el que además de la judicialización de las alzas de los planes, ha visto sumar ingredientes de diversa índole como la crisis de Masvida y, ahora último, una nueva derrota en la Corte Suprema por el reajuste que realizaron de las tarifas del GES, que garantiza el tratamiento de 80 enfermedades (ver notas relacionadas).

“El desafío que enfrentamos en el sector salud es el aumento del uso y, por lo tanto, del costo asociado a las atenciones y resoluciones de problemas de salud”, dice Dutilh, quien agrega que cualquier cambio normativo debe pasar por cómo abordar esa realidad “de una forma eficiente, con los incentivos, entendiendo que día a día van a haber más desafíos financieros que enfrentar”.

El problema, es que tras varias comisiones impulsadas por los gobiernos, no hay un acuerdo de cómo solucionar el problema.

“Hay un sector de la sociedad que cree que para resolver esto hay que tener un solo sistema estatal. Otro piensa que el sector privado debe tener un rol fundamental. Esas posiciones contrapuestas se dan incluso en el gobierno, donde no hay una postura única”, dice Caviedes.

Para ellos, la respuesta es clara. “Parte de esto tiene que ver con la competencia. Que las personas puedan elegir es lo que hace que se genere más eficiencia en el sector”, dice Dutilh.

“El sistema tiene una crisis regulatoria evidente, donde la ley como está, no se puede aplicar”, dice Nicolás Donoso, gerente general de Colmena.

Pero, ¿qué hacer en un contexto donde el gobierno ya desechó la posibilidad de impulsar una reforma?

Para Dutilh un punto relevante sería que la autoridad, que tiene todos los antecedentes técnicos, no enviara señales contradictorias, por ejemplo, señalando por un lado que no hay fundamentos para hacer ajustes de precios y, por otro, diciendo que el aumento de las necesidades médicas fue de 10% de un año a otro. “Evidentemente la autoridad debe apoyar”, recalca respecto a cómo se explica este fenómeno a los usuarios.

Nuevos tratamientos y control de costos

Dicen que no están por mantener el sistema tal cual, creen que es necesario perfeccionarlo.

“Masvida es la primera manifestación de la crisis de un sistema al que en estas condiciones le cuesta proyectarse y crecer, porque no sabe adecuar tarifas para poder compensar el alza en los costos”, dice Caviedes.

Los ejecutivos enfatizan que las isapres han trabajado formas de moderar el alza en los costos, negociando paquetes de atención para que sus clientes tengan opciones más convenientes para situaciones como partos u otros.

Agregan además que mirando el futuro del sistema, han presentado propuestas para resolver problemas latentes, por ejemplo para crear un fondo de riesgo, para que las personas tengan mayor movilidad dentro del sistema, o mecanismos para aplanar diferencias de costos entre hombres y mujeres. “Pero en este gobierno no hemos visto ningún ánimo de perfeccionar el sistema”, dice.

“No tenemos miedo a una reforma. De hecho creemos que se necesita un cambio profundo, que resuelva y perfeccione los problemas del sistema”, dice Donoso.

Dentro de esos desafíos, agregan, está cómo ir incluyendo dentro de los planes de salud nueva tecnología y tratamientos para enfermedades, por ejemplo, creando una nueva institución independiente que sea capaz de calificar qué tecnología merece ser cubierta por los seguros, para que el costo de esto no quede -nuevamente- en manos de Tribunales, como sucede hoy.

Colmena y Consalud dispuestas a ayudar en crisis pero piden señal

Aunque la primera opción para la resolución de la crisis de Masvida es el traspaso de la cartera, según propuso el fondo norteamericano Nexus, Colmena y Consalud muestran disposición a colaborar en la solución si eso no prospera, opción que estaría preparando como plan B la Superintendencia de Salud. "Preferimos que esta situación se resuelva lo antes posible, ojalá con el ingreso de un inversionista, velando por los intereses de los afiliados y de los acreedores, de manera que Masvida pueda seguir funcionando como lo venía haciendo hasta ahora.

Ahora, si eso no es factible, creo que tiene que haber una mejor alternativa a que la gente se vaya a Fonasa. Pero esa solución tiene que pasar primero por la sustentabilidad de la industria y de los afiliados de todas las isapres", dice Nicolás Donoso sobre el efecto que ha tenido el episodio para toda la industria. El ejecutivo agrega que Colmena está con toda la disposición de apoyar, en el marco de lo que podamos hacer. "Esta situación tiene costos.

Si no se resuelve por el ingreso de un socio, individualmente cada actor tiene que mirar su negocio y preguntarse si está dispuesto a invertir más en la industria, para apoyar de alguna manera una solución. Esa es una decisión difícil de tomar en el escenario actual.

Ahí el regulador tiene un rol muy importante respecto de dar una señal de que esta industria es sustentable, que va a haber un marco regulatorio que le de viabilidad al negocio", dice. Mirada que es compartida por Dutilh. "La posición de la compañía para apoyar en cualquier mecanismo está.

La forma de hacerlo es parte de lo que tiene que establecer el regulador -porque con la incertidumbre que tenemos con la ley- debe definir cómo se le da sustentabilidad a todo el sistema", dice. Agrega que tienen "la mejor disposición, pero no podemos vernos enfrentados a hacer lo imposible".

Caviedes dice que esto pasa por clarificar la incertidumbre en torno al reajuste de tarifas, y en ese sentido menciona que Masvida estuvo dos años buscando socio y que un mejor marco regulatorio, habría ayudado a encontrar una solución a su problema financiero mucho antes.

"La evaluación que hacen las personas del sistema privado es muy positiva"

La judicialización del alza de los planes no es, a juicio de estos ejecutivos, una representación del descontento con el sistema.

"La evaluación que hacen las personas del sistema de salud privada es muy positiva. La gente quiere estar cubierta por una isapre, el tema es que muchas personas no pueden acceder a esa mejor cobertura de salud, porque no tienen el financiamiento", dice el gerente general de Consalud.

¿Por qué la judicialización entonces? "A nadie le gusta que le suban los planes", recalca y atribuye responsabilidad al negocio que han armado los abogados. "La autoridad, además, tiene toda la evidencia de cómo las prestaciones han aumentado en el tiempo, y no ha tenido la postura ante los Tribunales de corroborar esa situación", dice.

"Las transferencias de recursos que han hecho los afiliados en las isapres a un grupo de cerca de 20 estudios de abogados, que manejan el 80% de los recursos, es de US$ 120 millones en seis años. Esto es la mitad de la utilidad del sistema", dice Caviedes.

A su juicio, si los tribunales tomaran la decisión disminuir el pago por costas a cero o $ 10.000 por caso, en el escenario más pesimista serían 1.000 casos de reclamo y no 200.000. "Esto es un negocio montado por un grupo relativamente pequeño de abogados", dice.

Ante la nueva derrota que sufrieron en la Corte Suprema la semana pasada, poniéndoles un límite al alza del GES, Dutilh señaló, "este fallo no reconoce que existe un aumento del costo real del GES que tendremos que financiar las isapres en los próximos años. Sustenta su decisión en un estudio que fue contratado por el gobierno sobre el cual tenemos graves reparos".

Agregó, "se pretende que se resuelvan los problemas de salud con el estándar del sector privado, pero con los precios subvaluados del sector público. Esto conlleva a que la calidad con la cual el sistema privado entrega actualmente sus servicios no se pueda mantener".

Caviedes agregó que las consecuencias del fallo serán "gravísimas".

El representante gremial ve tres problemas: primero, que funcionará como una fijación de precios; la que además está relacionada con un valor que -dice- está subestimado, y, finalmente, "abre la puerta para una nueva judicialización brutal en el próximo ajuste de GES".

El costo inmediato que tendrá el fallo se estima en $ 7.500 millones, por pago de costas del juicio y menos ingresos de cotización.