Acreditaciones: el gobierno quiere mandar

El aseguramiento de la calidad en la educación superior (ES) ha sido motivo de debate desde que emergió como tema en Chile a fines de la década de los ‘90. La ley 20.129 -que es la norma legal en vigencia- recibió cientos de indicaciones durante su discusión en el trámite legislativo. Con el paso de los años, hoy hay consenso que esta ley tiene defectos que deben ser corregidos. Los tres más importantes son: la posible falta de independencia de los comisionados por la forma en que son elegidos; el que las acreditaciones institucionales son voluntarias y el que las decisiones de no acreditación no acarrean consecuencias para las instituciones.

Si a lo anterior se suma el episodio de corrupción conocido como el ‘caso CNA’, no es de sorprender que el proyecto de reforma de la educación superior enviado al Congreso por el Gobierno, una especie de “ley ómnibus”, incluya cambios al sistema de aseguramiento de la calidad de la ES.

Este no es el primer intento de reforma a la ley 20.129. El gobierno de Sebastián Piñera envió al Congreso un proyecto de ley en el mismo sentido a fines de 2012. En esa oportunidad se contrató a la OECD para que evaluara lo que había y fue en base a sus recomendaciones que se hizo ese proyecto. En el Congreso no hubo consenso en torno a éste y después de algún trámite legislativo –en el cual participé, ya que en esa época era presidente de la CNA– esa reforma a la ley de aseguramiento de la calidad fue archivada.

Lo anterior explica mi interés en analizar el proyecto de ley actual. Mi evaluación es que el proyecto mantiene mucho de lo que actualmente hay, ofrece algunos cambios cosméticos y tiene algunos aciertos y un gran desacierto en cuanto al fondo.

Primero que todo, el proyecto preserva los buenos procedimientos actuales que había que mantener: autoevaluaciones, pares evaluadores, juicios evaluativos en base a criterios, procesos y resultados, y el que, en último término, hay un juicio evaluativo de un grupo de expertos que decide si acreditar o no.

Por otra parte, hay cambios cosméticos, como el nombre de la entidad a cargo de las acreditaciones -Consejo para la Calidad de la Educación Superior- y al extender de siete a ocho años el horizonte de duración de las acreditaciones.

Son cambios acertados que la acreditación institucional sea obligatoria; el desligar las acreditaciones de los “años” a “niveles” (pasando de “uno a siete” a A, B y C); establecer la acreditación condicional y hacer que la no acreditación tenga consecuencias, con el nombramiento de un administrador provisional y si la no acreditación se repite, con la disolución de la institución.

El problema de fondo del proyecto de ley es, a mi modo de ver, el cambio propuesto desde un “organismo autónomo” (como lo es la CNA) a un “servicio público con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relacionará con el presidente o presidenta de la República por intermedio del Ministerio de Educación”, que hace del Consejo un órgano subordinado al Mineduc y a la Presidencia de la República.

Se trata de un problema que se hace más complejo si se considera que se establece un directorio del Consejo en que el presidente del mismo es a la vez el jefe del servicio, de modo que el mando queda en una sola mano.

Y, por si eso fuera poco, en un directorio de once personas, nueve de las cuales son nombrados(as) por la presidenta de la República, uno(a) por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica y otro(a) por la Corfo. En la práctica, entonces, las acreditaciones las hará la presidenta a través de sus representantes.

Me imagino que esta fórmula fue ideada porque se desea por una parte asegurar que las universidades y CFT estatales tengan asegurada la acreditación –cosa que de hecho ocurre actualmente si se considera que las nuevas universidades de la VI y XI regiones nacieron acreditadas– y para evitar que los instituciones privadas tengan voz y voto, como tienen hoy.

En breve, se quiere que el Gobierno mande.