Notable lo de Carlos Ingham: se embarcó hace siete años en el proyecto del Banco de Alimentos, lo “patrocinó” con sus propios recursos, consiguió el aporte solidario de expertos, abogados y publicistas, golpeó las puertas de cuanta autoridad se necesitó para modificar los criterios tributarios y ahora -cumplidos los primeros meses de exitosa operación- ya piensa en cómo incentivar la proliferación de estas instituciones a lo largo de Chile.
“El impacto de la ayuda que entregan los bancos de alimentos es muy grande, por eso queremos ahora difundir el modelo para que más gente se entusiasme y haga esto en el resto de Chile”, dice Ingham en su calidad de presidente de la Corporación Red de Alimentos.
Se llama Red, precisamente, porque si bien hasta ahora cuenta sólo con el primer Banco de Alimentos operando en Santiago, el objetivo es promover la formación de estas instituciones en más ciudades. “Al igual que en otros países, se trata de una red virtual, no contractual, donde los bancos los armarán quienes se interesen en cada ciudad y nosotros los ayudaremos con nuestra experiencia, sistema tecnológico, mejores prácticas y contactos”. Para ello, la corporación cuenta con un consejo asesor de lujo que integran Gerardo Cood (Gasco), Fernando del Solar (Nestlé), Claudio Hohmann (Walmart Chile), Rodrigo Jordán (Fundación para la Superación de la Pobreza), José Miguel Aguilera (Conicyt) y Paulo Larraín (Noguera, Larraín y Dulanto Abogados).
La apuesta es ambiciosa, si se toma en cuenta que hasta hace pocos meses Chile tenía el extraño privilegio de ser, junto con Bolivia, las únicas naciones de Sudamérica sin bancos de alimentos, mientras que en los países desarrollados éstos superan los 200, como en el caso de Estados Unidos (Francia tiene unos 80, España otros 45 y así, suma y sigue en países tan diversos como Japón, Australia, Canadá y Sudáfrica).
¿Qué hacen?
Una manera de describir la tarea de estos bancos consiste en plantearlos como una suerte de nexo entre empresas productoras o distribuidoras de alimentos (como los supermercados, por ejemplo) e instituciones sin fines de lucro que entre sus actividades alimentan a quienes ayudan, como los hogares de ancianos o niños.
Pero eso en términos muy simples, porque -como explica Ingham- el objetivo es mayor y abarca desde la tarea de colaborar con aquellas instituciones que, por su menor tamaño, no suelen recibir este tipo de donaciones, hasta la asesoría en nutrición y manipulación de alimentos. “El circuito funciona así: estamos en permanente contacto con las empresas proveedoras y ya tenemos varias trabajando con nosotros (Nestlé, Walmart Chile, CCU, Pepsico, Tres Montes, Watt’s, entre otras). Ellos nos llaman cuando tienen un producto que pueden entregarnos, nosotros confirmamos en nuestro sistema qué instituciones lo requieren y se distribuye”, dice el ejecutivo. La red cuenta con una bodega que Megacentro les proporcionó en San Bernardo y que permite hasta mil metros cuadrados de almacenaje.
Un par de claves importantes a propósito de esta descripción del proceso: la red no distribuye cualquier producto (“no somos un basurero”, advierte Ingham) ni tampoco comida con riesgo+ente lo necesite, gracias a un moderno sistema computacional que les proveyó Sonda.
A pesar del poco tiempo transcurrido, la red ya ha entregado más de 62 mil kilos de alimentos, equivalentes a más de 177 mil raciones para 22 instituciones, lo que ha implicado beneficiar a sobre 10 mil personas de escasos recursos.
¿Para qué -dirá usted- si se supone que en Chile la desnutrición ya no es un problema (aunque el hambre sí lo es)? “Algunos creen que el problema de Chile ahora es solamente la obesidad, cuando ello es parte del mismo problema: el comer mal, por lo que trabajamos con nutricionistas que asesoran a las entidades receptoras de alimentos”, responde el ejecutivo. Pero el aporte va más allá, porque ocurre que la alimentación representa uno de los costos mayores para las instituciones de beneficencia. “A partir del modelo internacional, nuestro objetivo es cubrir el 40% de las necesidades de alimentos de cada institución receptora. Para las entidades de menor tamaño supone liberarlas de parte importante de sus costos principales, lo que a su vez les permite ampliar el uso de sus propios recursos”, puntualiza.
El efecto SII
Todo este aporte habría sido imposible de conseguir sin las modificaciones tributarias implementadas este año por el Servicio de Impuestos Internos (SII). Básicamente, a través de la Circular 54 y la resolución 129, que permitieron a las empresas descontar, para efectos de impuestos, el 100% del costo del producto entregado cuya comercialización se ha vuelto inviable y, además, transferir el IVA.
Como reconoce Ingham, se trató de un cambio que costó siete años en conseguir, pero que resultaba clave por cuanto, bajo la anterior normativa, la donación de alimentos terminaba siendo la más cara de las alternativas. “En Chile le comida se destruía. El inspector del Servicio fiscalizaba ese proceso y entregaba a la compañía un certificado que le permitía descontar de impuestos. Por lo tanto, para las empresas era más económico quemar los alimentos y donar dinero para que las instituciones compraran nuevos alimentos”.
Bajo el sistema actual, las entidades que aspiran a ser receptoras de estos alimentos deben registrarse ante el SII. Deben ser sin fines de lucro y no se incluye a colegios (sí a fundaciones que mantienen colegios). El trámite es simple y lo pueden concretar bajando el formulario desde la página web de la Red de Alimentos (www.redalimentos.cl). Posteriormente, reciben la visita de expertos de la misma red que corroboran antecedentes y revisan la manipulación de alimentos. “Tengo que darle garantías al donante de que estoy entregando alimento en buen estado a entidades que tienen la capacidad de manipularlos con garantía”, añade Ingham.
El due diligence, como lo define un siempre ejecutivo Ingham, es exigente, al punto que han “rechazado” instituciones, pero con el objetivo de asesorarlos para estar lo antes posible en condiciones de convertirse en receptoras.