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Con nuevos gobernadores debuta el cambio a las finanzas regionales

Subsecretario de Desarrollo Regional explicó que las autoridades podrán disponer de saldos de recursos no gastados en el año e incluirlos en un nuevo presupuesto de inversión. Todo, sí, bajo la lógica de responsabilidad fiscal.

Por: Rodolfo Carrasco | Publicado: Viernes 2 de octubre de 2020 a las 04:00 hrs.
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Foto: Agencia Uno
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Para el 11 de abril de 2021 está fijada la elección de gobernadores regionales en el país. Pero, esta vez, el proceso irá acompañado de nuevas atribuciones para quienes resulten electos, según determina el proyecto de ley que ingresó esta semana al Congreso y que busca fortalecer la descentralización financiera de los Gobiernos Regionales. Fija normas sobre responsabilidad fiscal y crea dos nuevos fondos: el de Equidad Interregional y el de Contingencia.

“Lo que queremos es que anualmente se discuta en la Ley de Presupuestos el monto global para los Gobiernos Regionales y no por separado”, explica el subsecretario de Desarrollo Regional (Subdere), Juan Masferrer. Así, agrega, “cada Gore podrá aprobar directamente sus presupuestos, logrando más descentralización de las regiones y menos injerencia a nivel central”.

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Juan Masferrer Subsecretario de Desarrollo Regional.

El personero señala que se les otorgará “mayor flexibilidad presupuestaria”, porque podrán disponer de los saldos de recursos no gastados en el año e incluirlos en un nuevo presupuesto de inversión.

Eso sí, advierte, la propuesta legal establece normas sobre responsabilidad fiscal. “Esto significa que el gobernador deberá hacer una programación financiera, dar cuenta de ella y no comprometerse a gastos que excedan el marco presupuestario. Además, la ley de regionalización ya creó el cargo de administrador regional y una unidad de Control y Auditoría”, destaca la autoridad.

Nuevas facultades

Adicionalmente, el proyecto de ley establece que el consejero regional que haya cesado en su cargo tendrá prohibido realizar actividades de lobby y de gestión de intereses particulares, por un periodo de doce meses desde el cese de funciones.

En la misma línea, regula la distribución del presupuesto de funcionamiento del gobierno regional, estableciendo que el gasto en personal no podrá exceder el 75% del mismo, salvo en casos justificados en que se podrá incrementar hasta 80%.

La iniciativa también otorga la posibilidad que el gobierno regional pueda financiar proyectos de inversión propios, siempre que no se trate de gastos permanentes, con cargo al presupuesto de inversión y hasta por un monto máximo del 1% de dicho presupuesto.

Fondos de Equidad y de Contingencia

El proyecto de ley dispone un incremento de 90% a 95% de la proporción del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), que se distribuye de acuerdo a variables objetivas.

Este aumento se financiará a través de la eliminación del 5% del FNDR destinado al estímulo a la eficiencia de los gobiernos regionales. Se estima que esta modificación implicará $ 26.794,9 millones adicionales.

Este nuevo rayado de cancha establece un Fondo de Equidad Interregional, que se repartirá entre los gobiernos regionales, según diferencias de ingreso y pobreza multidimensional, respecto del promedio nacional. Adicionalmente, se dispone que al menos un 40% de estos recursos deberán destinarse a zonas rezagadas en materia social y a zonas extremas. Se estima que este fondo tendrá un monto anual de $ 100.964,8 millones -cerca de US$ 130 millones-, el cual se financiará mediante reasignaciones de diversas provisiones actualmente destinadas a Subdere, incluyendo las provisiones para territorios rezagados y regiones extremas.

El Fondo de Apoyo a la Contingencia Regional será financiado a través de reasignaciones desde provisiones actualmente asignadas a Subdere, incluyendo el 5% del FNDR destinado a gastos de emergencia. Considerando estas fuentes de financiamiento, se espera que el Fondo alcance los $ 92.661 millones , unos US$ 110 millones.

A su vez, se limita el gasto corriente incluido en los presupuestos de inversión regional, no pudiendo exceder del 7% del total. Se establece que los montos asociados a compromisos de inversión de años anteriores, no podrán representar más de 75% de los montos totales de cada año de un nuevo periodo de gobierno regional.

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