Rentabilidad social tributaria e informalidad

VÍCTOR VILLALÓN

La informalidad erosiona la rentabilidad social al limitar los recursos para servicios públicos esenciales. Las personas o las actividades económicas no registradas escapan al sistema tributario, reduciendo los ingresos fiscales para financiar educación, salud, infraestructura y otros. Además, los trabajadores en la informalidad suelen carecer de protección social y acceso a beneficios laborales, perpetuando la desigualdad y vulnerabilidad social.

Se concuerda en que no existen balas de plata contra la informalidad, para su gestión coordinada. Se requiere un plan de largo plazo basado en capacidades habilitantes previas, de las cuales no hay un consenso claro, especialmente en la coordinación interinstitucional y la simplificación del sistema tributario, aspectos claves a considerar en el paquete de medidas anunciadas por el Gobierno.

En lo interinstitucional, varias han sido las mesas de trabajo y comités de Gobierno, usualmente liderados por el Ministerio del Interior, con participación del sector privado, que la han abordado. Como es una temática de baja rentabilidad política y escasa recaudación tributaria de corto plazo, los esfuerzos han sido declarativos, faltos de ejes conductores y recursos específicos. La estrategia no puede recaer en una sola entidad y debe tener poderosos componentes de gestión transversal.

“No existen balas de plata contra la informalidad, para su gestión coordinada. Se requiere un plan de largo plazo basado en capacidades habilitantes previas, de las cuales no hay un consenso”.

Como ejemplo, en 2019, el SII informó que en la Región Metropolitana se catastraron 1.800 bodegas de contribuyentes con alto nivel de incumplimiento. Esta información no se utilizó para desarrollar una estrategia interinstitucional, evidenciando la falta de incentivo. Es clave incidir con indicadores integrados en los convenios de desempeño de las instituciones involucradas, incluyendo a los servicios fiscalizadores, policías y otras. No es prudente apostar a que el SII resolverá la informalidad.

Una simplificación del sistema tributario bajo criterios de efectividad, equidad y transparencia, debe considerar mecanismos estructurales que recaigan en pocos actores y cierren la puerta en el origen a las malas prácticas masivas. El modelo debe incentivar y asegurar el cumplimiento de manera activa, alentando una percepción donde los beneficios de la formalización supera a los costos. Esto aumentaría los ingresos fiscales de largo plazo, y mejoraría las condiciones y protección laboral, y el acceso a beneficios sociales.

En esa línea, se debe evitar caer en metas de recaudación de corto plazo, clarificar si hay beneficios perdidos por la formalización, y si la actividad de subsistencia debe ser tratada para fines impositivos como consumo final. Derribar estos paradigmas abriría amplios márgenes de simplificación tributaria. Estos focos, además, requieren de una analítica fiscal que segmente a las personas, diferenciando las que obtienen ingresos para subsistencia, micro informales, informales moderados e informales significativos; y dé cuenta de las causas que la alientan.

La estrategia para gestionar la informalidad debe incidir favorablemente en la rentabilidad social, lo que requiere un enfoque multidimensional que integre a la tributación, la regulación económica y las políticas sociales. Un sistema bien diseñado mejora la eficiencia fiscal, y promueve una sociedad más equitativa y próspera.